El anuncio hecho en la tarde de ayer por el ministro Margallo de que Bruselas ha abierto un expediente a siete clubes de fútbol español cayó como una bomba en la Liga. El inicio de una investigación formal contra Barcelona, Real Madrid, Valencia, Athletic, Osasuna, Elche y Hércules por recibir ayudas públicas ilegales puede acabar con la devolución de las mismas. En algunos casos las consecuencias son devastadoras y pueden hacer tambalear sus finanzas. Se trata, en definitiva, de toda una condena, un golpe a los lazos establecidos desde hace años entre administraciones, empresarios y el deporte rey.

Hasta ahora, la investigación de Joaquín Almunia, al frente de Competencia, había sido preliminar, a raíz de denuncias hechas por varias compañías, organismos y países de la UE. Sin embargo, ahora ha dado un paso más por el cual concede un mes a los equipos y las administraciones afectados para que presenten las alegaciones pertinentes. 'Ya están preparadas en todos los casos', avanzaba ayer Margallo. 'El Gobierno va a dar la batalla' en su defensa porque 'también forman parte de la Marca España', aseguraba. De un modo similar se manifestó la Liga de Fútbol Profesional (LFP), al afirmar que 'las actuaciones se han ajustado al acervo comunitario y al ordenamiento español vigentes en cada momento'.

En lo que respecta a Real Madrid y Athletic, Bruselas indaga sobre dos operaciones inmobiliarias. En cuanto a los clubes valencianos, son los préstamos de la Generalitat valenciana los que están en el ojo de la Comisión, que también investiga a los cuatro que no son sociedades anónimas deportivas -Barça, Real Madrid, Athletic y Osasuna- por su estatus fiscal, con el que presuntamente se han beneficiado de una tributación más favorable. Si las pesquisas concluyen que las ayudas fueron ilegales, Bruselas pide al estado que recupere el dinero con intereses, como sucedió hace poco en el caso de los astilleros españoles. El proceso se alargará seguramente varios meses, según informaron fuentes de la Comisión. Tras el fallo definitivo, las partes podrían recurrir al Tribunal de Justicia Europeo prolongando los plazos aún más.

En el caso del conjunto que preside Florentino Pérez, el examen no se centra en la venta de la Ciudad Deportiva, toda vez que Bruselas ya archivó en 2004 estas denuncias y no suele abrir expedientes ya cerrados, según afirman fuentes comunitarias. La Comisión indaga sobre el último gran pelotazo del presidente blanco. La operación es la siguiente: del trato por la venta de los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva quedó pendiente un fleco de 70.000 metros cuadrados en Las Tablas -al norte de Madrid- valorado en 488.000 euros (unos 734.000 con el IPC actualizado). Sin embargo, el solar, que entraba dentro del convenio con el Ayuntamiento, era de titularidad pública, por lo que el club no lo podía explotar. En 2011, se decide compensar al equipo cambiando esta parcela por otras, pero con la novedad de que el Consistorio ha incrementado notablemente su valor hasta cuantificarla en 22,7 millones.

También se investiga si los cuatro equipos que no son SAD se han beneficiado de una tributación más favorable

Para saldar sus deudas, el Ayuntamiento otorga varios terrenos al Real Madrid, que posteriormente son devueltos en otro intercambio. El objetivo final es que Florentino Pérez pueda remodelar el Santiago Bernabéu y hacer un hotel de lujo y un centro comercial en el lateral del Paseo de la Castellana. Los blancos, de fallar Bruselas en su contra, tendrían que devolver 22 millones (los 22,7 menos los 734.00) con intereses. 

En lo que respecta al Athletic, se investiga el papel de la sociedad pública -San Mamés Barria- constituida para construir el nuevo estadio San Mamés. El equipo, la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno vasco, Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao pusieron unos 112 millones de euros, según informa el diario El Correo. En concreto, el Gobierno vasco y Kutxabank colaboraron con 50 millones; la Diputación y el club pusieron 33 y 17, respectivamente, en terrenos; y el Consistorio aportaba los 12,1 que debía cobrar en tasas.

El caso de más enjundia y el que más delicado es de los equipos valencianos. El expresidente Camps avaló hace años a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) los préstamos que Valencia, Hércules y Elche habían solicitado. En el caso del primero, se trata de 86 millones de euros; 18 para el segundo; y 14 para los ilicitanos. Se da el caso de que, al ser avalista, la Generalitat es además accionista mayoritario del Valencia y el Elche, algo que contraviene la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Ricardo Sixto: 'Acabarán comprados por cualquier fondo buitre'

El presidente Alberto Fabra ya ha dicho en varias ocasiones que no va a hacer frente a estas obligaciones. Por su parte, Bankia, a quien los chés adeudan en total más de 200 millones, anunció la semana pasada que no había recibido ningún 'plan sostenible' de refinanciación. Lo cierto es que tanto el banco como el club buscan inversores para una venta. 'Acabará comprado por cualquier fondo buitre', augura Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en el Congreso.

Sixto advierte de que los conjuntos, 'ligados a empresarios', no sólo recibieron préstamos a través del IVF, sino también de RTVV, la televisión pública liquidada recientemente. 'Prácticamente les regalaron unos 200 millones de euros', asegura. Admite que se está jugando con los sentimientos de miles de valencianos, muy ligados a estos clubes, pero que 'la Generalitat no se puede amparar en esto para financiarlos; tienen que ser autónomos'.

Para Elche y Hércules no hay mejores augurios, en caso de que tuvieran que devolver las millonarias ayudas. Fuentes conocedoras de las finanzas de estos clubes afirmaron a Público que no están en situación de reembolsar estas cantidades y que, por tanto, se verían abocados a una situación casi de quiebra total. 'Se veía venir, acabarán igual que el Valencia, liquidados o propiedad de cualquier fondo buitre', vaticina el diputado de EUPV.