Cuando el PP ganó las últimas elecciones generales, los directivos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social respiraron aliviados. La 'persecución' sufrida durante los ocho años de gobierno de Rodríguez Zapatero iba a cesar, y volverían las antiguas prácticas.

Al menos, eso reclamaron en el Grupo de Trabajo que presidido por el Director General responsable del tema constituyó la FAES en verano de 2012. Aunque el dinero que las Mutuas administran son cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios, las Mutuas son organizaciones empresariales, y pretendían que una vez esos fondos públicos se ingresaran en sus cuentas, la naturaleza pública del dinero experimentara una transubstanciación digna de la Eucaristía, y se convirtiera mutatis mutandis en recursos de gestión privada, sin controles enojosos.

Estos controles eran la consecuencia del Patio de Monipodio en el que se encontraron los responsables de la Seguridad Social socialistas cuando aterrizaron en el Ministerio. Las Mutuas teóricamente debían devolver a la Administración todo el dinero que no gastaran en su gestión, pero esos resultados positivos nunca existían. El dinero de las cuotas se devolvía ilegalmente a algunos empresarios, que negociaban la Mutua con mayores devoluciones ('extornos') y cambiaban sus servicios. Los problemas de salud producidos en los últimos meses de cada año se valoraban como un riesgo latente de centenares de miles de euros, y así las Mutuas mantenían en sus fondos más de mil millones de 'contingencias en tramitación'. Los sueldos y plantes de pensiones de los directivos crecían y crecían, multiplicando cualquier sueldo en la Administración; los directivos de nivel intermedio eran despedidos pocas semanas antes de su jubilación con jugosas indemnizaciones; y los gastos corrientes parecían del Rey Midas.

Esto era posible sin ningún tipo de control entre otras razones porque las Mutuas solo entregaban sus cuentas a la Seguridad Social con el cierre del ejercicio vencido, en marzo del año siguiente, después de meses y meses dedicados a maquillar y enmascarar las tropelías.

La Administración empezó a 'perseguir' estas costumbres tan enraizadas. Obligó a firmar a todas las Mutuas un Código de Buenas Prácticas que prohibía los extornos, limitando los cambios de Mutua a razones objetivas comprobables. Las contingencias en tramitación se calcularon de acuerdo a las medias estadísticas de los últimos ejercicios, lo que supuso que las Mutuas debieran ingresar 1.300 millones en las arcas de la Seguridad Social. El sueldo de los directivos se fijó con límites similares a los de los cargos de la Administración. Se estableció un Sistema de Información Contable, el SICOMAT, que permitía a la Intervención de la Seguridad Social el acceso a las cuentas de las Mutuas. Y aquellos gerentes que no aceptaron cumplir con la legalidad o tuvieron que cesar amablemente, o incluso fueron procesados por los Tribunales de Justicia (el caso de la Mutua Universal o de la Mutua Canaria).

El resultado final de este proceso permitió bajar las cuotas a los empresarios, que las aportaciones de las Mutuas al Fondo de Reserva y al Fondo de Prevención pasaran de 700 millones € en 2004 a 5.000 millones en 2.011, y que la capa de Luis Candelas tapara algunas vergüenzas menos.

Los nuevos responsables del Partido Popular prometieron a los responsables de las Mutuas, alguno de los cuáles ocupa altos cargos en otros Ministerios, que esto iba a acabarse. Pero no tuvieron en cuenta que en la Intervención General de la Seguridad Social, como en el resto de la Administración, existe un tronco de profesionalidad constituido por empleados públicos que, con independencia de sus legítimas convicciones ideológicas, son poco amigos del despojo de lo público. Y he aquí que cuando se ha pretendido que la Administración se allanara a los recursos presentados por las diferentes Mutuas, los directivos del PP han descubierto que eso tiene en el Código Penal un nombre. Esperemos vigilantes que la nueva legislación sobre mutuas con la que nos amenazan no sea sino un intento fallido de recuperar los fondos de la Seguridad Social que han intentado malgastar, y que el PP renuncie de una vez, dentro o fuera de la FAES, a ser cómplice del desaguisado.