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Unos 10.000 "camisas rojas" protestan contra el primer ministro de Tailandia

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Unos 10.000 manifestantes conocidos como los "camisas rojas" protestaron hoy en la capital de Tailandia contra el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, y exigieron que sea juzgado por crímenes contra la humanidad en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

La plataforma antigubernamental, dirigida por el Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura, quiere que Vejjajiva sea juzgado por las protestas del año pasado en las que murieron 92 personas tras la intervención del Ejército.

Tailandia no reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya, pero los "camisas rojas" alegan que el primer ministro también tiene la nacionalidad británica y, por tanto, sí puede ser procesado.

Vejjajiva nació en Inglaterra porque sus padres trabajaban allí como profesores y, tras estudiar en los prestigiosos centros de Eton y Oxford, volvió a Tailandia.

Tras concentrarse en el centro comercial de Bangkok, los "camisas rojas" se dirigieron a la sede del Tribunal Supremo, donde leyeron varias cartas de sus líderes detenidos tras las manifestaciones entre marzo y mayo de 2010.

Las protestas, que perseguían la caída del Gobierno, finalizaron tras la carga de los soldados contra los campamentos de los "camisas rojas" en el centro comercial de la capital y la declaración del toque de queda durante diez días.

Murieron 92 personas, incluidos una docena de policías y soldados, y más de 1.800 resultaron heridas desde la primera batalla campal entre soldados y manifestantes el 10 de abril.

La Policía detuvo a 17 líderes de los "camisas rojas", quienes se enfrentan a los cargos de terrorismo y violar el estado de excepción.

La crisis tailandesa se remonta al golpe de Estado en 2006 contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, lo que motivó la creación de la plataforma de los "camisas rojas".

Shinawatra, un coronel de la Policía que amasó una gran fortuna en el sector de las telecomunicaciones, vive en el exilio y en 2008 fue condenado en rebeldía a dos años de prisión por corrupción.