Aunque Paco Segura reconoce que la legislatura acabó con una buena noticia, se nota cierta frustración en sus palabras. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha aprobado su Plan Nacional para la Calidad del Aire in extremis, el pasado 4 de noviembre, casi en el tiempo de descuento. Y eso es algo que a Segura, uno de los activistas que más sabe de contaminación en España, le agrada, si bien lamenta que 'lo podían haber aprobado muchos años antes'. Sin embargo, lo que más cabrea a este portavoz de Ecologistas en Acción es que un plan destinado a reducir las 20.000 muertes que causa la polución al año en España se vaya a quedar en nada. 'Por primera vez, un documento oficial como este realiza un diagnóstico serio y acertado de la situación. Define con rotundidad la fuente del problema: el tráfico. Identificar al culpable es un gran paso, pero si no se ponen en marcha medidas para combatirlo...'

Este chasco, cuando llegue, será sólo uno más para un hombre acostumbrado al desengaño con la gestión política de la contaminación. 'No hay forma de hacer cumplir la ley a los políticos', resume. Segura presentó a principios de año una denuncia contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y su responsable de Medio Ambiente, Ana Botella, por los niveles de contaminación nocivos, pero sobre todo ilegales, que se habían registrado a lo largo de 2010 en la capital. Y eso que se trataba de datos obtenidos por estaciones que el propio Ayuntamiento de Madrid había cambiado de sitio, según explica, para mitigar la importancia de los registros. 'Pero es inútil, nunca hemos ganado una denuncia de este tipo', reconoce. Su estrategia fallida es la de culpar a las autoridades de comisión por omisión: el alcalde es responsable de la boina gris que asola la ciudad porque no hace nada por limpiarla. 'Lo malo es que, a poco que hayan comprado un autobús que no contamina, ya tienen argumento para asegurar que sí combaten la polución', lamenta. Y añade, por ubicar el problema: 'Los niveles de contaminación que tiene una ciudad como Madrid acortan la esperanza de vida de sus habitantes en dos años'.

«No hay forma de hacer cumplir las leyes ambientales a los políticos»

Y después del 20-N, ¿qué espera del nuevo Gobierno? 'A peor no podemos ir. A pesar del Plan de Calidad del Aire, esta legislatura ha supuesto perder cuatro años. Aguilar llegó con la intención declarada de reverdecer el Ministerio, después de una gestión lamentable de [Elena] Espinosa. Y algo se ha notado, en el talante, pero...'

No obstante, tampoco da palmas ante la futurible llegada de un Ejecutivo más azul que verde: 'Eso sí, la posible llegada del PP no nos da ninguna garantía y menos por lo que hemos visto en otros lugares, como en Sevilla: habíamos dado un pasito adelante y ya están dando dos para atrás', critica. El nuevo alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido (PP), está 'desmantelando' la apuesta por la movilidad sostenible que había vestido la capital andaluza con bicis y tranvías. Y no sólo el PP desanda lo andado: en Barcelona, la medida de limitar la velocidad de entrada a la ciudad rebajó un 13% la contaminación. Pero CiU llegó al poder con el objetivo de tumbar esa medida. La pregunta es, por tanto, si desde la Moncloa se puede actuar en una materia que está en manos de municipios y autonomías.

Segura desconfía del PP, pero dice que «a peor no podemos ir»

'Claro que se puede', asegura Segura. Desde su perspectiva, un Gobierno que quisiera mejorar de verdad las vías respiratorias de sus ciudadanos podría hacer muchas cosas, como perseguir a las administraciones que tengan registros de contaminación ilegales. 'Si se tomara realmente en serio el problema, no tendríamos que ser los grupos ecologistas los que denunciáramos la situación. Una denuncia de oficio de Medio Ambiente tendría mucha más capacidad de presión por ejemplo ante la Fiscalía', sugiere.

Además, considera que se podría 'amarrar mejor la legislación' para que fuera más fácil imputar a los responsables políticos que 'no están haciendo sus deberes en calidad del aire'. Para Segura, no es que no se pueda hacer más, antes al contrario, es que siempre se sigue una política 'de mínimos' en lo relativo al aire. Como ejemplo, los límites legales de contaminantes: según la normativa española, el 37% respiran aire ilegal. Sin embargo, ese límite podría ser más restrictivo, al nivel del reclamado por la OMS. Según el criterio de este organismo, el 87% de la población española respira aires nocivos.

Porque ni siquiera los que viven en el campo están libres de malos aires. En zonas rurales, alejadas de las grandes capitales, se convierten en fumadores pasivos de la contaminación ya que, por una serie de reacciones fisico-químicas, la boina gris se transforma, kilómetros más allá, en altos niveles de ozono, uno de los contaminantes más nocivos.