El Gobierno mexicano se ha hecho con el control de doce municipios del estado de Guerrero (sur) y el de México (centro) debido a los presuntos lazos entre las fuerzas de seguridad locales y el crimen organizado. En base a este despliegue de la Policía Federal, con el apoyo del Ejército, para intentar dilucidar el paradero de los 43 estudiantes que desde hace casi un mes permanecen desaparecidos, los agentes de los municipios afectados serán desarmados e investigados.

El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó de que 'se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal'. Agregó que 'los integrantes de las corporaciones de seguridad de los trece municipios serán trasladados a las sexta región de Tlaxcala para practicarles exámenes de control de confianza' y analizar su posible responsabilidad en el caso. 'Se han resguardado las armas' de los uniformados 'para revisar licencias' y 'hacer pruebas de balística', agregó.

El representante de la Procuraduría ─Fiscalía─ General de la República (PGR) informó de que existe una 'instrucción' del presidente Enrique Peña Nieto de 'trabajar permanentemente en la localización de los 43 estudiantes y la ubicación y aprehensión de todos los responsables' de lo que les haya pasado. Además, detalló que el despliegue realizado para tal fin incluye a '16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos (agentes con perros policiales), 17 helicópteros, tres aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles'.

El Gobierno ha ofrecido una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos (algo más de 86.000 millones de euros) a quienes proporcionen información 'veraz y útil' que contribuya a la localización de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un mes. La oferta de la recompensa, publicada en todos los diarios de circulación nacional, está acompañada por las fotos y nombres de cada uno de los jóvenes.

Todas estas medidas han sido tomadas tras la desaparición de 43 estudiantes de magisterio entre el 26 y el 27 de septiembre en el marco de una protesta contra la reforma educativa del Gobierno mexicano que desembocó en violentos enfrentamientos con la Policía que se saldaron con seis muertos y 25 heridos. Se sospecha que los desaparecidos han sido víctimas de la organización criminal Guerreros Unidos, a la que algunos señalan como el brazo armado de los gobiernos municipales de la zona, por lo que las autoridades mexicanas intentan identificarlos entre los restos hallados en fosas comunes.