La Junta de Andalucía ha reclamado hasta ahora a la UGT andaluza que devuelva 4,9 millones de euros por irregularidades detectadas en los expedientes de las subvenciones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas.

Hace unos nueve meses la Junta inició una investigación administrativa de los expedientes de subvenciones a la UGT-Andalucía y en total investiga 26 millones de euros en 21 expedientes, de los que 5 tienen propuesta firme de resolución de reintegro por 4,9 millones y los 16 restantes están en distintas fases del procedimiento de reintegro establecido por la ley.

El consejero de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha aportado estos datos en la comisión parlamentaria de Economía y ha avanzado que el próximo octubre estará concluida la investigación del caso de las presuntas facturas falsas de UGT, que también está investigado la justicia.

Sin embargo, el sindicato ha reduce la cantidad reclamada por la Junta hasta 3,5 millones de euros. En un comunicado, la federacción andaluza  asegura que hasta hoy ha recibido notificación de dos expedientes de ayudas que pertenecen a la Dirección General de Relaciones Laborales por 1,8 millones, y otros dos expedientes de reintegro ya firmados de la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por 1,8 millones de euros.

Los expedientes están recurridos ante los tribunales por entender que no se ajustan a derecho De esta forma, los cuatro expedientes suman 3.588.722,15 euros, subraya UGT antes de indicar que no son cinco los expedientes ni la cantidad asciende a 4,9 millones de euros.

Además, el sindicato señala que los expedientes están recurridos ante los tribunales por entender que no se ajustan a derecho y agregan que no hay una sentencia firme sobre de ellos.

A preguntas del diputado del PP Rafael Carmona, Maldonado no ha concretado si la Consejería ha detectado facturas falsas en esos expedientes de la subvenciones a UGT-A y, en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, si lo han llevado a los tribunales.

En este sentido, Sánchez Maldonado ha expresado la voluntad de su Consejería de colaborar con la justicia en el caso de las facturas falsas de UGT-A, que destapó el año pasado el diario El Mundo sobre un presunto desvío de subvenciones destinadas a tareas sindicales para sufragar gastos corrientes del sindicato mediante facturas falsas.

Sánchez Maldonado ha destacado que ha remitido a los tribunales que investigan el caso toda la documentación que le han requerido, y ha puesto en valor la labor de los funcionarios para tramitar y revisar los expedientes de subvenciones a UGT-A.

Rafael Carmona ha lamentado la 'parca información' proporcionada por el consejero y le ha pedido celeridad en la investigación y revisión de los expedientes de la UGT-A, al igual que el Gobierno andaluz reclama continuamente a la justicia respecto as los casos de corrupción como los ERE, ha alegado.

IU pide repensar el Servicio Andaluz de Empleo, 'epicentro de los escándalos'

En representación de IU Rosalía Martín Escobar ha insistido en que es el 'momento de repensar el Servicio Andaluz de Empleo, que es el epicentro de los escándalos que arrasan Andalucía', al tiempo que ha urgido a esclarecer lo ocurrido en el caso de las facturas falsas de UGT y a que se reintegre el importe malversado.

El diputado del PSOE Carmelo Gómez ha respaldado la actuación de la Consejería en este caso y ha dicho que es un 'ejemplo de claridad y transparencia' del Gobierno andaluz, al tiempo que ha censurado los 'debates sumarísimos propios de la Inquisición que no contribuyen a nada'.

El sindicato se pregunta por qué sólo se habla de UGT y no se dan datos tan explícitos de otras entidades

El sindicato califica de 'asombroso' que el consejero de la Junta haya resaltado la 'máxima transparencia y claridad y el máximo control y compromiso de transparencia' respecto a la revisión de las subvenciones de UGT-A iniciados y tramitados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Se preguntan por qué no se aplicaron los mismos criterios cuando tuvieron que hacer ese trabajo en el 2009 y 2010 y por qué sólo se habla de UGT y no se dan datos tan explícitos de otras entidades.

'Desde UGT Andalucía tenemos claro que no tenemos nada que ocultar. Si algo se hizo de forma irregular, todo aquel que interviniera o participara en este proceso, tendrá que pagar jurídica o penalmente las consecuencias', señala el sindicato.

Por ello, subrayan que no van a permitir 'que se manchen las siglas de este sindicato, por lo que exigimos que sea la justicia la que clarifique esta situación'.