La Comisión Europea ha propuesto este miércoles fijar un objetivo obligatorio de recorte de emisiones de CO2 para la UE del 40% en 2030 (respecto a los niveles de 1990) con el fin de mantener el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Bruselas pide además una cuota obligatoria de renovables del 27% para la UE, pero sin metas individuales para cada Estados miembros, y prescinde del objetivo de eficiencia energética en 2030.

Con este paquete de medidas sobre energía y cambio climático, el Ejecutivo comunitario pretende dar seguimiento al triple objetivo obligatorio que la UE se fijó para 2020: un 20% de recorte de emisiones, un 20% de cuota de renovables y un 20% de ahorro energético.

Sin embargo, la fuerte crisis económica que ha vivido la UE en los últimos años ha dejado en segundo plano la lucha contra el cambio climático y ha hecho que aumente la presión para relajar las metas de reducción de emisiones y de renovables, en particular de la industria, que alega que está perdiendo competitividad respecto a empresas de otras áreas del mundo con legislación medioambiental menos estricta.

Estas presiones han surtido efecto a la hora de relajar el objetivo de renovables y prescindir del de eficiencia energética. Pero por lo que se refiere a la reducción de emisiones, finalmente se ha impuesto la meta del 40% que defendía la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, frente al 35% por el que apostaban los responsables de Industria, Antonio Tajani, y Energía, Günther Verheugen.

La patronal europea, BusinessEurope, ya ha dicho que un recorte del 40% sería excesivo porque el resto de socios internacionales de la UE no están haciendo esfuerzos comparables. En contraste, las organizaciones ecologistas creen que el objetivo del 40% no es suficientemente ambicioso para frenar el calentamiento global.

La crisis económica de la UE  ha dejado en segundo plano la lucha contra el cambio climático y ha hecho que aumente la presión para relajar las metasEstas medidas se producen en plenas negociaciones con Estados Unidos para establecer un tratado de libre comercio en el que se regularán, entre otras cosas, las propuestas energéticas. Un procedimiento que beneficiará los comercios transatlánticos y que 'establecerá un marco más favorable para las empresas gasísticas americanas', según denuncian Ecologistas en Acción en una carta firmada junto a otras 200 asociaciones.

En cuanto a las renovables, finalmente sí habrá una cuota jurídicamente vinculante para el conjunto de la UE del 27%, algo que hace unos días parecía descartado. Sin embargo, Bruselas renuncia a fijar metas individuales para cada Estado miembro, como ocurre en la actualidad, alegando la necesidad de respetar las importantes diferencias en la cesta energética de cada país.

Los Estados miembros deberán elaborar planes de acción obligatorios, en los que expliquen qué pretenden hacer en materia de renovables. El Ejecutivo comunitario evaluará si los planes son suficientes para alcanzar el objetivo europeo y, en caso contrario, podría pedir medidas adicionales o incluso legislar.

El objetivo que sí desaparece por completo para 2030 es el de eficiencia energética. Bruselas lo justifica por la necesidad de estudiar la cuestión más en profundidad en la revisión de la directiva sobre eficiencia energética, que debe concluir a finales de este año. Sólo entonces se planteará si es necesario modificar la legislación. La Eurocámara había reclamado una cuota obligatoria de ahorro energético del 40%.

Los nuevos objetivos deberán ser refrendados por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 en la cumbre que celebrarán a finales de marzo.

Además de los nuevos objetivos en materia de energía y cambio climático, Bruselas ha propuesto este miércoles una propuesta para reformar el mercado de emisiones de CO2 creando una reserva de estabilidad. En concreto, la Comisión plantea que en momentos de crisis económica puedan retirarse del mercado permisos de CO2 para evitar un exceso de oferta y que los precios se desplomen.

Estos permisos pasarían a la reserva de estabilidad, en la que se incluirían ya los 900 millones de toneladas cuya subasta se ha aplazado hasta 2019-2020, y volverían al mercado cuando la economía vaya bien y aumente el consumo energético.

La Comisión Europea ha renunciado a legislar sobre la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica (fracking), tal y como reclamaban la Eurocámara y los ecologistas, y se ha limitado a aprobar hoy una serie de recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros para que estudien el impacto medioambiental de estas iniciativas y mejoren la transparencia para los ciudadanos.

Bruselas justifica la falta de legislación porque se le pidió actuar de forma urgente y las recomendaciones pueden aplicarse de forma más rápida. Se imponen así las tesis de los países más favorables al gas no convencional, como Reino Unido o Polonia, que rechazaban la intervención de la UE.

A diferencia de Estados Unidos, donde la 'revolución' del fracking ha reducido considerablemente su dependencia energética, en Europa todavía no hay producción comercial de gas pizarra. Un total de 10 Estados miembros han concedido licencias de prospección o exploración en los últimos tres años, entre ellos España, pero estos trabajos sólo se han iniciado en Dinamarca, Alemania, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido, según los datos de Bruselas.

'El gas pizarra está dando esperanzas en algunas partes de Europa, pero también es motivo de preocupación entre la opinión pública', ha dicho el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik. 'La Comisión está respondiendo a los llamamientos para actuar con principios mínimos que los Estados miembros están invitados a seguir para abordar las preocupaciones en materia de medio ambiente y salud y dar a los operadores e inversores la predictibilidad que necesitan', se ha justificado.

En particular, la recomendación de Bruselas invita en primer lugar a los Estados miembros a planificar con antelación y evaluar posibles efectos acumulativos antes de conceder licencias, así como a a examinar cuidadosamente los impactos y riesgos medioambientales. Deberán garantizar además que la integridad del pozo de extracción se ajusta a las mejores prácticas.

El Ejecutivo comunitario recomienda además a los Gobiernos verificar la calidad del suelo, el aire y el agua del lugar antes de que empiecen las operaciones, con el objetivo de controlar cualquier cambio y poder hacer frente a los riesgos que se planteen. También plantea controlar las emisiones, incluyendo las de gases de efecto invernadero, capturando los gases.

Por lo que se refiere a la transparencia, los Gobiernos deberán informar a la opinión pública sobre las sustancias químicas utilizadas en cada pozo de extracción. Finalmente, deberán controlar que los operadores apliquen las mejores prácticas durante todo el proyecto.

Los Estados miembros deberán aplicar los principios sugeridos por la Comisión en un plazo de seis meses y, a partir de diciembre de 2014, informar cada año a Bruselas sobre las medidas que han puesto en marcha. El Ejecutivo comunitario controlará la aplicación de las recomendaciones con un marcador público que comparará la actuación de los diferentes países. En un plazo de 18 meses revisará si este enfoque es suficiente o se requiere legislación.