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Administradores judiciales de Marsans piden elevar el embargo a Díaz Ferrán

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Los administradores concursales de Marsans han pedido que se eleven hasta un valor de 430 millones los bienes que pueden ser embargados a los antiguos propietarios del grupo, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y al nuevo dueño, Posibilitumm, que han negado su responsabilidad por el agujero del grupo.

Así lo expusieron hoy ante el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, que celebró una vista para decidir si mantiene o levanta las medidas cautelares que acordó el pasado mes de noviembre ante los indicios que existían de que Díaz Ferrán, Pascual y Posibilitumm podían ser declarados culpables de la insolvencia de Marsans.

El representante de la administración concursal, el exjuez Edorta Etxarandio, defendió hoy que se ajuste al alza el embargo cautelar, fijado inicialmente en 417,4 millones, para adaptarlo al agujero patrimonial que acumulan Viajes Marsans y el resto de sociedades del grupo turístico declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) desde junio de 2010.

Etxarandio dijo que Viajes Marsans es el "paradigma" de un procedimiento que debe ser calificado como culpable, lo que puede acarrear además que los responsables de la empresa insolvente sean perseguidos penalmente por el Ministerio Fiscal.

El letrado de la administración concursal sostuvo que Díaz Ferrán y Pascual son "autores de la insolvencia" del grupo turístico, ya que actuaron con "dolo o culpa grave", lo que colocó a Marsans en una situación de "iliquidez masiva y brutal" mucho antes de que presentara el concurso de acreedores.

Los dos empresarios, que finalmente no declararon ante la juez Ana María Gallego, calificaron de "rigurosamente falso" que sus actuaciones provocaran la insolvencia del grupo turístico, que a su juicio fue causada por la decisión de la asociación de aerolíneas IATA de retirarle la licencia para vender billetes de avión.

El letrado de Díaz Ferrán, Álvaro Garrido, argumentó que "ha ido más allá de su responsabilidad" porque "ha puesto en riesgo su patrimonio para salvar a sus empresas" y, de hecho, ha sido declarado por ello en concurso de acreedores.

Según el escrito presentado ante el juzgado, Díaz Ferrán y Pascual llegaron a garantizar personalmente el pago de 292 millones de euros que debían a las entidades financieras Viajes Marsans y otras empresas del grupo, como la matriz, Teinver.

La administración concursal de Marsans también consideró que el nuevo propietario, Posibilitumm, debe contribuir con sus bienes a cubrir el agujero porque desde que compró el grupo, el 9 de junio de 2010, ha agravado la insolvencia con medidas que a su juicio sólo buscaban "expoliar" los pocos activos existentes.

Así, destacó que Marsans realizó pagos por valor de 1,15 millones de euros, en algunos casos con destino desconocido, y dio entrada a directivos afines a Posibilitumm con unos salarios de hasta 500.000 euros.

Posibilitumm, propiedad del desconocido Ángel de Cabo, argumenta que adquirió en realidad Teinver, la matriz de Marsans, y por tanto no tiene nada que ver con la gestión de la compañía estrella del grupo turístico ni con el resto de sociedades que fueron declaradas en concurso de acreedores.

"Teinver es una pura pantalla que se adquiere para conseguir el control de Marsans de forma indirecta", afirmó en cambio el letrado de la administración concursal, quien confió en que la juez "levante el velo" que cubre las relaciones entre Posibilitumm y el grupo turístico.

El embargo cautelar de bienes dictado el pasado mes de noviembre ha conseguido arañar 3,02 millones de euros de las cuentas bancarias de Posibilitumm y tan solo 1.725 euros de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que están en concurso de acreedores.

Si la juez Ana María Gallego confirma la calificación de culpabilidad que solicitará la administración concursal, los responsables del grupo no sólo deberían cubrir con sus bienes el agujero, sino que también se podrían enfrentar a penas de cárcel en por acciones en la vía penal.

La juez tiene obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier hecho que tuviera apariencia de delito con el fin de que ejercite la acción penal contra los responsables del grupo.