Nueve toneladas y media de hidrocarburo mezcladas con 391 de arena. Todo, expandido en 14 kilómetros de playas en un parque protegido.

Afortunadamente, esta vez el problema no ha tenido consecuencias más graves, pero es la enésima advertencia que recibe Doñana, tal y como denuncian ecologistas y científicos tras el vertido ya retirado tras las operaciones de descarga de un buque en una refinería de Cepsa en el entorno de Doñana, hace casi tres semanas. 'Lo importante no es la cantidad, sino el hecho de que Doñana ha pasado de ser un lugar vulnerable a sufrir ya catástrofes; las medidas de protección no funcionan', denuncia Juan Romero, de Ecologistas en Acción.

Tanto ecologistas como científicos confían en que este nuevo episodio frene proyectos como la ampliación de la refinería de Huelva o el oleoducto del Grupo Gallardo. Los técnicos de Medio Ambiente, en un informe de 2008, instaban a esta empresa a valorar los riesgos del incremento (en más de 100 al año) de los petroleros en Huelva. Según el CSIC, este aumento elevaría el riesgo de mareas negras, con consecuencias tan devastadoras como las del Prestige.

Aunque se produjo hace once años, el desastre de Aznalcóllar sigue pululando como un fantasma en la zona. 'Hemos vuelto a salir ilesos, esperemos que sea una vacuna para prevenir desastres mayores', afirma el director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Fernando Hiraldo. Según el CSIC, el impacto ha sido nulo esta vez, aunque se realizará un seguimiento a corto y largo plazo. 'Cuando avisamos con Aznalcóllar, nadie nos hizo caso. Esto ha sido otro aviso; esperemos que la Administración reflexione', advierte el portavoz de Adena, Juan José Carmona.

La Junta de Andalucía ha abierto un expediente informativo a Cepsa, que atribuyó el vertido a una fisura producida por 'un agente externo' contra la tubería que une la refinería con la boya en la que descargaba el buque. En otras palabras: un accidente ajeno a su responsabilidad. Según la ley autonómica de flora y fauna, las multas por vertidos pueden superar los 300.000 euros. 'La Junta tiene que actuar como fiscal y no como abogado defensor', añade Carmona. 'O la empresa no tiene medidas de seguridad o por esa zona no deben pasar petroleros'.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, asegura que habrá sanción si se comprueba que ha habido infracción, pero aún no hay fecha de resolución.