Cerca de 1.200 accionistas de Bankia han presentado ante el Banco de España una reclamación patrimonial de 20 millones de euros por los perjuicios producidos por la salida a bolsa de la entidad, una reclamación que se extiende a otros reguladores y organismos del Estado, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Ministerio de Economía y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Para los reclamantes el estreno bursátil de Bankia, el 20 de julio de 2011, fue el 'final precipitado de un conjunto de decisiones torpes, adoptadas por la propia entidad, pero arropadas, jaleadas e incentivadas por los supervisores financieros', actuaciones que concluyeron con consecuencias 'graves e irreversibles' para ellos: la pérdida de valor de sus acciones.

 'Resulta injustificable no sólo la falta de motivación por parte de la CNMV de la autorización de la salida a bolsa de Bankia cuando incumplía varios criterios exigidos a sociedades cotizadas, sino la ausencia de ponderación por parte de dicha entidad de las circunstancias especiales de la OPS de Bankia, sin informe de auditoría', señala la reclamación. En la reclamación se cuestiona también el proceso de reestructuración e intervención de Bankia que, según los afectados, 'demuestra un comportamiento de los supervisores financieros frontalmente contrario a los estándares de regulación prudencial que desde hace tiempo rigen a nivel internacional'.

La conclusión de los reclamantes es que los accionistas han pagado parte del rescate, 'guiados, entre otros, por las consideraciones y la distorsión de datos provocada por el Banco de España, que sólo unos días antes de la OPS de Bankia exhibía pruebas de resistencia y test de estrés difundiendo a la opinión pública la especie de que ninguna entidad de crédito española requería saneamientos o recapitalizaciones adicionales, incluso en el escenario macroeconómico más adverso'.

El bufete que representa a estos accionistas, Cremades & Calvo Sotelo, señala que se han organizado en dos grupos: aquellos que en plena crisis de Bankia vendieron sus títulos y los que aún los conservan. Son procedimientos distintos para que uno no contamine al otro, según informa el despacho. Este bufete, que representa también a otros accionistass personados en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga supuestas irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Bankia, tiene previsto previsto solicitar una indemnización de 300 millones por responsabilidad penal.