El juez central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dictado un auto por el que acuerda incoar sumario para investigar delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos en la base norteamericana de Guantánamo, en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra, contra cuatro expresos, dos de ellos españoles.

 En su auto, el juez concluye que no puede perseguir estos delitos a través de la justicia universal que ha sido limitada por el Parlamento, pero sí a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, en concreto los convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura que obliga a los países firmantes a perseguir los delitos que se cometan al respecto.

El juez concluye que no puede aplicar la limitada justicia universal aprobada por el Parlamento, a pesar de que una de las víctimas de la querella inicial tiene nacionalidad española, porque no se cumple el requisito de que el procedimiento vaya dirigido contra un español o extranjero residente en España.

Ahora bien, el juez explica que, a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, 'nos encontraríamos ante una evidente colisión' entre  el derecho interno y las obligaciones contraídas por España en esos tratados internacionales 'previamente ratificados y que integran nuestro ordenamiento jurídico'.

El juez cita entre ellos los convenios de Ginebra y la Convención Contra la Tortura, que imponen a los estados firmantes la obligación de perseguir las infracciones penales que se contemplan en esos convenios.

Para Ruz, se produce un evidente conflicto normativo que en el caso presente debe analizarse también desde la óptica del llamado principio de subsidiariedad.

Este principio establece que un asunto debe ser resuelto por la justicia más cercana al lugar de los hechos. Y es la base de la arquitectura jurídica de la Unión Europea.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que capó la jurisdicción universal ( artículo 23.5) prevé, además, que los delitos de jurisdicción universal no se perseguirán en España si están siendo investigados en un tribunal internacional o en el estado del lugar donde se cometieron los hechos. De ahí que insista a Estados Unidos a que aclare si están siendo investigados para, en caso contrario, declararse competente.

Ruz concluye que procede reiterar la comisión rogatoria librada en enero a EEUU para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, querella a la que se sumaron otros dos expresos , Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes. La querella está interpuesta contra el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el exsecretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld.

El magistrado quiere que Estados Unidos le informen de la evolución y estado actual de las investigaciones llevadas a cabo allí, si es que existen. Cuando se incorpore esa comisión rogatoria elevara exposición motivada al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la posible concurrencia del principio de subsidiariedad.