El 30,7% de los beneficiados por la prestación de 426 euros para desempleados sin cobertura ha encontrado trabajo, según datos ofrecidos por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este porcentaje supone 189.000 de los 615.771 trabajadores que se benefician de la ayuda. 

El Consejo de Ministros, que ha aprobado la prórroga de dicha ayuda puesta en marcha hace unos días, ha decidido también que Trabajo elabore un informe en el que haga un balance detallado del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), por el que se articuló esta ayuda, y también un análisis del resto de prestaciones.

Corbacho admitió que con los resultados de este estudio se decidirá si se vuelve a prorrogar o no la prestación de 426 euros, mientras que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que con las conclusiones de dicho informe 'se articularán nuevos mecanismos' para hacer más eficaz la inserción laboral.

Con la prórroga del programa, el Gobierno cumple con la propuesta de resolución que el Congreso aprobó en julio tras el debate sobre el estado de la nación, en la que se reclamaba la citada prórroga aunque se restringía los beneficiarios, ya que antes podía ser cualquier desempleado menor de 65 años.

El Ejecutivo quiere sumar a las políticas pasivas una mejora de las activas

Trabajo la ha hecho al final menos restrictiva: la resolución del Congreso pedía que sólo beneficiara a menores de 30 años, parados de larga duración y mayores de 45, pero lo aprobado hoy incluye además a los desempleados de entre 30 y 45 años que tengan cargas familiares.

Corbacho recordó que la prestación está ligada al compromiso de participar en 'itinerarios de inserción' y formación para que aumenten sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo.

Además resaltó el 'importante esfuerzo' por parte del Gobierno para tomar esta decisión 'en un momento de dificultad económica' en el que todas las partidas presupuestarias se han visto afectadas por la situación.

No obstante, el Ejecutivo entiende que este programa tenía que ser objeto de una nueva prórroga porque ha dado cumplimiento al objetivo de extender la red de protección social a personas que hayan quedado sin prestaciones.

Corbacho recordó que la intención del Ejecutivo es mejorar las políticas activas de empleo -a ello se comprometió el presidente del Gobierno en su comparecencia tras despachar con el Rey este verano- y por eso se tienen que analizar todas las prestaciones para ver cómo mejorar la reinserción de sus beneficiarios.

El futuro, insistió, no puede pasar sólo por la protección al desempleado, sino también por las políticas activas de empleo. Además defendió que se sancione o se prive de prestación a quienes la tengan pero no cumplan con la ley y rehúsen hacer cursos o aceptar ofertas de empleo.

Corbacho admite que la intención del Gobierno es avanzar hacia un sistema laboral más basado en las políticas activas de empleo y que, por tanto, penalice a los desempleados que no hagan cursos de formación o rechacen ofertas de empleo con la retirada de la prestación.

'En el caso de que no se cumplan los requisitos, es decir, que no se acepte un curso de formación, no se quiera participar en itinerarios laborales o se rechacen ofertas del Servicio Público de Empleo, podría ser, efectivamente, objeto de la retirada de la prestación', señaló el ministro.

El grupo socialista ha presentado una enmienda a la reforma laboral a su paso por el Senado que obliga a los desempleados a atender a los cursos o actividades de motivación e inserción laboral desde el primer día que cobren la prestación si no quieren ser sancionados.

Esta enmienda, que propugna la pérdida de la prestación si el desempleado rechaza estas acciones durante los tres primeros meses, no ha gustado nada a los sindicatos, que entienden que mejorar la ocupabilidad de los parados no pasa por sancionarles.