El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado prisión provisional eludible con fianza de 200.000 euros para el exconseller Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel por el denominado caso Cooperación.

El tribunal ha dictado un auto en el que da a Blasco ocho horas para depositar la fianza y durante ese tiempo se le prohíbe salir de España por lo que se le retirará el pasaporte.

La fiscalía había solicitado la prisión de Blasco, eludible bajo fianza de 2.000.000 de euros con comparecencias diarias y prohibición de salir del país, petición a la que se adhirieron la Generalitat Valenciana y la acusación popular, mientras que su defensa solicitaba que se matuviera su situación de libertad provisional.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano resuelve que el condenado ha permanecido este tiempo de juicio en libertad provisional y que ha cumplido con todos los llamamientos de la Sala. Sin embargo, considera que debe adoptar medidas cautelares porque 'las sospechas que pudieran haber justificado en su día la adopción de alguna medida, se hacen aun más patentes, sin olvidar que ante esta Sala se siguen otras piezas' contra Blasco.

La Sala basa su decisión en que, a diferencia del resto de condenados, Blasco es el principal promotor de los delitos enjuiciados, dispone de contactos y relaciones que pudieran facilitar una eventual elusión de la justicia, sin olvidar que el arraigo que tiene en Valencia estaba reforzado por su vinculación política, que ha quedado rota tras su cese.

Además, la investigación desarrollada hasta ahora 'no ha encontrado un especial patrimonio acorde a la posición que cabe presumirle', por lo que cabe pensar al tribunal 'en alguna suerte de ocultación, de la que pudiera seguirse algún intento de elusión de la acción de la Justicia'. Este tempor, aún cuando no alcance el extremo de ordenar su ingreso inmediato en prisión, hace aconsejable fijar la fianza de 200.000 euros, 'dado que la cantidad solicitada por las acusaciones resulta desproporcionada, no teniendo base alguna para pensar que llegue a tener un patrimonio suficiente para prestarla, ni mucho menos podemos hacer equivalente al importe de la responsabilidad patrimonial que pueda serle exigida por nuestro Tribunal de Cuentas'. 

Rafael Blasco ha recurrido su condena dictada el pasado 27 de mayo por el TSJ de Valencia.

 Está condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito de tráfico de influencias, un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial. Estos delitos los cometió cuando era consejero de Solidaridad y Ciudadanía del gobierno de Francisco Camps.

Este caso de corrupción se produjo enla Comunidad Valenciana durante los años 2008 y 2010, con el desvío de unos seis millones de euros de los fondos públicos destinados, en teoría, a la cooperación con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.