El proyecto de ley ómnibus por el que el Gobierno modifica de una tacada hasta 30 leyes vigentes que abarcan competencias de nueve departamentos ministeriales pasará este miércoles el último trámite legislativo en el Senado antes de ir directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) ya que en la Cámara alta no se ha introducido ninguna modificación al texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Es decir, el proyecto de Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficencia —nombre formal de la iniciativa del Ejecutivo que tuvo su origen en un polémico real decreto-ley aprobado el 4 de julio pasado— ha pasado por la Cámara alta de la misma manera que el sol atraviesa el cristal: sin tocarlo ni mancharlo.

Así quedó constatado en el debate celebrado en el seno de la comisión de Economía del Senado el pasado jueves cuando la mayoría absoluta del grupo parlamentario popular se opuso a admitir ninguna de las 559 en enmiendas parciales que plantearon los diversos grupos parlamentarios de la oposición: 88 de los socialistas, 85 de CiU, 221 de Entesa, 26 del PNV y 139 del grupo mixto. Previamente, el PP se opuso a los cinco vetos —enmiendas a la totalidad— planteadas por el PSOE, dos de Entresa y otros dos del Grupo Mixto.

Esa actitud es una vuelta de tuerca más de intransigencia respecto a lo ocurrido un mes antes en el Congreso de los Diputados cuando el PP, en un ejercicio de 'esfuerzo negociador', en palabras del portavoz conservador de Economía en esa Cámara, Vicente Martínez-Pujalte, admitió siete enmiendas parciales de un total de 431 presentadas por los grupos de la oposición (el 1,65%). Eso ocurrió durante el debate celebrado, mediante el trámite de urgencia, a lo largo de dos jornadas a finales de agosto en la comisión de Economía de la Cámara baja, que actuó con competencia legislativa plena, por lo que no tuvo que ir al pleno de la cámara.

En este trámite en el Senado el grupo que respalda al Gobierno ha evitado introducir modificación alguna al texto enviado por el Congreso de los Diputados. En la Cámara baja el propio grupo parlamentario popular presentó siete enmiendas al texto original del real decreto-ley remitido por el Gobierno que, lógicamente, fueron incorporadas. El texto inicial también fue modificado parcialmente mediante 21 enmiendas transaccionales, es decir, modificadas por el PP tras ser negociadas con la oposición.

El reglamento del Senado establece que tras el debate en comisión, aunque la tramitación sea por la vía de urgencia, la iniciativa legislativa debe pasar por el pleno de la Cámara baja. Esto será en el pleno que se inicia este martes. Dado que durante los debates de la comisión no se introdujo modificación alguna este texto pasará igual por el pleno. En consecuencia, al no haber ninguna variación respecto al texto remitido por el Congreso, la ley irá directamente al BOE para su publicación y entrada en vigor a finales de esta semana. Ningún ministro está previsto que intervenga para defender la iniciativa legislativa del Gobierno.

Hay que tener en cuenta que esta iniciativa legislativa está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Los grupos parlamentarios socialista, La Izquierda Plural y UPyD plantearon conjuntamente a finales de julio ante esta instancia la reclamación por entender que tanto la forma como el contenido vulneraban no pocos preceptos recogidos en la Carta Magna. Esta misma semana el Tribunal Constitucional ha comunicado que la denuncia ha sido admitida a trámite.

En esa línea, el portavoz socialista en la comisión de Economía, Jesús Alique, ha manifestado a Público que 'la tramitación de este real decreto-ley constituye un verdadero escándalo, tanto legislativo como constitucional, y por esa razón se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Pero es que, además, durante su trámite en el Senado el PP ha hecho un ejercicio de falta de respeto democrático para impedir cualquier modificación y evitar así que tenga que volver al Congreso de los Diputados'.

Para el portavoz socialista 'este presidente del Gobierno es el que más veces ha utilizado el decreto-ley para legislar en democracia y esta iniciativa es la prueba más evidente de una práctica que va en contra de la democracia parlamentaria'. Alique también considera que las cuatro horas de debate en el seno de la comisión constituyen 'una desconsideración hacia el papel del Senado como cámara de debate parlamentario'.