Alrededor de 10.000 ciudadanos conviven en España con disforia de género. Es decir, son personas transexuales. Y los recortes en Sanidad han provocado que la atención sanitaria que recibían se haya limitado desde que hace justamente un año el Gobierno de Mariano Rajoy anunciara una segunda vuelta de recortes en la cartera de salud.

Las asociaciones de lesbianas, gays, personas transgénero y bisexuales (LGTB) denuncian que el trabajo que se realiza en las Unidades de Identidad de Género (UIG) se ha reducido significativamente en los últimos doce meses. El Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato afirma que en 2012 ingresaron y fueron tratados 3.003 pacientes.

Todo comenzó cuando el secretario de Estado por la Igualdad, José Manuel Moreno,  incluyó dentro de lo que se consideran “derroches del sistema”  los tratamientos de reasignación de sexo, comparándolos con la cirugía estética. 'Tenemos desde operaciones sexuales cubiertas por el Erario público hasta cualquier tipo de implante e incluso cirugía plástica', señaló Moreno en abril de 2012. Las organizaciones de personas transexuales argumentaron entonces que, si de media se hacen al año unas 50 operaciones, el ahorro sería de 750.000 euros, una mínima parte del porcentaje a recortar.

Pocos días después, ante las acusaciones de transfobia por parte de diversas plataformas y organismos públicos, el Gobierno se retractó  y aseguró que no eliminaría estas cirugías en la financiación pública bajo la premisa de mantener “lo que realmente se necesita y es de interés público”. Parecía que Rajoy había decidido escuchar las necesidades del colectivo transexual, pero la autonomía que tienen las comunidades para llevar a cabo los decretos del Gobierno ha generado una realidad bien distinta.

“Los tratamientos se siguen financiando pero a costa de reducir el personal de estas unidades, lo que eterniza las listas de espera”, afirma un portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) . Según esta plataforma, no se trata sólo de las operaciones de reasignación genital, sino de un tratamiento que supone entre 4 y 6 meses de evaluación psicológica seguida de un proceso de hormonación controlado para toda la vida. El paso final sería la cirugía genital si el paciente lo requiere.

La atención sanitaria a los hombres y mujeres transexuales varía en las comunidades autónomas en las que se realizan gratuitamente estos tratamientos: 

La Unidad de Transexualidad e Identidad de Género abrió sus puertas en el Hospital Carlos Haya de Málaga en 1999. Esta comunidad fue pionera en el tratamiento de los trastornos de identidad de género asistiendo de media a unos 70 pacientes por año, según datos del propio hospital.

ATA, Asociación de Transexuales de Andalucía, ha denunciado recientemente a la UTIG del Hospital Carlos Haya por tratamiento vejatorio y discriminatorio a los pacientes que acuden para que se les practique la reasignación de género. De momento, la Fiscalía de Málaga ha decidido archivar el caso.

Su presidenta, Mar Cambrollé, denuncia a Público que además de los hechos que ya presentaron en los juzgados, el proceso de valoración psicológica por el que pasan los pacientes que acuden al hospital malagueño es de casi dos años, lo que genera que muchos de ellos abandonen la UTIG y decidan tratarse por su cuenta. En el resto de España no supera los seis meses.

Cambrollé recalca también la dilación de la lista de espera: 'Una mujer cualquiera accede a una histerectomía [extracción del útero] en Andalucía en un plazo máximo de 180 días; sin embargo un hombre transexual tiene que esperar tres o cuatro años, cuando la operación es exactamente la misma'.

Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha alegado que se trata de un proceso muy complejo que requiere más o menos tiempo según el paciente. El Gobierno autonómico se defiende así de las denuncias y ha destacado que la UIG de la comunidad trabaja con protocolos asistenciales aceptados internacionalmente y que son referentes en toda España.

El Principado de Asturias tiene una unidad especial para el tratamiento de las personas transexuales en el hospital San Agustín de Avilés, pero deriva a los pacientes que quieran hacerse la cirugía genital de reasignación de género al hospital Carlos Haya de Málaga.'Al tener una lista de operaciones común, la espera se hace insoportable', declara Mané Fernández, presidente de XEGA, asociación LGTB de Asturias.

