Publicado: 20.03.2014 18:16 |Actualizado: 20.03.2014 18:16

La actual gestión de la inmigración refleja el aumento del racismo institucional en España y Europa

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La xenofobia social e institucional en España va en aumento y tiene en la gestión de la inmigración su mayor exponente, según distintos expertos de derechos humanos que coinciden en señalar, la víspera del Día Internacional contra el Racismo, que se ha endurecido el discurso público contra el diferente generando una alarma social infundada que repercute en la visión que los ciudadanos tienen de los demás.

"El aumento de la xenofobia social en España, como en Europa, es un hecho y no admite duda alguna", dice el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, según el cual, en España "hay políticas de naturaleza xenófoba", entre las que señala la restricción del acceso a la Sanidad para los inmigrantes en situación irregular y la instalación de alambradas de cuchillas en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Ibarra advierte de "la peligrosa deshumanización" de las políticas de inmigración que en España reflejan estas medidas junto a "otras actuaciones que van desde las identificaciones por perfil racial al retroceso en los derechos sanitarios" y dice que el riesgo no es sólo nacional, sino en toda Europa, donde "se está produciendo un retroceso espectacular".

 

"La cuchillas son el mayor elemento visible de la xenofobia institucional"

Para la secretaria General de CEAR, Estrella Galán, esas alambradas con cuchillas que coronan el vallado de Ceuta y Melilla "son el mayor elemento visible de la xenofobia institucional" en la actualidad, pero no el único: Se están lanzando mensajes al hilo de los saltos a las vallas fronterizas que "crean una alarma social sobre las entradas cuando las cifras no son mucho más altas que las de años anteriores".

Esto, en su opinión, "genera un caldo de cultivo para que la gente esté predispuesta a rechazar a las personas que vienen a buscar una oportunidad a España o que necesitan protección internacional" y es "una irresponsabilidad por parte de aquellos que tienen que garantizar la integración, la convivencia y que éste siga siendo un país de acogida".

La responsable de CEAR señala además otros ejemplos, como "el bloqueo de los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas, a quienes se impide pasar a la Península, limitando así su derecho a la libre circulación", y el trato que se da a quienes quieren pedir protección en Ceuta o Melilla y se ven abocados a la entrada ilegal porque no pueden pasar a formalizar su solicitud en la frontera.

"La Ley de Extranjería es la muestra más evidente del racismo institucional"  Para Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo, "la propia Ley de Extranjería es la muestra más evidente de lo que se da en llamar el racismo institucional en la medida en que es una norma que de entrada, diferencia a las personas en función de su origen", aunque indica que hay más, como la política de los servicios consulares, la limitación del acceso a la sanidad o los CIE.

Mazquiaran llama asimismo la atención sobre una política que a su juicio, expresa discriminación: en el proceso abierto por el Ministerio de Justicia para agilizar los expedientes de nacionalidad que estaban generando retrasos se han producido "denegaciones por motivos absolutamente peregrinos" y quienes recurren, encuentran un silencio por respuesta que se prolonga durante meses. Sólo en SOS Racismo han recibido más de un centenar de casos de este tipo el año pasado, "y no es más que una pequeña muestra".

Desde Andalucia Acoge, Mikel Araguás identifica la xenofobia institucional con "el hecho de señalar a personas diferentes como causantes de la crisis", lo que "marca una tendencia, señalando a los diferentes como origen de una cuestión que no han provocado". Según apunta, esto conlleva que "en la práctica, se estén marcando diferencias en el acceso a derechos, con una discriminación desde el punto de vista de las instituciones".

En esta línea, coincide con el resto de organizaciones consultadas en destacar las restricciones a la atención sanitaria para los inmigrantes en situación irregular, "que les señala y les merma en derechos" y advierte de que "en lugar de ir incorporando a las personas a un estatus de derechos se está cortando, generando asimetría y un racismo o discriminación encubierta".

"A las personas se las empieza a aplicar los mismos criterios que a las mercancías"

Para Araguás, "los CIE no llegan tanto a la opinión pública pero las concertinas y no sólo, las 80.000 personas que supuestamente están al otro lado de la valla, todo eso sí llega y va señalando, en un mismo discurso muy perverso y cortoplacista". "Estamos viviendo una dinámica en la que a las personas se las empieza a aplicar los mismos criterios que a las mercancías", señala.

Además, alerta de que "este racismo se está mostrando mucho en los discursos de las europeas y empieza a ser preocupante" porque emana "desde lo público" y cala en la sociedad. "Estamos asistiendo a posturas ya no encubiertas como hace unos años, sino abiertamente racistas, discriminatorias y excluyentes, con discursos cada vez más explícitos. Empezamos a ver que el racismo de baja intensidad muy mal visto hace cuatro o cinco años ahora empieza a tener notoriedad y la gente empieza a expresarlo en público", advierte el representante de Andalucía Acoge.