Tras décadas de agria polémica, enfrentamientos y temor, hacía ya tres años que los vecinos del barrio valenciano del Cabanyal vivían relativamente tranquilos respecto al futuro de sus viviendas. El enclave marinero, cuya particular retícula urbana y singularidad arquitectónica le habían posibilitado la declaración de Bien de Interés Cultural, había visto interrumpido durante este tiempo su destrucción por parte del Ayuntamiento de la ciudad, después de que el gobierno estatal hubiera hecho valer su posición y la obligación de proteger este tipo de bienes que la ley le otorgaba.

Hasta entonces, la historia reciente del Cabanyal había girado en torno al enfrentamiento entre los vecinos que querían conservar sus viviendas y el deseo de la alcaldesa Rita Barberá de construir sobre sus escombros una avenida y nuevos edificios. La confrontación, que se había desarrollado tanto en las calles como en los tribunales, después de haber ascendido hasta la esfera del Gobierno central y en un escenario de crisis tanto para el sector inmobiliario como para el propio consistorio, parecía ya sofocada.

Sin embargo, la pasada semana un anuncio hacía saltar las primeras alarmas en el barrio. El Ayuntamiento decidía reasignar 9'3 millones de euros de inversiones financiadas con cargo a la Generalitat Valenciana a la urbanización del bulevar San Pedro, una especie de calle ancha que se abriría de forma perpendicular sobre la futura avenida que Barberá sueña con edificar sobre las cenizas del Cabanyal.

En principio, diversos motivos parecían imposibilitar esta ejecución. Por un lado, a nivel legal la orden ministerial impedía realizar nuevos derribos y el Ayuntamiento no posee en la actualidad todos los edificios que necesitaría derruir para ejecutar esa urbanización; aunque días después añadía una segunda partida de 3'4 millones de euros para ese menester. Pero ahí aparecía el otro obstáculo: a nivel económico, ni las arcas del Ayuntamiento ni las de la Generalitat parecen estar en disposición para hacer el desembolso anunciado.

No obstante, el anuncio del Consejo de Ministros, parecía indicar que algo se estaba moviendo en ese sentido. Según lo anunciado, tanto desde el Gobierno estatal como desde el municipal, el proyecto de destrucción del barrio se desbloqueaba, pero lo cierto es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy retiraba su recurso de inconstitucionalidad contra una Ley de la Generalitat Valenciana 2/2010 del 31 de marzo, que se aprobó con el fin de dejar sin efecto la Orden Ministerial que paralizaba el derribo del Cabanyal. Y todo a cambio de que la Generalitat Valenciana derogara esa orden. Pero con ambas fuera de juego, la orden ministerial paralizando los derribos -una decisión 'apoyada en múltiples informes técnicos' y que señalaba que el plan emprendido por el equipo de Barberá suponía un 'destrozo irreparable'- es lo único que sigue en pie.

Como unos 'primeros pasos' calificó la alcaldesa Rita Barberá estos dos movimientos, que aseguró que servirán para 'deshacer el embrollo'. Sin embargo, lo único que con seguridad ha evitado la retirada del recurso es la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la ley aprobada por el Govern de Francisco Camps, lo que hubiera supuesto un nuevo varapalo para la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en un momento en el que las encuestas electorales señalan una extrema debilidad para ambos gobiernos populares.

En ese sentido, la portavoz de la plataforma Salvem El Cabanyal, Maribel Domenech, tildó de 'cobarde' el movimiento de Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento, al 'no esperar' la sentencia del TC que, a su parecer, iba a 'dar la razón' a los vecinos. 'Han hecho el ridículo porque no han cambiado nada', señaló. Y de la misma manera opinaban los grupos de la oposición en el Ayuntamiento. Joan Calabuig, del grupo municipal del PSOE, tildó el anunció de Barberá de 'propagandístico', mientras que Joan Ribó, del grupo municipal de Compromís, acusó a Barberá de 'vender su derrota en el Cabanyal como una victoria'.