Tras la estafa de las preferentes y subordinadas que sufrió casi un millón de españoles, proliferan los letrados que se ofrecen como especialistas en la materia y que, en ocasiones, garantizan una sentencia favorable. Más allá de los profesionales y expertos, han surgido oportunistas sin experiencia y juristas que recurren a la omnipresencia publicitaria y mediática o que, directamente, apelan a estrategias de mercadotecnia ofensiva, cuya misión es capturar a las víctimas de los bonos basura. Además de los anuncios convencionales en prensa, radio e internet, también hay webs, blogs y cuentas de redes sociales que, bajo la apariencia de plataformas de afectados, ejercen de gancho para captar a clientes para sus bufetes. 'Quien no se presenta de forma transparente, está engañando a la gente', advierte Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, quien afirma que el fraude cometido por bancos y cajas ha supuesto 'un gran negocio para el sector de la abogacía'.

La clave está en la comisión que se embolsan los abogados si ganan el caso. 'El mercado es libre, por lo que pueden cobrar lo que quieran', puntualiza Sánchez. 'Es fundamental que los afectados tengan una información detallada de lo que le van a pagar y la posible comisión. Hay quien no cobra en principio, pero si la sentencia es favorable se lleva un gran porcentaje del dinero recuperado'.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) tampoco cuestiona cuánto se embolsan sino cómo se ofrecen: 'Se usan técnicas de márquetin agresivo en las que se ofrece el 100% de resultados exitosos. Asegurar que no cobran nada, sólo una comisión, es publicidad engañosa, porque en un pleito siempre hay unos costes, empezando por los del procurador', critica Fernando Herrero, miembro de la junta directiva de la entidad. 'Además, teniendo en cuenta que el trabajo del abogado tras llevar varios casos similares es menor, los porcentajes a veces resultan altos y, cuando alcanzan el 20%, suponen un abuso'.

¿Cuál sería entonces la tarifa justa? Eugenio Ribón, presidente de la sección de Consumo del Colegio de Abogados de Madrid, deja claro que los honorarios en España no están regulados y que los porcentajes son por tramos y decrecientes: cuanto más dinero recuperado, menor será la comisión. Así, los profesionales madrileños cobrarían aproximadamente un 25% por 4.000 euros, un 9% por 100.000 euros y un 6% a partir de 300.000 euros. 'Un 10% es justo', concluye Ribón, quien considera fundamental que no se pida ese dinero por adelantado.

Dado que el 99% de los afectados son clientes minoristas y, de estos, un 80% mayores de 75 años, según el perfil que traza Ribón, es probable que muchos reciban una humilde pensión. 'Ese jubilado tendría que pagar las tasas judiciales, que para él ya es una considerable suma de dinero (unos 400 euros), los gastos de procurador (hasta 200 euros) y los gastos de administración del abogado (hasta 200 euros)', enumera. Ochocientos euros que, si el juez da la razón al afectado y le exonera de pagar las costas procesales, el abogado cobraría del banco junto a sus honorarios, que deberían ser en torno a un 10% del dinero recuperado y que también pagaría la entidad bancaria. 'En el 95% de los procesos, el juez está obligando al banco a pagar las costas', según Ribón.

Esto, si nos atenemos a los porcentajes establecidos por el Colegio de Abogados de Madrid, porque un letrado puede pactar otra comisión con el cliente, cuya diferencia saldría de su bolsillo. 'Habrá quien cobre más, porque hay 60.000 abogados en Madrid, pero también conozco a letrados que han pagado las tasas de su bolsillo. Lo justo es que el porcentaje se ciña a los criterios orientadores de los costes procesales', añade el experto en consumo y usuarios. 'Hay que partir de la premisa de que las preferentes son un caso especial, con afectados con formación y cultura limitadas a los que se les llegó a llamar por teléfono desde las sucursales para ofrecerles otro tipo de producto, complejo y de alto riesgo, diciéndoles que era más rentable e igualmente seguro', concluye.

