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22 Uigures serán ejecutados por los conflictos étnicos en China

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Los tribunales chinos condenaron hoy a muerte a cinco uigures más por los disturbios étnicos de julio entre esta etnia y la china, en los que murieron 197 personas, por lo que son ya 22 los uigures condenados a la pena capital por este conflicto.

Entre hoy y ayer 22 uigures fueron juzgados en Urumqi, capital de la región occidental china de Xinjiang, con distintos cargos en relación a los conflictos del 5 de julio de 2009, según informó la portavoz del gobierno regional, Hou Hanmin.

Del total de 22 condenados a muerte desde que se iniciaron los juicios por las revueltas -que dejaron además 1.600 heridos-, nueve de los sentenciados han sido ya ejecutados.

Uno de los condenados hoy a la pena capital es un joven uigur de 19 años llamado Mehmet Maheti.

En el mismo juicio celebrado hoy, otros cinco uigures fueron condenados también a la pena de muerte, pero con posibilidad de conmuta a cadena perpetua si muestran buen comportamiento, según la portavoz.

Los disturbios se originaron con una manifestación de la minoría uigur (una etnia turca de credo musulmán que habita la región desde hace siglos), en protesta por el linchamiento de varios miembros de su etnia en el sur de China, ya que los responsables de estos ataques no habían sido castigados.

Según fuentes oficiales, la mayoría de los 197 muertos en los disturbios eran de etnia china Han, aunque los uigures dicen que el gobierno ocultó a los muertos de su etnia a manos de las fuerzas armadas, que podrían ser cientos, según aseguran.

Las condenas de hoy han provocado ya la reacción de los grupos uigures en el exilio, como la Asociación Americana Uigur (UAA, por sus siglas en inglés), que ha calificado los juicios por los disturbios como "politizados y faltos de transparencia".

Según esta asociación, las autoridades chinas han prohibido a los periodistas locales que faciliten información detallada o elaboren sus propias investigaciones sobre los acusados o las revueltas.

"La masiva sentencia de 22 uigures, incluido el joven de 19 años, a la pena de muerte, en vísperas de Navidad y Año Nuevo, está destinada a aterrorizar a la totalidad de la población uigur durante el año próximo", señaló en un comunicado la líder exiliada en EEUU, Rebiya Kadeer.

Pekín acusó a Kadeer en julio pasado de haber orquestado las protestas en Urumqi, algo que la activista ha negado en repetidas ocasiones.

Kadeer pidió a la comunidad internacional que presione a Pekín para que se realice una investigación independiente de las detenciones y asesinatos de uigures desde la masacre del 5 de julio con el fin de que cesen las ejecuciones contra esta etnia.

Los uigures, que en 1957 representaban un 94 por ciento de la población de Xinjiang (Turkestán Oriental, en uigur), son hoy menos de la mitad de un censo de 20 millones, debido a la política de repoblación con colonos chinos impulsada por Pekín.

La etnia uigur dice sentirse discriminada, acosada y condenada al exterminio por los chinos, en cuyas manos están los mejores empleos, los cargos políticos y la explotación de los numerosos recursos naturales de una región que prosperó con la Ruta de la Seda.

Desde el 5 de julio, 41 personas, uigures en su mayoría, han sido enjuiciadas y sentenciadas por las protestas, con procesos que según UAA no cumplen con las leyes internacionales.

En la última semana, 20 uigures que habían pedido asilo político en Camboya fueron devueltos por el gobierno de ese país a China contraviniendo la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951, ya que el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estaba estudiando su caso para concederles el estatus que pedían.

Según la portavoz de la cancillería china, Jiang Yu, "algunos de estos deportados eran delincuentes sospechosos", en concreto de "incendio" y "fabricación ilegal de explosivos", aseguró hoy al referirse al grupo de fugados, en el que había mujeres y niños.

Estos uigures, cuyo paradero y situación se desconocen desde que fueron deportados el domingo pasado, aseguraron a la ONU que tenían pruebas de que la policía china había matado a miembros de su etnia en los disturbios de julio.