A Francisco Camps el valencianismo futbolero le venía de sangre. No en vano, siempre ha mantenido que su abuelo Enrique fue uno de los socios que aportó capital para la construcción del primer campo del Valencia CF. Del mismo modo, siendo aún joven, antes incluso de afiliarse a las juventudes de Alianza Popular en 1982, el futuro President de la Generalitat valenciana ya había sido testigo de cómo el club de sus amores -instrumentalizado por la extrema derecha en plena transición, con el beneplácito de la propia entidad, para hacer arraigar y agitar la bandera del anticatalanismo- era una herramienta muy efectiva para manipular las mentes más adocenadas.

Que fueran estos u otros los motivos que le llevaron a dar el paso es algo que solo el propio protagonista puede determinar. Pero lo que ya forma parte de la historia del club de Mestalla es que fue el propio Camps el que, con su intermediación en el reparto accionarial de la sociedad anónima deportiva (SAD) en 2004 para que estuviera en manos de alguien con quien mantener línea directa, y con las acciones políticas y propagandísticas derivadas de aquella gestión, llevó al club a su actual situación financiera y a la posibilidad de desaparecer antes de cumplir el centenario de su fundación. Una gestión que -por defecto- reprodujo en otros dos equipos de la autonomía, endeudó aún más a la ciudadanía valenciana -aficionada al balompié o no-, y ahora acaba de ser expedientada por la Unión Europea.

No llegaba al año el tiempo que Francisco Camps llevaba al frente de la Generalitat, cuando, a resultas de los éxitos deportivos de un Valencia CF gobernado en relativa paz por un consejo de administración sin un accionista mayoritario preferente (acababa de ganar dos Ligas y una Copa de la UEFA), se produjo una pugna para conseguir esa mayoría accionarial y la presidencia de la entonces exitosa SAD. Fue en ese instante -en el que todo apuntaba a que el ex presidente del club, Paco Roig, recuperaría el control del mismo- cuando Francisco Camps se decidió a mediar en el futuro del club. Así, tras varias reuniones con los posibles candidatos a presidirlo -algunas con Esteban González Pons y Rafael Blasco (ex conseller actualmente imputado en el caso Cooperación) ejerciendo de intermediarios, y una con él mismo presente-, finalmente Roig acabó cediendo la mayoría accionarial al elegido de Camps: el constructor Bautista Soler, que delegará la presidencia en su hijo Juan.

El estallido de la burbuja inmobiliaria, unido a una mala gestión en el club lo sumieron en una profunda crisisEl resto es historia. En lo deportivo el club se aleja de los resultados obtenidos en los años inmediatamente precedentes pese a fichar a precio de 'gran evento' (por el lateral Joaquín Sánchez, por ejemplo, se llegaron a pagar 25 millones de euros), mientras se embarca en lo extradeportivo en la construcción de un nuevo estadio con aforo de 75.000 espectadores que esperaban inaugurar a tiempo de albergar la final de Champions League de 2009. En la presentación del proyecto megalómano, no obstante, los protagonistas no son el presidente Soler y sus jugadores, sino Francisco Camps y Rita Barberá, que suman el nuevo estadio a sus 'obras emblemáticas' en la ciudad de Valencia.

Pero esta foto -así como la alineación del Valencia CF y sus jugadores en campañas gubernamentales como la que reclamaba 'agua para todos' al gobierno de Zapatero o los ataques desde el club a los partidos opositores al PP en vísperas electorales- tampoco sale gratis a los valencianos. Unos meses antes, la Generalitat había recalificado unos terrenos que el club acababa de comprar para construir su ciudad deportiva, en una jugada que el mismo Soler calificó de 'pelotazo'; y poco después el Ayuntamiento hacía lo propio con el terreno sobre el que se asentaba el actual campo del Valencia, pasándolos de uso deportivo a urbanizable. El regalo de un solar destinado a priori a dotaciones públicas a las SAD para que construyera su nuevo estadio, por parte de la alcaldesa Barberá, terminaba de rematar una jugada que esperaban que sirviera para sanear económicamente la entidad.

Sin embargo, todo se torció. El estallido de la burbuja inmobiliaria, que imposibilita todas las operaciones, unido a la desafortunada gestión de los delegados de la Generalitat en el club (ante el rechazo de la afición a la figura de Soler, Camps remite a las entrañas del club a Jesús Wollstein, ex director de Ràdio 9 y marido de la diputada del PP, Marta Torrado, que ante el pufo que encuentra llega a presentar un patrocinador fantasma para maquillar las cuentas) sumergen al Valencia en una crisis financiera que arrastra a la situación deportiva.

Para cuando en marzo de 2008, Juan Soler deja la presidencia, el Valencia CF ya acumula una deuda de 330 millones de euros, que se elevan por encima de los 550 un año después, lo que conduce al principal acreedor del club, la desaparecida Bancaja, a tomar las riendas de la sociedad de manos de la Generalitat e imponer a un presidente de su confianza para tratar de frenar la sangría. Pero para mantener el control hacía falta ampliar el capital, y ante la ausencia de una masa social que aportara el capital necesario, la Generalitat avaló un nuevo crédito de 75 millones de euros, sabedor que el beneficiario del mismo -una fundación vinculada al equipo sin mecanismos para obtener ingresos, que con la mayoría accionarial mantendría el status quo deseado por la Generalitat- nunca podría devolverlos.

