El Colegio de Abogados de Madrid denunció ayer las sanciones que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) está imponiendo a letrados del turno de oficio. En concreto, a los que defienden a extranjeros por decisión propia. 'Se nos expedienta, se nos hace pagar las costas del juicio e, incluso, se nos imponen multas', declara José Ignacio Rodríguez, vocal de la Comisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía. Las quejas van dirigidas específicamente a la sección octava del TSJM: 'Aseguran que quebrantamos la buena fe procesal y piensan que recurrimos causas sin sentido'.

La razón que argumenta el TSJM es la siguiente: para que un letrado pueda representar a un extranjero tiene que haber recibido los poderes de este y alguien acreditado como un notario debe certificarlo.

Los abogados madrileños señalan que hay ocasiones en las que resulta imposible obtener ese certificado, 'por lo que queda mermado el derecho de defensa'.

'El caso más llamativo se produce en los puestos fronterizos de los aeropuertos', apunta Rodríguez. Allí, hay abogados de oficio para las personas a las que se les impide la entrada en el país por no reunir los requisitos. Sin embargo, los letrados no pueden recurrir la expulsión ante un tribunal porque no hay nadie que certifique la entrega de poderes. Por ello, la abogacía madrileña anuncia que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, del que espera que sentencie si pueden representar a los foráneos ante un juez o no.

En 2008, un total de 17.317 personas fueron retornadas a sus países al tratar de entrar por puertos o aeropuertos. Las fuerzas de seguridad entienden que eran inmigrantes que trataban de entrar de manera irregular. Sin embargo, hay países latinoamericanos, en su mayoría que han denunciado el rechazo de estudiantes, turistas y conferenciantes, entre otros. En 2008, se produjo una crisis diplomática entre España y Brasil por este motivo.

El Colegio de Abogados de Madrid reclama que la decisión del Supremo unifique los criterios de los juzgados de todo el país. En la actualidad, el derecho de un extranjero a ser representado varía en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre. Así, 'hay juzgados en Murcia y Andalucía que permiten que los abogados de oficio representen a los extranjeros tras su expulsión, mientras que los de otras comunidades, como la de Madrid, lo prohíben', critica Rodríguez.