Las tres grandes agencias de calificación (Moody's, Standard & Poor's y Fitch) han destinado conjuntamente en el primer semestre del año 1,76 millones de dólares en tareas de lobby para influir en el Congreso de EEUU, que está debatiendo medidas más estrictas de regulación del sector, según ha puesto de manifiesto una investigación reciente de Associated Press (AP).

Mientras tratan de influir en la legislación del Congreso, las tres agencias han advertido que han puesto en revisión la calidad de los bonos públicos de EEUU. Y S&P ha decidido incluso degradarla por vez primera, lo que causó la semana pasada el hundimiento de las bolsas de todo el mundo.

Los expertos apuntan que el dato subraya el conflicto de intereses

La nota de AP añade que 'los críticos subrayan el potencial conflicto de intereses por el doble papel de las agencias de rating, que califican la deuda de EEUU mientras hacen de lobby en el Congreso'. Y cita a David Dapice, de la Universidad de Tufts(Massachusetts): 'Es obvio que el actual sistema es imperfecto y que en la base hay conflicto de intereses'.

En la macroinvestigación que impulsó tras el crash financiero, el Congreso de EEUU concluyó que las agencias de rating tuvieron un papel 'clave' en la crisis y que esta 'no hubiera sucedido sin las agencias'. Y la Ley Dodd-Frank, aprobada en 2009, trató de establecer controles y competencia en un sector tan poderoso que hasta ahora no debe rendir cuentas ante nadie y que, en la práctica, es un oligopolio de tres agencias, que suman el 94% de la cuota de mercado mundial .

Una vez aprobada la Ley Dodd-Frank, empezó la elaboración de los reglamentos de cada uno de los muchísimos aspectos que prevé, una fase que los expertos consideran más importante si cabe que la propia ley. Según AP, las tres agencias ya destinaron en 2010 a tareas de lobby para el Congreso 3,6 millones de dólares, una cifra equivalente al ritmo que llevan en 2011 y sensiblemente superior a los 2,1 millones de 2005.

Washington tiene que desarrollar las nuevas normas de control del sector

Pero, simultáneamente, las agencias siguen calificando los bonos estadounidenses y los degradan o amenazan con rebajarlos, lo que les confiere un enorme poder adicional de negociación con las autoridades. Algunos académicos, como Matt Soller, investigador del Instituto Roosevelt y exasesor en Capitol Hill, han recordado estos días como precedente el fracasado intento de algunos estados de limitar, a principios de la década de 2000, que las hipotecas entraran sin control en el engranaje de la titulización especulativa, precisamente la gasolina que acabó llevando al estallido.

En la práctica, la norma fue abortada por las agencias, cuya mayor fuente de ingresos era entonces calificar los nuevos productos derivados procedentes de las hipotecas, incluidas las subprime. Todos estos productos que resultaron ser basura obtuvieron la máxima nota, con lo que el veneno se expandió por todas las arterias del sistema financiero mundial.

Soller recuerda que Georgia fue el primer Estado que quiso poner orden al mercado de derivados de las hipotecas y aprobó la Fair Lending Act, restrictiva con el gran negocio de las calificadoras. Pero estas respondieron con degradaciones en los bonos originados en el Estado. Hasta que Georgia rectificó. 'S&P usó su poder para destruir esta amenaza', insiste Soller en el blog económico Naked capitalism (Capitalismo desnudo).

El mismo fenómeno lo han sufrido empresas privadas que dejan de contratar a las agencias, que reciben sus ingresos de los clientes cuyos bonos califican. En este caso, la vía de presión de las agencias suele ser continuar calificando gratis y sin pedir permiso a las empresas que ya no quieren el servicio y que luego difícilmente pueden superar las sucesivas rebajas de calificación que se avecinan, como ha revelado, entre otros, The Washington Post.

En Europa, donde cada vez hay más voces exigiendo un mayor control de las agencias, la UE asegura que prepara una nueva normativa e incluso hay varias iniciativas en los tribunales, la calificación de deuda tiene también el potencial de convertirse en un elemento de presión en el tira y afloja entre agencias, gobiernos y la UE.

El pasado 31 de marzo, en pleno conflicto entre las agencias y la UE por las rebajas de Grecia y Portugal, las calificadoras lanzaron un aviso a través de Reuters: 'Las agencias de calificación han advertido a la Comisión de que podrían dejar de calificar a los países más expuestos si sigue adelante con sus planes de hacerlas legalmente responsables de rebajas erróneas'. Todos los expertos coinciden en que ello abocaría a la quiebra inmediata a los países cuya deuda dejaran de calificar.