La proporción de denuncias falsas por violencia de género representa el 0,01% del total de las presentadas, idéntica magnitud que la suma destinada en los Presupuestos Generales del Estado del 2014 a las políticas de igualdad y a las actuaciones contra la violencia de género. Pero estos días, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde diversos púlpitos públicos quizás volvamos a escuchar la cantinela de las supuestas denuncias falsas o el anuncio de una dotación presupuestaria destinada a sufragar tal o cual campaña institucional destinada a erradicar la violencia machista.

La violencia de género representa una sangría que afecta o ha afectado en nuestro país a más de una de cada diez mujeres; que ha acabado con casi 700 vidas durante los últimos diez años y que, en la actualidad, es la primera causa de muerte intencionada. Frente a la dimensión de tal masacre nos topamos, en el mejor de los casos, con una respuesta institucional tibia y, en el peor, con el mito de las denuncias falsas, con la mera indiferencia o, simplemente, con la naturalización de los feminicidios. Porque si bien es cierto que cada vez son menos quienes justifican el ejercicio de un control violento sobre sus señoras, no lo es menos que se ha terminado por asumir como un mal endémico que se recoge con cierta periodicidad en los medios de comunicación.  

A medio plazo, el panorama no permite ser optimistas. La crisis incrementa la violencia de género, como así lo reconoce la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, porque favorece la desigualdad y, a su vez, disuade a las víctimas de iniciar estrategias de protección, como confirma el descenso de denuncias observado durante el último año.

Mientras, el mensaje institucional se sigue centrando en trasladar la responsabilidad a las víctimas para que denuncien y trasladen la confianza perdida en el maltratador hacia las instituciones. 'Denuncia y confía' es el mensaje. Así lo están haciendo algunas víctimas y, como promedio, durante el pasado año se presentó una denuncia cada cuatro minutos. Como contrapartida a la confianza depositada en las instituciones, aumenta el  número de sobreseimientos y es mayor la proporción de solicitudes de protección denegadas.

Estos días la violencia de género ocupará, al menos, un lugar en la agenda política o institucional. Habrá voces que denuncien la violación de los derechos humanos que supone, pero serán, quizás, menos las que se corresponsabilicen del fracaso en la erradicación de la misma. Así, puede que escuchemos pomposas declaraciones afirmando que la educación es un estratégico aliado contra la violencia de género, pero, mientras, la LOMCE permite financiar con fondos públicos colegios que segregan por sexo, elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía e introduce la doctrina católica, claramente sexista, como materia evaluable.

Quizás se escuche que se ha de dar voz a las mujeres, mientras los sucesivos recortes a las asociaciones de mujeres están asfixiando su capacidad de interlocución. Los fondos destinados a tal fin se derivan, además, a organizaciones que en nada las representan —como las Cámaras de Comercio—, concediéndose, dicho sea de paso, sin exigir paridad en sus órganos de gobierno.

Puede que se afirme que se ha de respetar la autonomía de las mujeres, pero, entretanto, el marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo amenaza con ser reformado con objeto de penalizar la autonomía moral de aquellas que pretendan decidir sobre su maternidad.

Seguro que se hablará también de las y los menores como damnificados de la violencia de género intrafamiliar, pero se aprueba la custodia compartida mientras se pospone sine die la ampliación del permiso de paternidad.   

Es probable que se reconozca también que la discriminación y el sexismo es el origen de la violencia de género, pero mientras la medición del impacto de género se incumple de forma sistemática, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2013-2016) se encuentra todavía en fase de elaboración, y el recorte en la aportación económica del Estado para la financiación de las diferentes partidas ministeriales se ha cebado en las políticas de igualdad.

Quizás hasta denuncien que existen colectivos más vulnerables, como las mujeres que residen en ámbitos rurales, las que sufren alguna dependencia o las migrantes. Y mientras la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local elimina la competencia municipal en materia de políticas de igualdad, lo que provocará el cierre de cientos de centros de atención a mujeres y casas de acogida, dejando a aquellas que residen en ámbitos rurales (que sólo tenían acceso a los servicios de proximidad municipales) abandonadas a su suerte. Las políticas inclusivas orientadas a la población migrante tienden a olvidar la perspectiva de género y el cumplimiento de la ley de la dependencia sería un chiste si no fuera un drama que acompaña, fundamentalmente, a la población de mayor edad  (integrada mayoritariamente por mujeres).

Y, mientras, seguiremos asistiendo al 'gota a gota' interminable de mujeres asesinadas por su pareja o expareja. Ahora en Toledo, ahora en Madrid, luego en cualquier pueblo de Castilla-La Mancha... Víctimas que viven, en términos hobbesianos, en 'un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta', una suerte de estado de naturaleza que invalida el contrato social como pacto fundacional de la modernidad y deslegitima nuestro sistema, pretendidamente democrático. Visto el panorama, todo apunta a que las mujeres tendremos estado de naturaleza para una buena temporada.

Por ello, el próximo 25 de noviembre, quizás no sea mal momento para que, además de recodar a las asesinadas, hagamos el ejercicio de poner cara, vida y sufrimiento a cada una de las 600.000 mujeres que todavía viven acorraladas por la violencia de género en nuestro país. Evaluemos si la respuesta institucional está a la altura de las circunstancias y valoremos hasta qué punto importa la violencia que se ejerce contra las mujeres.   

*Laura Nuño es responsable de Áreas Transversales de IUCM y directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid