La infanta Cristina puede volver a ser imputada por el caso Nóos de la mano del juez José Castro. La hija del rey Juan Carlos se puede enfrentar a penas de hasta once años de prisión por blanqueo de capitales y cooperación en los delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008.

Los supuestos delitos de fraude fiscal y de blanqueo de capitales penden encima de la cabeza de la Infanta. Fraude a la Hacienda pública por cargar en las cuentas de Aizoon gastos que deberían haber satisfecho con su propio patrimonio, evitando la tributación por IRPF, dejando por sentado el juez instructor que el delito fiscal se produce si por esta circunstancia quedan fuera del albur de la Agencia Tributaria un total superior a los 120.000 euros anuales, según el artículo 305 del código penal. A su vez el fraude también se referiría al hecho que el cargo de gastos externos a la supuesta marcha de la empresa que comparten Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín habrían evitado de forma subrepticia el cómputo de beneficios al final de cada año fiscal, con lo que también se habría evitado la tributación por cuenta del Impuesto de Sociedades.

Esta sociedad permitió a los Duques de Palma beneficiarse de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios, según la Audiencia Provincial de Baleares.

Estas son algunas de claves por las que la infanta podría ser imputada.

La hermana del rey es propietaria del 50% de la mercantil Aizoon y su firma aparece en las actas de la sociedad. Su firma en las actas daría prueba de su conocimiento sobre, por ejemplo, las cuentas de la sociedad.

Varias agrupaciones, como Manos Limpias, han solicitado una prueba de caligrafía para comprobar que firma sea la de Cristina. La infanta nunca ha denunciado que su firma fuera falsificada.

Una información remitida por Caixa Bank señala que fueron traspasados 150.000 euros desde Aizoon, integrante del entramado Nóos, hasta una cuenta bancaria cuyo titular es Iñaki Urdangarín y autorizada por la infanta Cristina.

El matrimonio se podría haber beneficiado a través de Aizoon de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por parte de la mercantil de la que ambos son copropietarios.

El matrimonio se pudo beneficiar personalmente de una cantidad de 262.120 euros procedentes de Aizoon. Estos fondos fueron destinados a gastos en billetes de avión y de tren, restaurantes, hoteles, joyas libros y música, en un período de estudio abordado por la Agencia Tributaria entre 2004 y 2011.

Castro destaca como ejemplo que la infanta Cristina se habría beneficiado personalmente de algunos de los servicios abonados por cuenta de Aizoon 'los servicios de asesoramiento y coaching que se dicen facturados el 17 de diciembre de 2007 por Doña Margarita Martí Ripoll, en los que se menciona que fueron ‘especialmente para Cristina'. 

El dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar de Pedralbes (Barcelona), con su posible 'conocimiento del origen ilícito y delictivo' de estos fondos.

Una de las empresas que facturaron a Aizoon por trabajos y suministros fue la que realizó reformas en su casa de Elisenda de Pinos 11-13 (Pedralbes) por un valor de 436.703 euros.

El juez Castro señaló como desproporcionado que ese dinero se haya empleado a adquirir mobiliario a la oficina. Al magistrado le extrañó más, como señala en el auto de imputación de 8 de enero de 2014, que esos gastos se realizaran en el hogar familiar en vez de en las dos sedes sociales que Aizoon mantuvo en distintos momentos en sendos despachos de Barcelona.

Aizoon, que apenas tenía personal, necesitó alquilar unas oficinas. Estas oficinas fueron alquiladas en la propia vivienda del matrimonio.

La infanta Cristina auto-alquiló unas oficinas de su casa a su propia sociedad. 'El propio contrato de arrendamiento (...) fue suscrito personalmente por ella, no sólo en calidad de arrendadora (...) sino también en la de arrendataria, en un claro ejemplo de auto-contratación', redactó el juez Castro en el auto.

La Infanta Cristina contrató a varios inmigrantes ilegales para trabajar en su casa. Estos aparecían como empleados de la sociedad que el matrimonio compartía al 50%, pero realmente realizaban sus labores en el hogar de ambos.

El juez Castro señala en el auto de imputación que fue la misma infanta quién contrató a los empleados en situación irregular, la cual ella conocía, para pagarles en negro.

La situación ilegal de los empleados de la vivienda familiar cambió cuando estos lo pidieron 'para poder obtener el permiso de residencia'. Es en ese momento cuando los trabajadores firman por Aizoon 'cuando los empleados nunca prestaron servicio para tal entidad', según el auto de Castro.