Más de 6.300 clientes de alta tensión, en su mayoría administraciones públicas, pueden quedarse sin luz en enero por no haber contratado su suministro en el mercado eléctrico y seguir acogidos a la tarifa regulada, según datos de las principales compañías eléctricas recabados por Efe.

Estos usuarios deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio que posteriormente se amplió seis meses.

Desde entonces, estos usuarios sufren recargos en su factura, que inicialmente fueron del 5 por ciento al trimestre y que desde julio de este año son del 20 por ciento sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), la única que fija el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Industria consultadas por Efe apuntaron que el Ejecutivo no tiene previsto aprobar una nueva ampliación, por lo que las comercializadoras podrán cortar la luz a estos clientes indebidamente acogidos a tarifa salvo en el caso de servicios esenciales, como pueden ser los hospitalarios, el alumbrado urbano o las instalaciones militares.

Por su parte, representantes del sector explicaron que muchos de estos puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos.

En otros casos, el problema radica en que las compañías, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, los consideran "malos pagadores" y no les ofrecen contratos por morosos.

Antes del verano, los clientes de alta tensión indebidamente acogidos a tarifa rondaban los 20.000, cifra que se ha reducido sensiblemente tras las campañas de captación individualizadas efectuadas por las eléctricas, que buscan la forma legal de poder traspasarlas a una comercializadora libre.

En su última reunión del año, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) analizó las dificultades para contratar el suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado que están enfrentando muchas entidades locales y otras administraciones públicas.

Tras el análisis, el supervisor de los mercados energéticos ha abierto un expediente informativo para analizar los casos de los que tiene conocimiento y, en su caso, formular a Industria una propuesta regulatoria que permita paliar "razonablemente" las dificultades detectadas.

El 1 de julio de 2008 desaparecieron todas las tarifas reguladas de alta tensión y en julio de este año ocurrió lo mismo con las de media y baja tensión, salvo para aquellos usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (unos 25 millones hogares y pequeños negocios), que pueden escoger entre acudir al mercado o acogerse a la TUR.

Los clientes con potencias superiores a 10 kilovatios que aún no están en el mercado libre -principalmente empresas- sufrirán recargos del 5 por ciento al trimestre sobre la tarifa hasta abril de 2010, con lo que al final del periodo sumarían un sobrecoste del 15 por ciento.

A partir de esa fecha, pagarán la TUR más un recargo del 20 por ciento y dispondrán de otros seis meses para elegir comercializadora, tras lo que, en caso contrario, les será cortado el suministro.