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El acuerdo entre Gobierno y agentes sociales, "muy difícil"

Se ve "difícil" el pacto y se mostraron "pesimistas", por lo que no descartan que todo termine esta madrugada

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La reunión de la reforma laboral que mantiene, desde casi las 20,00 horas de este miércoles, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT continúa y está 'muy difícil', informaron fuentes próximas a la negociación.

Las fuentes indicaron que siguen viendo 'difícil' el pacto y se mostraron 'pesimistas', por lo que no descartan que todo termine esta madrugada.

Asesores jurídicos de la patronal CEOE y de los sindicatos CCOO y UGT se han incorporado esta madrugada a la reunión. Según fuentes cercanas a la negociación, los asesores tienen un perfil técnico y son expertos jurídicos en temas laborales.

Han llegado al Ministerio en torno a las 2,30 de la mañana y, antes de entrar, el asesor y la asesora de los sindicatos han declarado a los medios que 'nos han sacado de la cama'. Las fuentes han señalado que 'va para largo'.

El ministro ha entregado en la reunión al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y a los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, un documento de propuesta, que contiene 'mucho más de seis puntos'.

Si no hay acuerdo, el Ejecutivo comenzará a debatir la reforma el lunes con los partidos políticos

La propuesta pivota en torno a la generalización del contrato de fomento del empleo, que compensa el despido con 33 días por año trabajado, ya que el Ejecutivo quiere que ese pase a ser el modelo 'estándar' en el mercado de trabajo. Este tipo de contrato, que se creó fruto de un proceso de Diálogo Social en 2006, se aplicaba hasta ahora a lo que se consideraba colectivos más desfavorecidos, como las mujeres, los parados de larga duración y los mayores de 45 años. De hecho, sólo los parados de entre 30 y 45 años que lleven menos de seis meses en el desempleo escapan a su aplicación.

Para desestimar la medida, los sindicatos habían argüido su poca utilización, ya que de los más de 4,6 millones de parados de la EPA sólo el 15% no lo podría utilizar con las antiguas condiciones, aunque no sería un motivo suficiente para acudir a la huelga general.

Lo que sí sopesarán los sindicatos como causa de huelga es la posibilidad de que la compensación del despido disciplinario en este modelo, que en la actualidad es de 45 días, se rebaje a 33. La medida es la llave para que los empresarios generalicen su uso, lo que les ahorraría el trámite judicial de despedir de forma objetiva y tener que demostrar luego por la vía judicial la procedencia del despido.

El Gobierno ha planteado subsidiar parte de la indemnización para evitar el abaratamiento del despido 

Uno de los caminos alternativos que ha planteado el Gobierno para que las empresas adopten este contrato sin recurrir al abaratamiento del despido disciplinario es subsidiar parte de la indemnización. Así, el Gobierno pretende que los contratos de fomento del empleo estén ligados a la posibilidad de que el pago de la indemnización del despido objetivo (por el que se abonan 20 días por año trabajado) se comparta con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

De este fondo, que se nutre con una cuota empresarial del 0,2%, se pagarían hasta ocho días por año trabajado al asalariado. De esta forma, el empleado no pierde sus derechos, pero al empresario le saldría más barato despedir. Este incentivo impulsaría a las empresas a adoptar este contrato y, además, a despedir por la vía objetiva y no como ahora, que el 80% de las extinciones se hacen de forma improcedente.

Otra facilidad para que los empresarios se animen a adoptar estos contratos es la de aclarar las causas del despido objetivo, especialmente las económicas, para ahorrar trámites judiciales a la empresa. Gobierno y patronal pusieron sobre la mesa un catálogo de razones para el despido por motivos económicos, una acotación a la que se han opuesto los sindicatos porque creen que hecha la ley, hecha la trampa, y que las posibilidades de fraude se multiplicarían con este sistema. Por poner un ejemplo, el Gobierno estudiaría poner en relación las pérdidas de la compañía con la cantidad de plantilla que puede reducir, pero los sindicatos temen que se manipule la contabilidad para poder cumplir determinados objetivos empresariales de reducción de plantilla.

La reforma laboral es el plato fuerte con el que el Gobierno quiere calmar el apetito de los mercados. Por eso, el Ejecutivo quiere introducir también una mayor flexibilidad en la negociación colectiva, que permita que las empresas y los trabajadores negocien de forma más individualizada los convenios. Patronal y sindicatos le han recordado que ese terreno es bilateral y que para julio esperan llegar a un pacto. 

Ayer finalizaba el plazo que había dado Corbacho a los agentes sociales para alcanzar un acuerdo para reformar el mercado de trabajo.

Aunque el Ejecutivo ha dicho en varias ocasiones que la reunión de la tarde de este miércoles era la última oportunidad para cerrar el acuerdo, fuentes parlamentarias precisaron hoy que el Gobierno estaría dispuesto a dilatar la negociación hasta el domingo si en el encuentro de hoy se alcanzara un consenso de entre el 70 y el 80% de las materias.

Al respecto, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se mostró partidario de que la negociación termine hoy, aunque precisó que, si se acuerda que siga, él 'nunca' se levantará de la mesa.

El Gobierno ha fijado el día 16 de junio para aprobarla en el Consejo de Ministros, haya o no acuerdo con los agentes sociales.

En ese caso, el Ejecutivo quiere comenzar a debatir la reforma el lunes próximo con los partidos políticos.

Corbacho confiaba esta mañana en que pudiera haber acuerdo esta noche, aunque lo veía difícil. El ministro volvió a negar que el Gobierno pretenda abaratar el despido y defendió que se amplíe el uso del contrato de fomento del empleo -que tiene una indemnización por despido improcedente de 33 días en lugar de los 45 días de los contratos fijos-.

Corbacho niega que el Gobierno pretenda abaratar el despido

Según explicó, esta medida no afectará en ningún caso a los más de 14,5 millones de trabajadores indefinidos que tienen derecho a la indemnización máxima. Sí beneficiará, añadió, a los más de ocho millones de personas que están o en paro o 'atrapados en la temporalidad con indemnizaciones por despido de ocho días'.

Preguntado si el texto final se acercará más a las posturas de la patronal o de los sindicatos, apuntó que se acercará 'a las tesis del Gobierno y, sobre todo, a lo que necesita España'.

Respecto a las negociaciones con los grupos parlamentarios si no hay acuerdo con los agentes sociales, Corbacho dijo que será el portavoz del grupo parlamentario del PSOE el encargado de hacerles llegar la propuesta del Ejecutivo.