Las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos sostienen que la circular emitida en 2012 por el Ministerio del Interior para frenar los controles policiales de identidad basados en perfiles raciales no ha erradicado esta práctica, aún vigente en muchas grandes ciudades españolas, por las que se selecciona a personas en función de su apariencia física para pedirles la documentación en el marco de controles de Extranjería.

Así lo ha explicado en declaraciones a Nerea García, una de las activistas de esta organización dedicada a documentar y denunciar lo que llaman 'redadas racistas'.

Las Brigadas Vecinales consideran estas identificaciones 'discriminatorias' porque 'segregan a la gente por su apariencia', generando la 'humillación' de quienes tienen los papeles en regla, el 'miedo' de los que son inmigrantes en situación administrativa irregular y la 'alarma' en la población local, que acaba relacionando diversidad racial con delincuencia.

'El objetivo de los dispositivos formalmente es un control de extranjería, pero entendemos que es un ataque contra los principios de igualdad y libertad de circulación en el espacio público que genera una segregación de las personas y provoca un círculo de violencia y de miedo (...) y que además contradice el orden constitucional y los tratados internacionales', explica García.

Aunque el Gobierno socialista y conservador han negado que se estuvieran produciendo este tipo de redadas en España, el departamento que dirige actualmente Jorge Fernández Díaz emitió una circular en 2012.

En ella, subrayaba que los agentes policiales debían evitar 'actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos'. No obstante, este precepto no era vinculante.

Meses después de aprobarse la instrucción, el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto obtuvo por escrito una respuesta del Gobierno que, a su juicio, probaba la ineficacia de aquella medida: desde el 20 de mayo de 2012 hasta enero de 2013 habían sido identificadas 27.107 personas en España, el 53,5% de origen extranjero.

'Se mantienen los dispositivos policiales después de la circular, sin duda', dice la activista de Brigadas Vecinales. 'Emiten una instrucción cuya parte más importante es la de no segregar a la población y resulta que no es obligatorio dejar de hacerlo. Lo venden como un avance en derechos humanos, pero en la práctica no te da garantías. Lo único que ha cambiado es que han aumentado los dispositivos realizados por policías de paisano; se invisibiliza', plantea García.

En uno de estos controles recibió el alto un joven en Catalunya a mediados del año pasado. Tenía el permiso de residencia de larga duración en vigor y se sintió agraviado: cuenta que el policía dijo que le paraba porque era negro. Ha presentado una reclamación formal ante el Ministerio del Interior esta semana, la primera que se registra por este motivo desde 1992, cuando la española Rosalind Williams hizo lo mismo.

Su caso agotó la vía judicial en España y llegó hasta la ONU, cuyo Comité de Derechos Humanos determinó que 'las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país', contradiciendo al Tribunal Constitucional, que no había dado la razón a Williams.

Este joven, que prefiere permanecer en el anonimato, ha cursado su reclamación con apoyo, entre otros, de Open Society Justice Initiative, cuya representante en España, Cristina de la Serna, asegura que si Interior no responde para resarcir al afectado, llevarán el caso hasta la Audiencia Nacional en busca de 'una sentencia ejemplarizante que ponga fin de una vez a estas prácticas'. Si no lo consiguen, seguirán avanzando, 'aunque cueste 20 años', como le costó a Rosalind.

La organización presentó un informe en octubre del año pasado según el cual esta 'discriminación racial y étnica' se concentra en determinados colectivos, principalmente gitanos y magrebíes, pero también latinos y africanos de piel negra. Las personas gitanas son identificadas diez veces más que las caucásicas europeas; los magrebíes, 7,5 veces más y los afro latinoamericanos, 6,5 veces, conforme recogía el estudio, elaborado por Metroscopia.

De la Serna afirma que España está 'en un momento crucial para poder eliminar estas prácticas' y es la elaboración de la Ley de Seguridad Ciudadana, 'una oportunidad para introducir prohibiciones claras del uso del perfil étnico o la posibilidad de que se recojan los datos étnicos de las personas identificadas para reconocer o no si se están produciendo'. Es la misma recomendación que hizo la Defensora del Pueblo en 2012, pidiendo 'mecanismos de control a posteriori'.

En la Policía Local de Fuenlabrada las cautelas son a priori. En 2008 introdujeron, entre otras medidas, unos formularios de identificación policial que los agentes cumplimentan y entregan a los afectados y que recoge explicaciones sobre el porqué del control, sus derechos y deberes al respecto y los cauces para reclamar. El responsable del cuerpo, José Francisco Cano, explica que consiguieron reducir de 8.000 a 4.000 la cifra anual de identificaciones y alcanzar un 30% de eficacia (la policía británica, que es referencia, tiene un índice del 10%).

'Nuestra experiencia dice que en la medida que se establecen controles por parte de la dirección de la policía y se introducen procedimientos simples, como la mera existencia del formulario, los policías que están en la calle se imponen un autocontrol a la hora de decidir cuándo deben hacerlo y por qué. Esto hace que se reduzca de manera tan importante la cifra de identificaciones y que aumente la eficacia de las que se realizan', explica el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada.

Para él, el Estado debe atajar cuanto antes las identificaciones de este tipo, porque generan 'ciudadanos de segunda', personas que estando integradas en el país, ven cómo 'se les recuerda constantemente que son distintos a los demás ciudadanos'. De la Serna cree que puede desembocar 'en una clara fractura social' como la de países vecinos, porque la llamada segunda generación de inmigrantes es 'una masa crítica joven' cada vez mayor 'que tiene plena conciencia de sus derechos' y que está siendo agraviada por el color de su piel.

Las Brigadas Vecinales esperan que un juzgado madrileño emita la sentencia del juicio celebrado ayer después de que la organización en defensa de los ciudados en situación administrativa irregular presentase un recurso contra la sanción a una participante por documentar una 'redada racista' en la Plaza de Oporto en febrero de 2011. Entonces, la Delegación de Gobierno sancionó a varias participantes de colectivo que observaban cómo la policía realizaba identificaciones en función de perfiles raciales. Las Brigadas Vecinales, que consideran que de esta manera se está 'criminalizando y hostigando al colectivo', advierten en un comunicado de que esos controles siguen criterios 'racistas, xenófobos y clasistas', por lo que continuarán con su trabajo de visibilización, documentación y denuncia.