José es un preferentista gallego que, harto de dar la cara para reclamar su dinero, prefiere omitir su verdadero nombre. Durante un año y medio, se manifestó con otras decenas de personas a las puertas de la sucursal de una caja coruñesa reconvertida en banco. Cuando montó una plataforma junto a sus vecinos, varios abogados de la provincia se interesaron por llevarles sus casos. 'Nos pidieron el dinero de las tasas y el procurador, así como unos 1.000 euros por iniciar el proceso. Si lo ganaban, exigían entre el 5 y el 12%', recuerda. Aunque la última cifra les parecía 'un abuso', muchos no llegaron a juicio, pero tuvieron que pagar igualmente el porcentaje apalabrado. 'El banco nos ofreció el 100% del capital, menos los intereses generados por encima del 2%, para evitar los tribunales. Aceptamos y le dimos a los abogados lo pactado'.

'No nos hemos aprovechado de la gente', aclara Santiago Viciano, socio de V Abogados, a cuyo despacho se llega con una simple búsqueda en Google: abogados + preferentes. 'Cobramos una cantidad fija que depende de la inversión. Si fue de 100.000 euros, pedimos 4.500, que incluyen el IVA y los gastos del procurador. Luego cobramos un 5% de comisión si la sentencia es favorable, lo que supone otros 5.000 euros', afirma Viciano, cuyo bufete madrileño se asoció con otros de Galicia, Valencia, Canarias y Cataluña. 'Es la única forma que tenemos los medianos para hacer frente a los grandes. Llevamos más de 2.000 casos en toda España y hemos perdido sólo dos de trescientos', asegura este abogado, quien reconoce que los despachos especializados en preferentes 'han crecido como champiñones en cuanto han visto que hay negocio'. Sin embargo, opina, esa especialización 'no es la óptima' en muchos de sus colegas: 'Antes en Madrid éramos cuatro y nos conocíamos todos'.

El pez grande trata de comerse al chico en este océano de minutas, advierte Juan Moreno Yagüe, abogado de la plataforma ciudadana 15MpaRato. 'Algunos ofrecen tarifas a la baja para iniciar el juicio, aunque luego recuperan el dinero cuando se ejecuta la sentencia. Pueden aguantar más tiempo sin cobrar porque tienen más recursos', critica Moreno, quien entiende por justos los honorarios sujetos a los baremos fijados por los colegios. 'Un porcentaje del 5%, en el caso de 100.000 euros, pero cobrados al final. Pactar un 10% me parece un abuso, pero hay libertad de precios', reconoce.

Lo ejemplifica José, cuya plataforma fue contactada, a través de un agente local, por un despacho catalán 'que nació con las preferentes'. La única condición para llevar sus casos era pagar 500 euros. 'Decían que no te cobraban, porque pensaban que iban a ganar y terminarían pasándole las costas al banco', sostiene el preferentista coruñés. 'Claro que nuestra situación era tan parecida que un expediente le valía para el resto. Una vez que tenían una demanda preparada, las demás ya estaban hechas'.

Aunque para lograr resoluciones favorables, es aconsejable tener experiencia y ser un bufete consolidado. 'Han nacido muchos en los dos últimos años porque realmente hay negocio: nadie es una hermanita de la caridad', apunta Luis Suárez Jordana, director de publicaciones de Ausbanc, recientemente expulsada del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. 'Los que se anuncian en medios de comunicación son un ejemplo del bufete low cost americano, que al final no resultan de bajo coste. Si tenemos en cuenta que las sentencias son favorables a los afectados, su porcentaje resulta alto y a veces se quedan con el dinero de las costas que se ve obligado a pagar el banco', añade Suárez, quien también cree que lo normal es cobrar la tarifa que establece el colegio. 'Es un modelo muy ambicioso, muy agresivo y muy americano, por eso ha crecido tanto'.

Arriaga Asociados se especializó hace tres años en temas bancarios y actualmente las preferentes ocupan el 90% de su actividad, afirma su fundador, Jesús Ruiz de Arriaga. Las cifras que maneja son ingentes: 9.000 afectados, 61 millones de euros en litigio, 1.000 fallos judiciales, 140 profesionales trabajando en el despacho y cien señalamientos a la semana. En su web presumen del 98% de éxito. 'No hemos perdido ninguna sentencia después de apelar', sostiene Ruiz de Arriaga, licenciado en Derecho 'hace tres o cuatro años', quien achaca el mérito 'a la capacidad de mi gente, muy especializada y buenísima'. El nombre de su despacho suena en radios y ha sido estampado en anuncios de prensa. Su cara pudo ser vista en populares programas de televisión, que no han dudado en entrevistar al rebautizado como el abogado de las preferentes.

