La publicación de un oficio reservado del Estado Mayor del Ejército que denuncia con subjetividad meridiana 'la existencia de personal con indicios claros de radicalismo (ideológico, religioso o delictivo) cuyas acciones, en la mayoría de los casos, se circunscriben a su esfera privada y su entorno social' en el Ejército de Tierra y propone una serie de medidas para neutralizarlos ha caído como un torpedo en el Gobierno y en el PP, conscientes de que el documento ha tenido que contar con las directrices o, como mínimo, el beneplácito del ministro de Defensa y puede alimentar a los sectores más ultras del Ejército por su indefinición y su carácter reservado.

El texto, que aparecía el pasado martes en la portada del diario El País, tiene a los conservadores, en general, y al Ministerio de Defensa, en particular, enfrascados en la búsqueda de una respuesta que trate de justificar una serie de medidas que, como mínimo, ponen en cuestión el respeto a los derechos y libertades más elementales, pues, al tratarse de un procedimiento secreto sin amparo normativo, carece de garantías para los afectados por las medidas, en este caso, los soldados, explican fuentes de Defensa.

Actualmente, son el régimen disciplinario y el código penal militar los que regulan los castigos que han de aplicarse a quienes hagan manifestaciones contrarias a la Constitución, infrinjan el deber de neutralidad político o sean condenados por un delito doloso común.

Anteriores responsables de las cúpulas del Departamento de Defensa han asegurado a Público que no existen precedentes de unas medidas similares, mucho menos, con carácter reservado, lo cual entienden que resta a las indicaciones del Estado Mayor toda legitimidad y 'hasta su carácter democrático' pues alienta 'comportamientos discriminatorios' de toda índole. Siempre ha habido un control sobre las tropas, 'sobre todo, tras los atentados del 11-M', pero en ningún caso 'con nocturnidad' y al margen de la ley.

PSOE e Izquierda Plural solicitan la comparecencia del ministro de Defensa

El PSOE y los partidos de la Izquierda Plural en el Congreso solicitaron el martes la comparecencia del ministro de Defensa, primero, para confirmar la existencia del oficio publicado por El País y, segundo y en su caso, para dar explicaciones sobre el contenido de este documento reservado, que advierte de que la existencia de los elementos radicales 'constituye una debilidad para la institución y puede llegar a suponer una amenaza a la seguridad'.

En este sentido, el texto enumera las indicaciones que considera necesarias para neutralizar los 'radicalismos', que 'serán aplicadas por el jefe de la unidad sobre el personal que se determine en cada momento' y que incluyen el veto al manejo de información clasificada o sensible o la prohibición de acceder a dependencias restringidas o que alberguen material explosivo. El oficio no explica qué entiende el Estado Mayor por 'radicalismos' ni cómo los identifica, aunque varias fuentes consultadas del ámbito de Defensa reconocen la inquietud que existe desde hace tiempo entre los responsables militares y civiles del Ministerio por la existencia en la tropa de miembros pertenecientes a sectores radicales, como integrantes de pandillas latinoamericanas o extremistas religiosos e ideológicos de todo el espectro.

El portavoz socialista en la Comisión de Defensa del Congreso, Diego López Garrido, exigió ayer al ministro Pedro Morenés 'que informe' sobre un documento que trata de solventar una cuestión tan 'delicada' sin ninguna garantía legal, mientras que su homólogo de la Izquierda Plural, José Luis Centella, denunció una 'caza de brujas' en el Ejército para atajar una 'radicalidad' que, ante la indefinición del texto, bien podría referirse a las ideas defendidas por personas 'demócratas que están en las instituciones'. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha reaccionado a la publicación de El País con una investigación del Ejército sobre la filtración del documento reservado, mientras que el titular del Departamento ha asegurado desde Bruselas que no comenta oficios reservados. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que tenía conocimiento del texto del Estado a través de la prensa, aunque valoró positivamente el hecho de que hubiera una 'vigilancia'. Fuentes conservadoras, sin embargo, recalcan que esta vigilancia debe estar siempre supervisada por la ley militar vigente.