La realidad de los asturianos cuyo género físico y psicológico no concuerda, es complicada. María Jesús Lastra denunció al Servicio de Salud del Principado de Asturias porque lleva siete años esperando la operación, ya que la administración sanitaria tardó cinco en derivar su caso a Málaga.

Este periódico ha intentado sin éxito recabar la opinión del Gobierno del Principado de Asturias al respecto.

En el caso del País Vasco, Sonia Bustillo, mujer transexual y miembro de Errespetuz, asociación vasca para la integración de las personas transexuales, afirma que la UIG de esta comunidad, con sede en Bilbao, 'es otro mundo': 'El trato es bueno, desde que solicité la cirugía mamaria pasó un año pero por elección mía, que por unos motivos y otros la tuve que retrasar tres veces', explica.

'La sanidad pública aquí funciona muy bien, somos conscientes de que la realidad en el resto de España es bien distinta. Si yo hubiera querido, en seis meses me hubieran realizado la operación de reasignación genital. En concreto en nuestra UIG no sólo no se ha reducido personal como ha pasado en otros sitios de España sino que ahora tenemos una psicóloga más', afirma esta bilbaína de 46 años.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, exigió en junio del año pasado nuevos requisitos para acceder a la unidad que coordinan conjuntamente en los hospitales madrileños La Paz y el Ramón y Cajal. 'No se realizarán a quien no acredite dos años de residencia en la Comunidad de Madrid y deberán contar con un diagnóstico de trastorno', afirmó Aguirre, que durante los últimos meses de su mandato endureció la normativa de entrada a la UIG.

Tras su dimisión, Ignacio González mantuvo las siguientes condiciones: hay que ser mayor de edad, tener la tarjeta sanitaria de la capital, llevar empadronado dos años en la Comunidad y contar con un volante de atención primaria que asegura la existencia de disforia de género.

La Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid alega que la UIG de la región continúa con el mismo número de especialistas que tenía al inicio de su actividad en mayo de 2007, en contra del testimonio de los afectados y de la Federación Estatal de Lesbianas Gays, Transexuales y Bisexuales. Desde la aplicación de la Ley 4/2012, de 4 de julio de 2012, en la que se endurecieron las condiciones para acceder a esta unidad, 64 pacientes han sido atendidos en la UIG, mientras que en 2011 fueron 117, y se han realizado 27 intervenciones, según datos del ministerio.

David Vivas, presidente de la asociación El Hombre Transexual, denuncia que muchos de los miembros del colectivo que residen en Madrid recurren a la sanidad privada para que se les ponga tratamiento ya que, además de las trabas que encuentran para acceder a la UTIG, la intervención que se practica en la sanidad pública madrileña no es válida para todos los perfiles de los pacientes. 'Las mastectomías [extirpación de las mamas] que se hacen en el hospital de La Paz no valen para todos los perfiles de hombre transexual y en una clínica privada puedes pagar unos 6.000 euros', concluye. 

En Catalunya, la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic de Barcelona financia las operaciones de reasignación de género desde 2008 y la lista de espera media para operarse es de tres años. Esta unidad atiende al año a una media de 80 personas. En 2010 el hospital catalán hizo 32 operaciones de reasignación de género. Dos años después esta cifra se redujo a la mitad, según datos del Ministerio de Sanidad.

El Catsalut, Servicio Catalán de Salud, que ofrece este servicio en el hospital Clínico, confirma que en 2012 se hicieron 15 cirugías, una menos que en 2011, tal y como denuncia la asociación catalana Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexual i Bisexual (GAG).

Esta asociación LGTB también quiere recalcar que la realidad del colectivo de transexuales en Catalunya se debe principalmente a los tijeretazos de Rajoy: 'Hay mucha gente en lista de espera por los recortes y se hacen un número mínimo de operaciones. Tenemos pendiente una reunión con la Generalitat para denunciar esto, porque aunque se sigan haciendo las terapias de hormonación, la operación final se eterniza', afirman.

La Consejería de Sanidad de Catalunya ha confirmado a Público que pese a los posibles recortes, por ahora se mantendrá esta prestación sanitaria.