El primer curso escolar de la reforma educativa se generaliza esta semana en la mayoría de las autonomías, después de que el País Valencià fuera la primera en abrir todas las aulas el pasado día 3, mientras que Catalunya esperará hasta el lunes 15.

La ley Wert —Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)— comienza a aplicarse en primero, tercero y quinto cursos de Primaria y en el primero de los dos años de la nueva Formación Profesional Básica. Al año siguiente se completará la implantación en estos niveles y comenzará en la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Éste es el primer curso en que los alumnos de 3º de Primaria realizarán la primera de las evaluaciones a nivel nacional que establece la ley, que, en este caso, tiene como objetivo la detección precoz de las dificultades de aprendizaje en el ecuador de esta etapa.

La FP Básica, que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), será de oferta gratuita y obligatoria, de dos años de duración y se impartirán 14 titulaciones. A este ciclo se accede por recomendación del equipo docente tras finalizar 3º de ESO o, excepcionalmente, después de haber cursado 2º de ESO.

Además, la antigua asignatura Conocimiento del Medio de Primaria se desdobla ahora en Ciencias de la Naturaleza y Sociales y la clase de Religión tendrá una alternativa obligatoria de Valores Sociales y Cívicos.

El primer curso de la ley Wert arranca con la decisión casi generalizada de las comunidades autónomas de no renovar los libros de texto, el aviso de varias administraciones de 'minimizar' el impacto de la ley o el anuncio de movilizaciones y huelgas por parte de estudiantes el 22 y 23 de octubre. Otro foco de polémica es la oferta de la enseñanza del castellano como lengua vehicular en Catalunya. Este curso entra en vigor el decreto que desarrolla la disposición adicional 38º de la Lomce, sobre Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal, que establece que se pague una plaza privada a los alumnos que quieren estudiar en castellano en las comunidades con lengua cooficial y éstas no se lo garanticen.

El Ejecutivo catalán ha anunciado estos días que presentará ante el Gobierno central un requerimiento de incompetencia contra esta normativa que le obliga a pagar la escolarización en castellano y, si el Estado lo rechaza, pedirá un dictamen preceptivo al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cuyo aval es necesario para llevar el decreto ante el Tribunal Constitucional.

Nada más aprobarse la Lomce, Catalunya junto con el PSOE y otras cuatro comunidades autónomas —Andalucía, Canarias, País Vasco y Asturias— recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional. Además, los gobiernos catalán y andaluz pidieron al Supremo la suspensión cautelar de la norma este curso, un requerimiento que el Alto Tribunal rechazó a finales del mes de julio en varios fallos.

Según fuentes de las consejerías educativas de las comunidades, este lunes abren las aulas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato del País Vasco; e Infantil y Primaria de Murcia y Canarias. El martes comienzan las clases de Infantil, Primaria y ESO de Ceuta y Melilla; e Infantil y Primaria de Madrid y La Rioja. El miércoles, las de Infantil y Primaria de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia. El jueves vuelven los de Infantil y Primaria de Asturias y Cantabria y, por último, el viernes los de Balears y Extremadura. Los alumnos catalanes de todos los niveles se incorporarán el 15, mientras que los de ESO y Bachillerato de la mayoría de comunidades se irán incorporando poco a poco. Los últimos en volver a las clases serán los estudiantes de Bachillerato de Aragón (el día 18). Además del País Valencià, las clases también comenzaron en Navarra la semana pasada, el día 5 en Infantil y Primaria.

El número de alumnos en las aulas españolas rondará los ocho millones. El curso pasado (2013-2014) alcanzó la cifra de 8.081.972, lo que significa un aumento del 0,8 por ciento (62.616 alumnos más) respecto al anterior. El profesorado de centros de enseñanzas no universitarias se elevó hasta los 670.778, 5.444 profesores más.