La Generalitat avaló créditos al Elche y al Hércules pese a que varios informes lo desaconsejaban

Abierto el grifo para el Valencia CF, las exigencias no tardaron en llegar desde otros clubs de fútbol de élite del País Valenciano, y tanto el Elche CF como el Hércules de Alicante, vieron avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo dependiente de la Generalitat, los créditos que -en las vísperas de ser intervenida por el Banco de España- les adjudicó una Caja de Ahorros del Mediterráneo en perfecta sintonía -como la Bancaja que daba sin problemas sus créditos al Valencia CF pese a su cada vez más deterioradas finanzas- con el gobierno de Francisco Camps.

Pero no solo eso, la Generalitat los avaló pese a que -como destapó el PSPV el pasado verano- los informes del departamento de riesgos del IVF desaconsejaban las operaciones. Así el Elche CF ingresó 15 millones, mientras que el Hércules -sociedad cuyo máximo accionista era el empresario de la construcción Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal como el cabecilla del presunto entramado de corrupción que afecta varias localidades alicantinas gobernadas por el PP- obtuvo otros 18 millones de euros.

Como los informes pronosticaron, los beneficiarios privados de estos créditos no hicieron frente a su deuda, y con la CAM ya absorbida por Banco de Sabadell, la entidad no dudó en ejecutar los avales. Más de 30 millones de dinero público se perdieron con estas operaciones en los últimos dos años. Mientras tanto, en Valencia, la dura realidad se hizo efectiva en enero de este mismo 2013, cuando la fundación del club, depositaria del préstamo de Bancaja, reconocía no poder hacer frente ni al pago de los intereses que éste generaba, y que ya habían elevado la deuda inicial por encima de los 80 millones de euros.

En febrero -con el esqueleto de hormigón del nuevo estadio del Valencia, abandonado desde 2009, ejerciendo como testigo- la Generalitat abonaba como avalista los primeros 4'86 millones de euros de dinero público destinados a la operación. Y hace un par de semanas recibía el ultimátum de Bankia -ya ajena a la injerencia del gobierno valenciano- de que la deuda no se iba a refinanciar de nuevo.

Y la noticia de que para el Valencia CF toca pagar o vender (Bankia anunció que ha puesto a la venta el pack completo del club, integrado por su deuda propia y la generada por la compra accionarial, y que varios fondos de inversión se han interesado en ella) llegó casi coincidiendo con el anuncio de la apertura de expediente a siete clubes de fútbol españoles por ayudas públicas . Efectivamente había cuatro clubs más envueltos en irregularidades (FC Barcelona, Real Madrid, Ath. De Bilbao y Osasuna), pero mientras a aquellos se les expedientaba por su forma jurídica (beneficiosa respecto a la SAD en que figura al resto de clubs), los valencianos eran los únicos que habían recibido financiación directa a través de dinero público.

La Generalitat pagó al club cerca de 20 millones de euros desde 2006 por anunciar en su camiseta el aeropuerto de Castellón Aunque desde las entrañas de estos clubs valencianos se lancen periódicamente mensajes sobre la intención de las sociedades de comprar a la Generalitat los paquetes accionariales que poseen de las mismas (el 40% del Elche, el 65% del Hércules y el 70% del Valencia, aunque depositadas de facto en manos de intermediarios como la fundación del Valencia CF, para evitar los efectos de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que prohíbe poseer el 5% o más de más de una SAD en la misma competición), lo cierto es que ninguno pasa de la declaración de intenciones, y los valencianos -futboleros o no- ya han gastado casi 40 millones de euros en ellos. Estos, podrían llegar a 120 si finalmente Bankia ejecuta su aval sobre las del Valencia, aunque podrían reducirse en cinco si finalmente la justicia acaba invalidando el paso dado por la Generalitat (el Tribunal Superior de Justicia valenciano suspendió cautelarmente el aval este viernes por el perjuicio que generaría al 'interés público'). En ese caso, la perjudicada sería Bankia, banca intervenida por el Estado, y por ende, todos sus ciudadanos.

No obstante, ese no es el único dinero público dilapidado en fútbol a resultas de la gestión del gobierno de Francisco Camps. Como Esquerra Unida se ha esforzado en recordar durante las últimas semanas, la Generalitat Valenciana ha abonado al Villarreal CF cerca de 20 millones de euros desde 2006 por anunciar en su camiseta el aeropuerto peatonal de Castellón, a los que cabría sumar los 3 millones anuales que recibe de RTVV por la retransmisión de tres partidos amistosos y 'la explotación' de su mascota (solo por esta partida se pagan más 650.000 euros, IVA incluido). Un dinero público este último al que el presidente del club 'groguet', Fernando Roig -hermano del Paco Roig ex presidente del Valencia CF y de Juan Roig, propietario de Mercadona- no parece estar dispuesto a renunciar en los dos años que le quedan de contrato, a la vista de que su equipo ha seguido luciendo el logo de Canal 9 en los partidos disputados tras el cierre de RTVV. Del mismo modo, RTVV también sirvió para financiar indirectamente a los equipos (en este caso Valencia, Villarreal y Levante UD), a los que, según las cifras que maneja el diputado de EU Ignacio Blanco, se regalaron 156 millones de euros adicionales a través de la compra por parte de RTVV de sus derechos deportivos.

El conocimiento de todo este caudal de dinero público dilapidado en sociedades anónimas deportivas privadas, aireado con cuentagotas en los últimos años pese a la opacidad del gobierno de Francisco Camps, estalla estas semanas en su sucesor Alberto Fabra, que apoyó siempre la gestión de aquél y hasta la fecha sigue sin rechazarla. Así, mientras Fabra gestiona como puede la herencia de su predecesor, Camps, que no ha asumido ninguna responsabilidad política por estos hechos, sigue siendo socio del Valencia CF, aunque cada vez se le ve acudir menos por la grada acompañado de sus hijos. El club, podrá decir, ya no es lo que era.