Publicado: 23.03.2013 18:05 |Actualizado: 23.03.2013 18:05

Ada Colau: "El único acoso es el de las entidades financieras y el de las fuerzas del Estado"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca sale al paso de las acusaciones de "violencia" y "acoso" que ha dejado la resaca del escrache a González Pons y Ruíz-Gallardón. "Nuestro comportamiento es prudente

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya ha dejado de ser ese grupo de personas con camisetas verdades y señales de STOP que se encerraba en las sucursales bancarias para evitar un desahucio, negociar una dación en pago o lograr un alquiler social para familias desahuciadas por impago.

Desde que en abril de 2012 comenzase su campaña por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y el final de los desahucios, sus integrantes se han convertido en los representantes y la esperanza de cientos de miles de familias que ven cómo ninguno de los dos últimos Gobiernos ha legislado, ni seria ni efectivamente, en aras de proteger a una ciudadanía cada vez más indefensa ante los abusos de distintas entidades financieras.

Ahora, aunque estos activistas antidesahucios sigan ocupando bancos u oficinas municipales de vivienda, sus reivindicaciones están llegando a las líneas rojas que la derecha mediática marca: "la frontera del espacio privado, la familia", encabezaba un artículo el diario ABC el pasado viernes.

"Perseguiremos día y noche a los responsables de este genocidio financiero", decía Ada Colau, el rostro visible de la PAH, a las puertas del Congreso en enero, el día que se presentó la ILP junto a su correspondiente millón y medio de firmas ­-son necesarias 500.000 para que se eleve a la Cámara Baja-. Y eso es lo que están haciendo desde que se presentara formalmente la campaña de escraches Hay vidas en juego.

Como indica el sociólogo Jorge Moruno, si "el desahucio pasa de ser algo privado a convertirse en público, el escrache actúa a la inversa, traslada las decisiones públicas al ámbito de lo privado ". Y eso es lo que la PAH está haciendo, "acercar la realidad de los desahuciados a los diputados", que tienen la responsabilidad de dibujar esa misma realidad. Buscan "informar y persuadir a los diputados de los partidos que han manifestado su oposición a las medidas de mínimos de la ILP para que presionen a su partido y las incluyan", reza la web de la plataforma.

Morenés, Moragas, González Pons o Gallardón ya han sufrido el señalamiento público de la PAH

 Varios han sido los escraches que los grupos antidesahucios han llevado a cabo en diferentes ciudades. Comenzaron en un lugar tan cercano a la ciudadanía como el Hotel Ritz, donde la cúpula del PP celebraba una reunión. Después, en Barcelona, la diputada popular Ángeles Esteller también fue informada de la situación.

Le siguieron el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y Jorge Moragas, jefe del gabinete del presidente del Gobierno, hasta que el último escrache recayó en Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP. En la puerta de su domicilio en Valencia un grupo de la PAH de la ciudad le intentaba hacer llegar las razones por las que debería votar a favor de la ILP. Los activistas también se acercaron el viernes a la casa del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón.

Del mismo modo se plantaron ante un edificio en el que se alojaban múltiples diputados del Partido Popular en Madrid, entre ellos Iñaki Oyarzábal. Eran "coacciones similares a las que se han vivido en el País Vasco", criticaba el propio Pons tratando de identificar la acción con la kale borroka.

Todos son miembros del Partido Popular, que gobierna un Estado social y democrático de derecho a golpe de decreto ley refrendado por la mayoría absoluta de la que disfruta en el Congreso y después de haber ganado unas elecciones con un programa que ha incumplido desde el primer hasta el último punto.

Algunos medios hablan de "acoso salvaje al PP", otros se preguntan si esta técnica nacida en la Argentina de los años 90 para señalar a los responsables de la dictadura supone "responsabilidad penal" para quien la ejerza. Desde la PAH siempre dejaron claro que se trata de "una iniciativa pacífica" y que no son "partidarios de la violencia". De hecho, desde que comenzara esta campaña, no se ha registrado ningún incidente ni la más mínima agresión o signo de violencia.

Pero más allá de ser legal o ilegal, otras voces se preguntan por su legitimidad. Si los diputados representan a la ciudadanía que le ha respaldado con su voto, ¿es legítimo perseguirles para informarles de lo que no se está haciendo bien? Muchos de los que ponen la legitimidad sobre la mesa son los mismos que no aplican el término "legítimo" a otras cuestiones como la deuda pública, el rescate bancario a entidades que han jugado y perdido con los ahorros de sus clientes o el uso fuerzas de seguridad del Estado para desalojar viviendas propiedad de los bancos privados.

Para la PAH, no hay duda, su comportamiento es "prudente y ejemplar". "Demasiado prudente y paciente teniendo en cuenta las aberraciones que estamos viviendo cada semana", ha explicado Ada Colau, quien también asegura que el "único acoso es el de las entidades financieras y el de las fuerzas del Estado que se ponen al servicio de estas entidades".  

"El único acoso es el de las entidades financieras y el de las fuerzas del Estado que se ponen al servicio de estas entidades" El País publicaba una encuesta el pasado domingo de la que se extraía que el 89% de los encuestados estaba a favor de la campaña de escraches, de los cuales, el 87% eran votantes del PP. Sin embargo, un 67% desconocía esta campaña. A partir del escrache a Pons, este porcentaje se verá reducido. Sin embargo, según indica la PAH en su web, "el consenso para reformar la ley hipotecaria ha alcanzado cuotas del 90% entre la población según las encuestas".

"La ciudadanía nos conoce, sabe nuestra trayectoria desde hace más de cuatro años y sabe que hemos tenido un comportamiento ejemplar, mientras que las entidades financieras subcontratan a empresas privadas para acosar a las personas que están devastadas por la situación precaria que están viviendo", ha apuntado Colau durante un encuentro entre distintas plataformas antidesahucios de todo el país.

Por otro lado, Ada Colau ha defendido que no van a "tolerar la impunidad" del Gobierno después de que "toda la información esté sobre la mesa" y se haya "demostrado" que hay una "vulneración flagrante de derechos humanos que no pasa en ningún país de nuestro alrededor", en referencia al reciente fallo del Tribunal de Justicia de la UE contra la ley de desahucios española.

"El Gobierno sigue cediendo al acoso y a la presión de las entidades financieras", ha añadido. Un acoso que se manifiesta a través de elementos despojados de personalidad como "los mercados", la prima de riesgo o la rentabilidad del bono a 10 años, de los que nadie se para a preguntarse si son o no legítimos.

El 2012 será el año que pase a la historia como uno de los más azotados por la crisis económica que llevamos sufriendo desde 2008. Entre la vorágine de malas noticias que el crack inmobiliario ha disgregado por los medios de comunicación, se encuentra una cifra: 101.034. Es el número de desahucios instados por los juzgados españoles el pasado año. No hay desglose entre primeras viviendas, locales, fincas rústicas, etc., pero sí pone de manifiesto un drama social que se arrastra desde 2008 sin que ningún Gobierno haya legislado, permitiendo que 500 familias pierdan su vivienda diariamente y sigan debiendo de por vida la hipoteca de algo que ya no poseen.