El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha iniciado el curso político en Pontevedra con un discurso en el que ha alardeado de las reformas de austeridad, se ha atribuido como mérito suyo signos de recuperación macroeconómica que ha expuesto y ha proclamado: 'Aquí no hablamos de brotes verdes; aquí hablamos de raíces vigorosas'.

Rajoy ha desmentido recortes en el Estado de Bienestar, denuncias de las distintas mareas sociales que él ha calificado como fruto de una 'campaña injusta'. 

Su Gobierno y el PP están siendo 'equitativos a la hora de tomar las medidas económicas' de austeridad.

También quiere un país 'donde quien la hace la paga', donde la justicia impere y premie a los buenos y se castigue a los que no lo son'.

En su discurso, ha asegurado que esas 'raíces vigorosas' se debe a que su Gobierno 'ha plantado nuevas cepas' con sus reformas y que la economía española está 'sana', gracias a estos difíciles años de ajuste, con reformas que ha tomado 'entre la espada y la pared' en los dos primeros años en los que 'el desánimo y el abatimiento' llevó a algunos a pensar que la 'escapatoria' era la quiebra o la intervención.

Eso sí, él no había venido a Soutomaior (Pontevedra) a lanzar campañas al vuelo porque sería 'irresponsable recrearnos y sentirnos satisfechos con lo conseguido mientras todavía hay muchos españoles que esperan que la mejora económica se transforme en una experiencia real para ellos'.

'No podemos consentir que la recuperación discurra al margen de la vida de muchos españoles', ha apostillado al tiempo que decía que no iba a 'aceptar que toda esa gente que queda atrás'.

Frente a ellos, y frente a esa 'mayoría silenciosa' que comprende sus medidas, se ha comprometido a no 'poner ningún piloto automático' y ha anunciado una guerra sin cuartel contra el paro.

La responsabilidad de las duras medidas de ajuste la ha atribuido al PSOE -' nos vimos obligados a recomponer con grandes esfuerzos todas nuestras líneas diezmadas' al llegar al poder-, hasta el punto que ha sentenciado: 'las recetas económicas de la izquierda han fracaso'.

Su intervención ha tenido tres ejes: las medidas de austeridad que ha implantado en estos años, de las se ha enorgullecido y cuya responsabilidad la ha atribuido a la izquierda; sus recados a la oposición para que se avenga a negociar la elección directa de alcaldes, y un mensaje a Artur Mas, presidente de la Generalitat con motivo de la consulta soberanista del 9 de noviembre: 'Las coordenadas son claras y firmes no hay democracia sin ley y, por tanto la ley está por encima de todos' y 'no voy a consentir que nadie viole la ley'.

Su mensaje de inicio del curso político lo ha proclamado en su tradicional discurso anual de Soutomaior ante docenas de cargos y militantes encabezados por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. 'Todos estamos obligados a cumplir ley, sin excepciones', ha remachado, y 'lo que es de todos se decide entre todos'.

Rajoy se ha mostrado a favor del diálogo, pero ha dejado claro que 'el presidente del Gobierno de España no puede consentir que nadie viole la ley y no lo voy a hacer', y ha confiado en que 'todo el mundo actúe con responsabilidad' 

También ha dedicado parte de sus discurso a la reforma electoral que pretende el PP para que los alcaldes sean elegidos directamente y que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada.

'Claro que vamos a hablar de eso y quien no lo quiera que lo explique al conjunto de los ciudadanos', ha asegurado.

La Ley Electoral que pretende reformar forma parte del llamado bloque de la constitucionalidad, y la mayoría de los partidos de la oposición rechazan la idea de que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, como pretende el PP.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha rematado de esta forma su intención de reforma de la Ley Electoral:  'Claro que hay que hablar de eso' y ha pedido a los grupos que, si no aceptan esa oferta de acuerdo y diálogo, 'dejen de criticar, que es lo más fácil'.

También se ha mostrado 'dispuesto a hablar' de cuestiones como el aforamiento de cargos públicos, los 'procesos penales y responsabilidades públicas', la regulación de los indultos, los gastos de las campañas electorales o el 'fortalecimiento' de las iniciativas legislativas populares.