El Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid acaba de cumplir un año. Algo más de 365 días en los que las calles se han teñido de blanco en incontables ocasiones en contestación a lo que la marea de médicos y pacientes considera un ataque a la Sanidad pública.

Sin embargo, lo que empezó siendo la gran apuesta por el ahorro del titular del ramo, Javier Fernández Lasquetty se ha ido desmontando poco a poco. Los sindicatos del sector demostraron en su día que, sin privatizar, se podían ahorrar 510 millones en Sanidad. Ahora el propio presidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, casi les ha dado la razón, al haber anunciado una reducción de impuestos de hasta 1.000 euros por contribuyente. Una medida que ha molestado a la marea blanca, que considera 'intolerable' la rebaja impositiva mientras se recortan otros 130 millones de euros en Sanidad en los Presupuestos para 2014. 'Sólo con anular la publicitada disminución de los impuestos —que, por cierto, van a ser sobre todo para las rentas más altas—, se podrían ahorrar estos nuevos recortes sanitarios e incluso realizar un modesto incremento presupuestario', sentenció la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid en un comunicado.

Los Presupuestos de la Comunidad reflejan de nuevo algunas de las medidas del plan privatizador del año pasado, informa Europa Press. Pero el grueso de las mismas, a día de hoy, aún no han llegado a materializarse. Unas, porque fueron frenadas por el Ejecutivo estatal; otras, porque la lucha de sindicatos y plataformas pro Sanidad pública ha conseguido paralizarlas —al menos, de momento— en los juzgados. Público repasa la situación actual de todas ellas:

El euro por receta que no gustaba a Mato

El Gobierno de Madrid quiso imitar al catalán e impulsó el euro por receta, es decir, un nuevo copago por el que los pacientes debían pagar en las farmacias un euro de más por cada medicamento recetado. La medida llegó a entrar en vigor el pasado 1 de enero, pero apenas duró unas semanas. Y es que la idea no fue bien recibida en Moncloa.

Fue la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien ganó la batalla competencial entre Ejecutivo estatal y autonómico. Su recurso fue aceptado por el Tribunal Constitucional que, como también hizo con Catalunya, suspendió la medida. En ambos casos, un dictamen del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio ya había determinado que la aplicación del euro por receta 'es competencia exclusiva del Estado, en relación con las bases y coordinación general de la sanidad y con la legislación con los productos farmacéuticos' establecido en la Constitución. 

La victoria de La Princesa

Los primeros en levantarse contra Lasquetty y su plan privatizador fueron los trabajadores de La Princesa. El mismo día en que el consejero de Sanidad hizo pública su reforma (el 1 de noviembre de 2012), una treintena de sanitarios se plantaron en el hall de su departamento a mostrarle su rechazo. No querían que su hospital se convirtiera en un geriátrico y así se lo hicieron saber: fueron los pioneros en la oleada de encierros en los centros de salud de la comunidad. Esa misma noche, varios durmieron ya en el salón de actos de su centro de trabajo.

En aquella ocasión, Lasquetty no aguantó la presión y les ofreció dialogar. Tras unos días de negociación, la Comunidad reculó. La Princesa seguirá siendo un hospital de atención general, aunque también añadirá a sus funciones la especialización en mayores de 75 años. 

La 'externalización' de hospitales, en suspensión cautelar

Tras la batalla ganada en La Princesa, la marea blanca siguió librando otras muchas frente al Gobierno regional. De entre ellas, la más importante es la referente a su intento de paralizar la privatización de seis hospitales de la comunidad. Un objetivo conseguido, al menos, de forma temporal, tras los recursos judiciales interpuestos por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), CCOO, CSIT, PSOE y UPyD, entre otros. 

Los tribunales madrileños han decretado la suspensión cautelar de la medida, que adjudicaba la gestión del Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo a las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo. 

Sin embargo, la guerra no ha terminado. El último revés para la oposición, los sindicatos, Afem y Amyts ha sido el agrupamiento en una sola sala del Tribunal Superior de Justicia de todos los recursos interpuestos contra la privatización. El presidente de la misma, Gerardo Martínez Tristán, es, además, el marido de una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal. A día de hoy, esta decisión está impugnada por el colectivo de médicos.

[En la imagen, de Reuters, una de las múltiples protestas de Afem frente a un hospital madrileño]

La privatización de centros de salud, aún en proceso

Otra de las cuentas pendientes de Lasquetty y González con su programa de 'externalización' de centros es, precisamente, la privatización de la Atención Primaria. El Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público incluía el traspaso de la gestión de los ambulatorios a empresas privadas. Los trabajadores organizaron 'noches blancas' de protesta y sus directivos amenazaron con dimitir de sus cargos si la privatización se hacía efectiva.

Una vez más, el Gobierno madrileño dio los primeros pasos hacia la consecución de su objetivo publicando un decreto regulador de las cooperativas de trabajadores que colaborarán en la gestión de los centros de salud, pero, a día de hoy, los pliegos para su adjudicación a compañías privadas no se han publicado. No obstante, el consejero de Sanidad ha anunciado recientemente que 'en invierno estarán listos los cuatro primeros centros de salud gestionados por sus profesionales', informa Europa Press. Algunas organizaciones como la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud) ya se preparan para retomar su lucha.

Del otro lado de la balanza, pese a todos estos intentos fallidos de Lasquetty y González, se encuentran también algunas derrotas de la marea blanca. Así, los sindicatos cifran en más de 2.000 los puestos de trabajo destruidos por el cierre de dos centros de Salud Mental de Madrid capital, el cierre del Instituto de Cardiología o la 'externalización' de los servicios de limpieza y lavandería.

La privatización de la parte no sanitaria del hospital Puerta del Hierro y las jubilaciones forzosas de trabajadores de distintas categorías han contribuido también a engordar dicha cifra. Quien parece haberse librado de esta última medida del Gobierno regional es un familiar del presidente.

Contra todo ello, médicos, enfermeros, personal no sanitario y usuarios de la Sanidad pública continúan saliendo a la calle al menos un domingo al mes. Los hospitales y centros de salud de Madrid siguen llenos de pancartas.