El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó remitir a la Asamblea el proyecto de Ley de autoridad del profesor que se aplicará únicamente a los docentes que trabajen en la escuela pública y concertada, dejando excluidos a los de la privada, que en su mayoría manejan sus propias normas.

Así lo anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, después de adelantar la creación del este texto en septiembre durante el Debate del Estado de la Región. Ahora será el Consejo Escolar el que tendrá que darle el visto bueno y, con posterioridad, volverá al Consejo de Gobierno que la aprobará definitivamente y la remitirá a la Asamblea para su debate.

El concepto de autoridad también se aplicará fuera de las aulas, haciéndose extensivo a transportes, actividades extraescolares y comedor.

Desde que se conoció esta medida, los colectivos educativos la vieron con buenos ojos, aunque recordaron que el concepto de autoridad ya estaba reconocido en otras normativas, por lo que reclamaron fomentar otro tipo de iniciativas para que los docentes recuperasen el papel que tenía antes en las aulas.

El anteproyecto de Ley tiene varias características, según explicó Aguirre, entre las que destacan dar presunción de veracidad a la declaración de los profesores en aquellos conflictos que tengan lugar dentro del centro educativo o en actividades extraescolares referidas al ámbito de la educación.

También ampara a los profesores de los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) y además confiere potestad al director del centro para adoptar medidas cautelares provisionales de modo que se pueda tomar medida cautelar de expulsión a alumnos o padres que hayan atacado a la autoridad del profesor o contravenidos las normas de convivencia del centro.