El 9 de mayo de 2006 todo cambió para más de 460.000 familias, algo más del 1% de los españoles. El colchón con el que contaban para afrontar su futuro, en muchas ocasiones sus únicos ahorros, había desaparecido. Miles de contratos de inversión se convirtieron en papel mojado en manos de sus propietarios.

La intervención judicial en las sedes de dos empresas de bienes tangibles, Fórum Filatélico y Afinsa, descubría un escándalo que corrió como la pólvora por toda España. Cuanto más avanzaba la noticia y sus consecuencias, más ahorradores se daban cuenta de que nunca recuperarían su dinero.

Los sellos en los que habían invertido estaban sobrevalorados y servían para ocultar lo que en realidad era un producto financiero que ofrecía a sus clientes unas rentas inasumibles por la empresa. Con el tiempo, sólo el pago de intereses se comía todas las nuevas inversiones. No existían activos para respaldar las deudas a largo plazo y el agujero aumentaba día a día.

Hace dos años la bomba estalló. En una sola mañana, las dos empresas pasaron de ser una oportunidad estrella de inversión y acumular premios en sus vitrinas a desvelar la que era la base de su negocio: la mayor estafa piramidal descubierta jamás en España. Los sellos no eran más que la excusa. Las investigaciones posteriores descubrieron un agujero que se había tragado más de 4.600 millones de euros y hundido en la ruina a cerca de medio millón de familias.

Poco después, al dúo filatélico se unía Arte y Naturaleza. El sistema era idéntico, esta vez mediante la venta, principalmente, de serigrafías. Tenía 15.000 clientes.

Hoy, dos años después, los afectados siguen varios caminos para tratar de recuperar sus inversiones. Están en marcha tres procesos judiciales en cada una de las empresas. Poco después de estallar el escándalo se abrieron las vías penal y concursal. Durante esta semana, consumida ya la prórroga que solicitó el Gobierno para estudiar las reclamaciones, se profundizará también en la vía contencioso administrativa. Los tres caminos prometen ser largos y poco productivos (ver recuadro).

Acuerdo político

De hecho, la mayoría de las asociaciones señalan como única solución factible para los afectados que se logre un acuerdo político.
Ya en octubre, durante la negociación de la Ley de Bienes Tangibles, PNV, BNG y EA propusieron la creación de un fondo de garantía retroactivo que compensara parte de las pérdidas. La idea, auspiciada por Adicae, una de las asociaciones que agrupa a más afectados, apostaba por cubrir sólo las pequeñas inversiones. Con 20.000 euros de límite, más del 70% de los inversores recuperarían sus ahorros. El inconveniente: supondría para el bolsillo de todos los españoles unos 900 millones de euros. Desde el Gobierno ya se había anunciado que no se cubrirían las inversiones fallidas de particulares.

Apenas había nacido, la propuesta murió en el Senado. Una enmienda transaccional socialista se la comió. Apostaba por mejorar las líneas de créditos sin interés concedidas a los daminificados y presentar un informe sobre la situación de ambos procesos. A finales del pasado año, sólo 22.000 afectados, menos del 5%, había solicitado los préstamos estatales.

Movilizaciones

Los afectados, sin embargo, no cejan en su empeño. Conscientes de que el acuerdo político es la vía más probable para recuperar parte de su dinero, hoy volverán a movilizarse. Además de los contactos que mantiene con políticos de todos los grupos, Adicae sacará a la calle mesas informativas que apoyen su idea de un fondo de garantía.

La federación de Afectados Filatélicos volverá a concentrarse frente las sedes de Afinsa y Fórum. Por la tarde entregará en el Ministerio de Economía una carta dirigida al titular, Pedro Solbes.

Su opinión, sin embargo, es de sobra conocida: el Estado no pagará deudas generadas por un contrato privado. Por mucho que sea una estafa.