Segundo toque de atención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Gobierno en apenas dos meses por vulnerar el derecho a la vivienda de familias sin recursos. En esta ocasión, el TEDH ha instado al Gobierno a paralizar el derribo de la vivienda de Mohamed Raji, en la Cañada Real de Madrid, hasta que éste no le garantice un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales al afectado, a su mujer y a su hija de ocho años.

Mohamed Raji, de 47 años, vive con su mujer Bouchra Zaidi y con su hija Sara desde 2009 en la Cañada Real. Raji lleva 20 años trabajando en España. Vivía de alquiler en Vallecas pero como tantos otros fue víctima del desempleo, hasta el punto de haber trabajado apenas siete meses desde 2008. 'He cobrado todas las prestaciones por desempleo, pero no podía llegar a fin de mes ni pagar el alquiler', explica Raji. Por ello decidió comprar una vivienda en el sector 4 de la Caña Real, donde los pisos no son tan caros por razones que, a posteriori, pueden convertirse en desagradables sorpresas.

La Cañada Real Galiana son 14 kilómetros de vía pecuaria sobre la que, desde hace más de 30 años, familias españolas y migrantes se han ido asentando sin que ni el Ayuntamiento de Madrid ni las autoridades competentes pusieran inconveniente. Según el censo del propio Ayuntamiento, más de 7.500 personas residen allí. Sin embargo, en 2005, el Ayuntamiento comenzó a tramitar órdenes de demoliciones que se ejecutaron en 2007, al considerar las casas como viviendas ilegales, condenando al desalojo forzoso a más de 250 familias desde entonces.

La casa que adquirió Raji ya tenía pendiente denuncias del consistorio, algo que él desconocía. Al tiempo recibió la notificación de que su casa sería derribada por orden del juzgado. Raji había solicitado una vivienda de protección oficial desde 2006 y, al recibir la notificación de derribo, pidió un piso alegando especial necesidad. A día de hoy no ha recibido respuesta a pesar de que no cuenta con un alojamiento alternativo.

Una excavadora derriba una casa en la Cañada Real. - EFE (archivo)

Dicidió pedir ayuda al Centro de Asesoría y Recursos Sociales (CAES). Con ayuda de Javier Rubio, abogado de la familia, presentó alegaciones al dictamen del Juzgado Contencioso-Administrativo y después recurrió al Tribunal Superior de Justicia amparándose en los artículos 3 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos , por violación de derechos humanos, en este caso, el derecho a la vivienda al no contar con una alternativa habitacional. Tampoco tuvo éxito.

Ante la negativa de los tribunales españoles y 'la inexistencia de vías efectivas en el ordenamiento jurídico español para proteger estos derechos mientras se tramita un recurso', Rubio solicitó al TEDH la adopción de una medida cautelar que paralizase el derribo. El Alto Tribunal requirió al Gobierno español información sobre las alternativas de esta familia, a lo que el consistorio madrileño contestó con un escrito que se le ofrecía a la familia el alojamiento en un albergue de 7 a 15 días.

El TEDH no consideró suficiente este 'amparo' y el día 31 de enero suspendió cautelarmente el derribo, algo que el mismo tribunal había hecho hace más de un mes con una familia de Vallecas que ocupó un piso del Instituto de la Vivienda de Madridad (IVIMA).

Esta decisión es muy importante para miles de familias en peligro de perder su casa'

'Esta decisión del Tribunal de Estrasburgo es muy importante, no sólo para las familias de la Cañada Real que se encuentran en la misma situación que Mohamed, sino para miles de familias que sienten el riesgo de perder su vivienda en todo el país', explica Javier Rubio. De hecho, este precedente legal ha servido a una jueza para paralizar el desahucio de otra familia en Villaverde. Paquita Saavedra y Alberto Simón, quienes ante la falta de recursos decidieron ocupar una vivienda vacía propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Sueldo de Madrid (EMVs).

'España ha asumido deberes vinculantes sobre el derecho a la vivienda''El alojamiento alternativo ofrecido a esta familia por es de emergencia, temporal y no satisface los requerimientos del derecho internacional a una vivienda adecuada, dejando desprotegidas a las personas', explica Marta Mendiola, de Amnistía Internacional, que 'recoge con satisfacción el fallo del tribunal' y lo califica como 'un nuevo recordatorio de que España ha asumido deberes vinculantes sobre el derecho a la vivienda' al adherirse a la Convención Europea de Derechos Humanos.

Javier Rubio indica que un día antes de que se hiciera público el fallo del TEDH, el Ayuntamiento de Madrid declaraba la paralización de los derribos y desalojos en Cañada Real. 'Una y otra decisión se tomaron el mismo día', afirma, por lo que entiende que 'en algo habrá influido' la decisión de Estrasburgo y que 'aportará fuerza en las resoluciones que se adopten sobre Cañada Real, ya que los derribos anteriores constituyen violaciones de Derechos Humanos'.