Javier Fernández Lasquetty promete no hacerlo pero, con los antecedentes que hay en su departamento, no sería de extrañar que, una vez fuera de la Consejería de Sanidad de Madrid, terminara trabajando para una empresa privada relacionada con la Sanidad. Es más, no sería de extrañar que terminara trabajando para una empresa privada que gestione uno de los hospitales que él mismo haya 'externalizado', en caso de que consiga llevar su plan a buen término. 

Ese sería su futuro más probable si se decidiera a seguir la senda de sus predecesores en el cargo, grandes expertos en eso del 'yo me lo privatizo, yo me lo como'. Desde hace años, las privatizaciones sanitarias llevadas a cabo por el Gobierno del PP han terminado beneficiando a sus propios cargos públicos. A día de hoy, algunos de ellos siguen comiendo de la llamada puerta giratoria, incluso a pesar de estar imputados.

Prueba de ello ha sido el último caso polémico, el del Ministerio de Sanidad, que ha contratado a la compañía Business Assessment Plans and Projects Healthcare, propiedad del exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, para cambiar la gestión de uno de los dos hospitales que dependen del departamento de Ana Mato; el de Melilla (el otro es el de Ceuta).

Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, fue uno de los líderes de la campaña contra el doctor Montes por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa. En la actualidad trabaja como consejero para Assignia Infraestructuras, la compañía a la que él mismo adjudicó la gestión de los servicios privatizados del hospital del Tajo, en Aranjuez, a través de una concesión de la Comunidad de 270 millones de euros. Cuando se destapó la noticia, Mato le pidió explicaciones sobre la legalidad de la situación, pero también afirmó estar 'segura' de que Lamela cumplía 'todas las normas de compatibilidad'. 

Por otro lado, Lamela también constituyó el Madrid Centro Médico (MCM) —Madrid Medical Destination en el mercado internacional—; una asociación para potenciar el turismo sanitario 'de excelencia' está formada por los principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están la Clínica La Luz y MD Anderson.

Como él, su sucesor Juan José Güemes, consejero de Sanidad entre 2008 y 2010, también acabó trabajando para una empresa privada (Unilabs), que compró el 55% de la Unión Temporal de Empresas BR Salud. Esta UTE, compuesta por el grupo Balagué y Ribera Salud, es adjudicatariab de los análisis clínicos de seis hospitales de Madrid. Una adjudicación que fue aprobada por el propio Güemes en 2009 , cuando ocupaba el cargo de consejero de Sanidad.

El juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ratificó recientemente la imputación 'por cohecho y prevaricación' de Lamela y de Güemes. En ese mismo caso, la actual viceconsejera, Patricia Flores, también está imputada, así como el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; ambos, por un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. Se les acusa, según el auto publicado el pasado 31 de octubre, por no haber controlado la facturación intercentros, así como por haber concedido —presuntamente— una subvención encubierta por la amortización de obras.

Capio, una de las máximas beneficiarias de la privatización sanitaria en Madrid, junto a Ribera Salud y Asisa, también están imputadas en el caso que lleva Sexmero.

El actual director general de Hospitales, imputado en la actualidad, trabajó ante en Adeslas, Capio y Ribera Salud 

El caso de Burgueño es otro de los más sonados de puerta giratoria. Aunque, en esta ocasión, funcionó al revés: del sector privado al cargo público. Burgueño fue director asistencial de la Adeslas entre 1990 y 2001 y colaboró en la creación del polémico modelo Alzira, inaugurado, en 1999, en la localidad valenciana del mismo nombre con el hospital de La Ribera (Ribera Salud). También trabajó para Capio en la traslación del modelo valenciano al hospital madrileño de Valdemoro. Además, su hijo —informa El País— continúa ligado a Ribera Salud, una de las compañías que, además de estar ya presente en la privatización madrileña, aspira a hacerse con la gestión de los hospitales del Sureste (Arganda) e Infanta Leonor (Vallecas).

De todos ellos, el único que dimitió de su cargo como consejero de Unilabs fue Güemes. La compañía compró el 55% de la UTE a la que el citado exconsejero adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales de la comunidad. Justo los seis hospitales que ahora intenta privatizar —si la Justicia le deja— el actual titular de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. Porque los tribunales madrileños han decretado la suspensión cautelar de la medida, que adjudicaba la gestión del Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo a las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo. A día de hoy, el proceso está paralizado hasta que se resuelva la recusación del juez encargado del mismo, Francisco Gerardo Martínez Tristán, casado con una consejera del PP y recién elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial .

Mientras, ni la expresidenta Esperanza Aguirre ni su sucesor, Ignacio González, han abierto la boca al respecto. Aunque ambos defienden las privatizaciones que la primera impulsó y el segundo continuó. Prueba de ello fueron unas de las últimas declaraciones de Aguirre en televisión, donde defendió que 'la empresa privada es más eficaz que la pública' y comparó la privatización sanitaria con la de los servicios de recogida de basura en plena huelga de los trabajadores de éstos últimos.

A su sucesor, González, todo le parecía 'bien' cuando supo la dimisión de Güemes, a pesar de que había defendido su continuidad como asesor de Unilabs. Defendía entonces que 'la ley de incompatibilidades en España es suficiente dura', igual que ahora defiende el sistema de 'ahorro' propuesto por Lasquetty y que su Ejecutivo aprobó hace casi un año.

De igual manera se expresa con asiduidad quien también fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2003. José Ignacio Echániz, actual titular del ramo en Castilla-La Mancha y secretario de Sanidad del PP, apuesta siempre por 'dar voz y voto' al sector privado en la reforma sanitaria que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Mato. Curiosamente, su hermana Teresa Echániz trabaja para Capio, aunque esta empresa aclaró a Público que el contrato se inició 'después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera de Cospedal'.