Un juez ha imputado a la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su cuenta de Twitter (@TSJCV)

La alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. Asimismo, el juez ha imputado a cuatro técnicos -dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio Fomento- por favorecer al constructor, igualmente imputado.

El juez ha preguntado al fiscal si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio.

La causa surge a raíz de una denuncia de EUPV que amplió la querella por la que se personó en su día en la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, para que se indagara también sobre el Plan Rabassa. Tanto Castedo como Ortiz están también imputados en esa pieza.

La alcaldesa está imputada junto con su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi. Al parecer, Castedo aceptó de Ortiz un viaje en yate a las Islas Baleares.

En las escuchas que figuran en el sumario, se dice que el empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules CF presuntamente soborna al Córdoba CF por dejarse perder en el último partido de Segunda División de la temporada 2009/10. El Córdoba perdió por 4-0 y el Hércules ascendió a Primera División. También aparecieron conversaciones de otros intentos de compra de partidos de fútbol.

Según las investigaciones, Enrique Ortiz buscó la intermediación del político alicantino José María Pajín, padre de la entonces ministra de Sanidad, Leire Pajín, para que consiguiera la firma del director general de Carreteras de Fomento, necesaria para la aprobación del plan Rabassa de Alicante.

Las conversaciones revelan, también, los contactos de Ortiz con Alberto de Rosa, hermano del entonces consejero de Justicia y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, para conseguir adjudicaciones en las infraestructuras del área judicial de Alicante.

La revancha entre unos empresarios a cuenta de la concesión de unas contratas de basuras es el origen de este caso que se ha expandido como una bomba de racimo entre el PP valenciano.

Su nombre, caso Brugal, debe su acrónimo a 'Basuras Rurales Gestión Alicante', provincia epicentro del escándalo.

El juez instructor levantó el secreto del sumario el pasado junio. Ocupa ya los 30.000 folios y abarca a políticos, empresarios, promotores inmobiliarios... En total hay 26 imputados y la Fiscalía Anticorrupción investiga a 80 personas.

Entre los investigados se encuentra José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular alicantino, tres ediles del PP de Orihuela y siete empresarios

 El caso estalló con las revelaciones realizadas en 2006 por un empresario local. Ángel Fenoll reveló unas grabaciones de las cinco empresas adjudicatarias -entre ellas, la suya- de la recogida de basuras de la Vega Baja del Segura. En las reuniones grabadas entre empresarios y responsables políticos de Alicante se contenían presuntos sobornos.

Fenoll aseguró que los actos delictivos se remontaban a muchos años antes. Así, aseguró que colaboró en actos delictivos con el alcalde del PP Luis Fernando Cartagena (1987-1997) que fueron el origen del famoso escándalo del donativo del Hospital San Juan de Dios de la década de los años 90.

Fenoll falsificó facturas a favor del alcalde Cartagena para sacarlo del embrollo y, a cambio, se le adjudicaron los contratos de recogida de basuras de toda la costa de Alicante.

Pero la falsificación se conoció, y ambos fueron condenados en 2002 por la Audiencia de Alicante por falsedad en documento mercantil y falsificación de caudales públicos. El exalcalde Cartagena ingresó en prisión, ya que su condena era de 4 años de cárcel, pero Fenoll no ingresó porque era inferior a dos años.

Fenoll y su familia fueron detenidos, junto a un concejal de Albatera, un ex edil del Centro Liberal y un detective.  Salieron en libertad provisional tras el pago de 260.000 euros de fianza.