El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado en el Congreso que la reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno no 'libera' a miles de proxenetas, como ha denunciado el PSOE, sino que, por el contrario, facilitará las condenas por explotación sexual.

En respuesta a una pregunta del PSOE, el ministro ha justificado la introducción de condicionantes en el nuevo texto —'que la víctima se encuentre en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución, o se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas'— en aras de acreditar más fácilmente la explotación sexual.

'Ahora, esta situación sólo se puede demostrar en un juicio con el testimonio de la víctima que, por la presión que ejerce sobre ella el proxeneta, nunca declara en su contra', ha señalado el ministro. Con la modificación que prepara el Gobierno, ha insistido, 'nunca será necesario que las mujeres declaren en contra del proxeneta, bastará con que se acredite la explotación sexual, es decir, una situación objetiva'. 

Gallardón ha señalado que, según el Instituto de la Mujer, hay 300.000 mujeres en España que ejercen la prostitución y sólo un 5% de ellas lo hace por voluntad propia. Aun así, ha remarcado, este año sólo ha habido 10 condenas por proxenetismo.

La diputada socialista, Ángeles Álvarez, ha recriminado al titular de Justicia que la reforma que plantea no es el camino para atajar esta situación y ha denunciado que los condicionantes que quiere introducir el Gobierno no son objetivos. 'La modificación abre el camino para hacer respetables a las mafias. Crea buenosy malos proxenetas cuando lo que se tendría que establecer es que quien se lucrede la prostitución ajena es un delincuente'.