El juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de Madrid ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización de seis hospitales públicos madrileños emprendido por el Gobierno regional, según una resolución a la que ha tenido acceso Público. 

En el auto, el juez señala que la paralización se prolongará hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento aunque recuerda que cabe recurso de apelación contra su decisión.

La decisión del juez responde a una petición de Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y que ha sido apoyada por la Fiscalía.  El magistrado argumenta que el cambio de modelo sanitario que supone la propuesta de la Comunidad madrileña es de tal envergadura y afecta a tal cantidad de profesionales y población que de estimarse en el futuro la demanda de AFEM y anularse el proceso tendría unas consecuencias irreparables.

El proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid pretende 'externalizar' la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. 

Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), han confirmado a Público la medida adoptada por el tribunal. Según el auto del juez, el proceso de privatización vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos madrileños por discriminación ya que, según fuentes de AFEM, 'una población iba a ser atendida de una manera y otra población de otra'.

No es la primera vez que la justicia  suspende cautelarmente el proceso privatizador de la Sanidad Pública madrileña . En el mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreció, como solicitó el Partido Socialista de Madrid, que existían medidas de 'especial urgencia' para paralizarlo. Sin embargo,  pese a que se tomaron medidas cautelares, finalmente se levantó la suspensión por el mismo tribunal, tras conocer las alegaciones de la Comunidad madrileña.

La causa que dio origen a la denuncia presentada por los socialistas era la reducción de las garantías que las empresas que optaban a la privatización de los centros tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Esa garantía, del 5% del valor del contrato, fue modificada por la Consejería de Sanidad a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes como una corrección de errores. 

Aunque el titular de Sanidad presumió de poder seguir adelante con la 'externalización' de hospitales tras el rechazo del TSJM al recurso de los socialistas, el mismo tribunal le recordó que faltaban por resolver las peticiones de Afem y Amyts.

Sin embargo, pese a que el Tribunal levantó el 10 de julio las medidas cautelares que paralizaban el proceso de adjudicación de hospitales a las futuras empresas gestoras, los recursos instados por Afem y Amyts seguían en curso.  Por tanto, La Justicia avisó a Lasquetty que si llegase a firmar los contratos con las empresas adjudicatarias y el TSJM sentenciase después en contra de la privatización, todo el proceso anterior quedaría anulado.

Este auto del Tribunal anunciaba que 'al no haberse pronunciado aún la Sala' los actos que lleve a cabo la Comunidad en su avance por la 'externalización' de seis hospitales de la región 'pueden verse afectados en caso de acordarse medidas cautelares'.