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Acuerdos sobre Zarra y financiación pero no para luchar contra la corrupción

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Los grupos parlamentarios en Les Corts han llegado hoy a acuerdos en cuestiones como exigir una revisión del modelo de financiación autonómico o rechazar la instalación de un almacén de residuos nucleares en Zarra, pero no ha sido posible un entendimiento en las propuestas para luchar contra la corrupción.

La segunda sesión del debate de política general ha servido para debatir las 224 propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios, de las que se han aprobado las 74 presentadas por el PP y cuatro transaccionales salidas de iniciativas de la oposición, que ha presentado un total de 150 propuestas.

La sesión se ha iniciado con una invitación de la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, al portavoz socialista, Ángel Luna, para que se disculpara por haber arrojado ayer una piedra al centro del Hemiciclo para demostrar que estaba libre de la corrupción, una petición que el diputado del PSPV-PSOE ha rechazado.

La jornada ha dado lugar a acuerdos por unanimidad como el de asumir las conclusiones de la comisión de expertos sobre la financiación autonómica y considerar "imprescindible" una revisión del modelo para que se ajuste a la población y que la Comunitat Valenciana alcance al menos la media en financiación per cápita.

La diputada socialista Cristina Moreno ha defendido la necesidad de que Les Corts asuman el informe de la comisión de expertos, tanto en lo que se refiere al déficit de financiación como a la búsqueda de un consenso social y político para establecer una hoja de ruta compartida.

El diputado del PP José Marí ha aseverado que es "muy difícil pactar con quien te insulta", a lo que Moreno ha replicado que al PP le interesa "buscar una excusa" para no pactar, y finalmente el diputado del PP ha dicho que, "por una vez", y a pesar de "las formas", iba a tener el "gesto" de pactar con los socialistas.

Les Corts también han logrado un acuerdo unánime en una propuesta que rechaza la instalación en el municipio valenciano de Zarra de un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares "sin contar con la voluntad del pueblo valenciano" y que advierte de que de Les Corts "impedirán" su construcción.

El PP, que no ha respaldado las propuestas presentadas en este mismo sentido por Compromís, EU y PSPV, ha denunciado que el Gobierno central quiere dar a la Comunitat Valenciana "aquello que no quieren en ningún lugar", mientras le sigue negando aspectos como el agua o la financiación.

El acuerdo no se ha repetido en otras ámbitos como la lucha contra la corrupción, ya que el PP ha rechazado una propuesta del PSPV que planteaba rechazar "todas las formas de corrupción que deshonran la acción pública, debilitan la democracia y desprestigian" el autogobierno y reclamaba una "política de transparencia" en el Consell.

El socialista Joaquim Puig ha defendido que "mirar hacia el otro lado" cuando están "imputados por corrupción" el president de la Generalitat y los de las Diputaciones de Castellón y Alicante constituye "la peor receta" para dar confianza a la ciudadanía.

El diputado del PP César Augusto Asencio le ha replicado que los socialistas no pueden dar lecciones sobre corrupción, pues tienen "el mayor número de imputados" en España, y además son el único partido con una condena por financiación ilegal, mientras que ha defendido la "total transparencia" de la Generalitat.

Por su parte todos los grupos de la oposición han rechazado una propuesta del PP, aprobada sólo con los votos de este partido, en la que manifestaban su repulsa por la "actitud antidemocrática" de los partidos que apoyan la inclusión en sus listas electorales de "tránsfugas, como ha sucedido en el caso de Benidorm".

Los populares, por su parte, han rechazado una propuesta de resolución del PSPV para que el Gobierno valenciano cumpla antes de final de año el plan de agilización de pagos a los empresarios de obra pública, anunciado el pasado mes de febrero, y otra de Compromís para que la Generalitat "cumplan un plazo máximo para el pago de sus obligaciones de 30 días" y que en el caso de que se supere se contemplen intereses de demora.