Con un poco de suerte, vendiendo como chatarra su tejado y los marcos de aluminio de las ventanas de lo que hasta ahora era su casa, Justo, Ángel, sus respectivas mujeres y sus hijos podrán pagar a un mafioso que le abra la puerta de un piso vacío en algún lugar de Madrid. "Esto ha sido así desde hace dos años. El Ayuntamiento nos manda una orden de derribo y nos deja en la calle sin ningún lugar al que ir. Yo no quiero un piso-patada, mi casa es ésta", dice Teresa, su mujer.

Sobre la última casa en pie del poblado de Puerta de Hierro, en Madrid, conocida como el culto porque allí se reunía todo el poblado para celebrar sus misas, Justo, el pastor evangelista de la comunidad, va tirando y cortando las planchas de metal del tejado. "¿Qué voy a hacer? ¿Dejarlo aquí para que lo tiren a la basura? Recogemos ahora la chatarra que podemos porque mañana, cuando lleguen las máquinas y la policía no nos dejará". (Ver fotogarelía )

A primera hora de este martes, una excavadora derribaba esta vivienda rodeada de un amplio dispositivo de la Policía Municipal, que custodiaba la entrada al enclave, vacío desde hacía pocas horas. Un par de operarios con trajes blancos y mascarillas más propio de Fukushima que de Madrid, recogían uralita de entre montones de ruinas que ahí llevan apiladas más de un año. La vista era desoladora: no hay más que cascotes, restos de ropa y juguetes rotos en una inmensa explanada. Justo, Ángel, Teresa, Charo y sus hijos se habían ido antes del momento final.

Erradicar el chabolismo

Con el derribo de esta casa, donde vivían una decena de personas, dependiendo del día, se cierra el proceso comenzado en julio de 2010 por el anterior alcalde de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, y por el que ahora la nueva alcaldesa de la capital, Ana Botella, se colgará la medalla de haber erradicado un foco de chabolismo. Falso mérito, por otra parte, y por varias razones.

Puerta de Hierro no era un poblado chabolista. Nunca lo fue. Desde principios de los años 60, varias familias gitanas comenzaron a edificar pequeñas casas con bloques de hormigón. Como ha pasado con otros asentamientos de Madrid (Cañada Real o el Gallinero), el Ayuntamiento nunca se pronunció. Dejó hacer y, poco a poco, las familias fueron creciendo junto con nuevas casas provistas de agua corriente, electricidad e, incluso, registro de la propiedad, hasta formar un pequeño barrio, una comunidad donde vivían más de 300 personas y a la que llegaba el correo y el autobús escolar para alrededor de 70 niños.

"Esta tarde nos han avisado de que mañana no vendrá el autobús del colegio", relata Teresa mientras va sacando toda una vida en cajas de cartón. Con 36 años y tres hijos pequeños, esta gitana que ha nacido y vivido siempre en el poblado, ve cómo su marido va desmontando el tejado.

El plan de erradicación del chabolismo que impulsó el consistorio dejaba claro que Puerta de Hierro, situado entre la autovía A6 y un campo de golf, debía dejar sitio a otros proyectos de los que aún no se sabe nada con certeza, pero sobre los que circulan rumores relacionados con la recalificación de terrenos. Safira Cantos, coordinadora de Amnistía Internacional Madrid, ha denunciado a Público el "oscurantismo y la falta de transparencia con que el Ayuntamiento ha llevado el asunto". "Hemos solicitado información en repetidas ocasiones sin que nos den una respuesta clara ni sobre la titularidad del terreno ni sobre los planes que se tienen para este espacio. Sólo nos han puesto excusas para no facilitarnos información clara", añade.

Nunca se contempló el realojo de las familias que habían invertido su vida entera construyendo sus casas con lo que ganaban de recoger chatarra y vender ropa en los mercadillos callejeros. Apenas 10 familias pudieron trasladarse a viviendas de protección oficial tras recursos y burocracia de la que poco podían saber hasta que se hizo necesario. El Ayuntamiento tendrá ahora una familia más que incluir en su recuento anual de personas sin hogar.

Justo y Ángel, padres de las familias que viven en la casa, desmontan lo que pueden a la luz de un foco y de una hoguera alimentada con los muebles que no podrán colocar en otro hogar. Teresa y Charo cocinan unos huevos al calor de la cocina que a la mañana siguiente será escombros. Ángel, de ocho años, corretea entre las hogueras quemando cables para recoger el cobre. Son chatarreros, "pero no somos ni delincuentes ni drogadictos. Aquí nunca hemos tenido problemas con la policía hasta que empezaron a despertarnos de madrugada para tirarnos la casa", explica Charo, que prefiere no pensar en el día siguiente.

Esta noche dejarán a los niños en casa de la abuela, una de las realojadass. Pero no caben todos porque "en su casa viven otras familias que también han perdido su casa. Serán como 25 personas en 70 metros cuadrados. Nosotros dormiremos en la furgoneta", dice. Ya es de noche y la temperatura no sube de los 4  grados.

 "No sólo han acabado con el poblado sino que han roto una familia entera" dice Milagros que, aunque hace meses que su casa fue derribada, también se ha acercado a los estertores del poblado para ayudar a empacar enseres. "Es demasiado triste, pero mañana vendré a ver cómo lo dejan". Mila, como se la llama en el poblado, es la abuela de Shakira, una niña de 6 años a la que le diagnosticaron un tumor cerebral el año pasado .

Después de que Gallardón firmara la orden para echar abajo su casa, la niña, sus padres y hermanos durmieron durante meses en una furgoneta mientras recibía un tratamiento de quimioterapia. Ahora vive con su abuela, a la que los asistentes sociales han visitado y han concluido que "en  esa casa viven demasiadas personas". "Además de la casa nos han quitado la vida. Desde que empezaron a echarnos ha habido infartos, abortos, anginas de pecho y varios casos de cáncer por la uralita del tejado, que después de destrozarla, la dejaron esparcida por todos lados mientras aquí seguía viviendo gente".

Derribos ilegales

La excavadora echa abajo la última casa del poblado. - JAIRO VARGAS

"Los derribos son ilegales". Así lo ha denunciado en repetidas ocasiones Amnistía Internacional, quien asegura que "en numerosos casos se procedió a la demolición sin previo aviso, sin exhibir órdenes judiciales o sin que las personas agotaran los recursos judiciales" que habían interpuesto. "Es un caso de manual de desalojo forzoso" que "contraviene todas las normas del derecho internacional", critica esta organización.

Otras familias también han intentado acogerse al derecho de usucapión o prescripción adquisitiva (por la que adquieren la titularidad del terreno). El Ayuntamiento de Madrid reclama esos terrenos como municipales, pero en realidad, "muchas familias llevan más de 30 años viviendo ahí, por lo que pueden reclamar ese terreno como propio si se aportan pruebas. Es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo", explica David Delgado, abogado de varias familias del poblado que han recurrido a este derecho ante el consistorio.

Pero la Justicia es muy lenta. Mientras se han ido abriendo decenas de procesos por lo contencioso-administrativo y ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, las máquinas han podido reducir este particular barrio a varios montones de piedra, madera y ropa. Se ha procedido poco a poco, sin ninguna prisa y sin hacer mucho ruido. "Ahora seguiremos peleando por que se les reconozca a estas víctimas de desalojos forzosos una reparación", asegura Safira Cantos.