'También estamos muy presentes en Facebook y Youtube', agrega, por no hablar de su privilegiado posicionamiento en Google. ¿Una campaña publicitaria agresiva? 'No, estamos haciendo un servicio público, aparte de que nos venga bien', responde Ruiz de Arriaga, cuyo porcentaje por recuperar el dinero en preferentes, más allá de las tasas judiciales y de 450 euros por gastos administrativos y del procurador, es el que fija el Colegio de Abogados de Madrid. Un 9% si ganan el juicio y el banco es condenado a pagar las costas, asegura el fundador del despacho madrileño, que antes ejercía de consultor. 'No puede ser que este Gobierno y los bancos se hayan quedado con el dinero de los ahorradores. Si ofrecemos cifras y datos, es para que la gente sepa que los jueces nos están dando la razón. Eso es hacer justicia social'. La abogada Sara Monzó, que trabaja bajo sus órdenes, añade que si ganan con costas no sólo le devuelven al cliente los 450 euros sino también las tasas judiciales. Todos sus casos han terminado así, asevera, 'debido a la mala fe que se desprende de la venta de estos productos realmente tóxicos a clientes considerados conservadores y minoristas'.

Suena el teléfono fijo en un centro de negocios (una empresa que alquila oficinas, con servicios compartidos y condiciones flexibles, también conocidos como hotel de empresas) ubicado en una zona noble de Madrid. Su número corresponde a una supuesta plataforma de afectados por preferentes, subordinadas y acciones; al menos eso dice el nombre de la web y su URL.

- Buenas tardes, ¿hablo con la plataforma de afectados?

- Bueno, es un despacho de abogados, no una plataforma.

- Pero ustedes se anuncian como una plataforma.

- A ver, si usted busca una asociación, esto no lo es.

- ¿Podría hablar con el responsable?

- Ahora mismo no hay ningún abogado, pero déjeme su teléfono y le llamaremos.

'Algunos chiringuitos se cubren bajo la apariencia de plataformas de afectados', advierte Fernando Herrero, de Adicae. 'Indudablemente, ha habido despachos que han surgido con las preferentes, con mayor y menor formación. Pero es muy difícil de controlar, tanto por las reglas de libre competencia como porque no se comete una infracción deontológica', deja claro Ribón. 'En todo caso, no se puede decir que se están aprovechando de los afectados sino que apuestan sobre seguro, pues saben que van a ganar', cree el presidente de la sección de Consumo del Colegio de Abogados de Madrid.

El teléfono de la supuesta plataforma de afectados devuelve la llamada. Al habla, uno de sus abogados.

- ¿En qué puedo atenderlo?

- He llamado a una plataforma de afectados, pero resulta que es un despacho de abogados.

- Usted ha llamado a un centro de negocios, donde hay de todo. La plataforma la constituyen afectados, abogados y procuradores.

- ¿No cree que eso es publicidad engañosa?

- ¿Por qué? No. En la web se dice claramente que la plataforma está constituida por varios despachos de abogados, por procuradores y por los propios afectados. Si lo quieres ver así, no es una asociación de afectados como tal. En la web siempre se ha dejado claro la finalidad de la plataforma.

- ¿Captar clientes?

- Lo que hacemos es optimizar gastos y coordinar.

- ¿Cree que resulta claro para un anciano estafado por las preferentes?

- Mira, en la web se dice claramente lo que es. Además, no cobramos por asociarse. Aquí lo que se ha intentado hacer es coordinar varios despachos. Están saliendo plataformas como champiñones. Me ha pasado que ha llegado gente buscando a Miguel Durán.

Resulta que el ex director general de la ONCE también se ha especializado en preferentistas. Negocio hay: quedan más de la mitad de los casos por juzgar, según el experto en Consumo del Colegio de Abogados de Madrid. Fuentes de una entidad bancaria que está recurriendo las sentencias desfavorables evitan cuantificar las querellas en su contra: 'No lo sabemos con exactitud, porque hay personas que no han ido al arbitraje ni a juicio'. Las que fueron y lo ganaron, señalan, recuperaron todo el dinero menos los intereses superiores a un depósito. 'Ahora muchos jueces tratan de acelerar las demandas y dejar vistos los casos en la audiencia previa', concluye Ribón. 'Pero los bancos saben que les beneficia dilatarlos y recurrirlos, porque hay ancianos que se están muriendo'.