La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Anteriormente había reclamado la misma medida para José Luis Huerta, el primer empresario que declara ante el juez implicado en la trama de corrupción desarticulada en la Operación Púnica.

Martínez ha estado más de una hora ante el juez instructor. El interventor de la Diputación de León, Jesús López, también imputado. En este momento declara Didier Maurice, director general de Cofely España, la filial de GDF Suez y hará lo propio el supuesto conseguidor Alejandro de Pedro. Huerta es administrador de la empresa Waiter Music y gestionó las ferias y fiestas de Alcalá de Henares gracias a contratos adjudicados sin publicidad por valor de 425.000 euros.

Con su decisión, la Fiscalía apunta a que también pedirá prisión incondicional sin fianza para el resto de los presuntos cabecillas de la red que aún no han declarado ante el juzgado. En concreto, Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de Presidencia y Justicia, y David Marjaliza, supuesto 'conseguidor' de la trama, al que Huerta está vinculado. El planteamiento inicial de Anticorrupción con los principales acusados es pedir contra ellos la medida cautelar más grave debido a su mayor implicación en los hechos, aunque la decisión definitiva dependerá del transcurso de la declaración judicial.

La red amañaba contratos públicos a cambio de comisiones para ediles y funcionarios que se colocaba en Suiza. Las investigaciones realizadas han permitido cerrar 'el circulo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación', según el auto dictado anoche por el juez de instrucción Eloy Velasco.

Permanecen en la prisión de Soto del Real, cercana a Madrid, cuatro de los detenidos que declararon ayer ante el juez. Son los casos del el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), a los que se les ha impuesto una fianza de 60.000 euros cada uno. El cuarto es Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto 'conseguidor' David Marjaliza, con una fianza de 25.000 euros.

Todos ellos están considerados autores de supuestos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, utilización de información confidencial y revelación de secretos.

Por su parte, el juez dejó en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Tienen diez días de plazo para ingresar sus fianzas.

Las indagaciones realizadas, según el juez Velasco, han permitido descubrir 'una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos' en beneficio de los integrantes de la trama. Los contratos se plegaban a los intereses de los investigados, hasta el punto de que se crearon facturas falsas y se falsearon informes técnicos.