La Junta de Andalucía impulsará en el Parlamento autonómico y en el Congreso una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil que permita a los jueces suspender los alzamientos de vivienda por razones 'humanitarias' en casos de dependencia o a las víctimas de violencia de género.

Así lo ha avanzado hoy la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha respaldado sendas propuestas del Laboratorio de Estudios Jurídicos sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba que, junto a esta reforma legal, sostiene que la Ley de Función Social de la Vivienda de Andalucía, paralizada por un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, es 'plenamente' constitucional.

Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho y promotor del Laboratorio, ha declarado que este proyecto es un ejemplo del compromiso de los jóvenes con la realidad de su tiempo.

Una de las propuestas plantea la reforma del artículo 704 de la ley de Enjuiciamiento Civil para permitir a los jueces suspender los desalojos judiciales de vivienda por razones humanitarias. Estos casos se referirían a especiales situaciones como discapacidad, dependencia, a las víctimas de violencia de género, menores o personas mayores.

La otra propuesta -ha precisado el profesor- plantea que la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía, conocida como la ley antidesahucios, es 'plenamente' constitucional, conclusión a la que ha llegado el Laboratorio después de analizar legislaciones autonómicas, española y de otros países.

'El Gobierno se basa en argumentos económicos para recurrirla, pero la ley está plenamente justificada desde el punto de vista jurídico y es constitucional', ha dicho Jorge Berdeti, uno de los alumnos que ha participado en este trabajo, que ha recordado que la decisión del TC no ha sido unánime y que ha habido cuatro magistrados que han planteado votos particulares.

La consejera de Fomento ha manifestado que en el Gobierno andaluz tiene el objetivo de 'defender el derecho humano a la vivienda' y ha agregado que 'no es posible que una sociedad democrática que se asienta sobre un estado social permita que hayan aumentado los desahucios', lo que -a su juicio- demuestra el 'fracaso' de la ley que ha aprobado el Gobierno de Rajoy.