Angela Merkel y Nicolas Sarkozy impusieron ayer, por sorpresa y en una reunión al margen de las estructuras europeas, nuevos controles para las cuentas públicas de los países de la Unión Europea, a los que les espera la exclusión de las instituciones en caso de 'violar gravemente los principios de base' de la moneda única, según su declaración conjunta. El acuerdo entre los dos líderes imprime el rumbo de la política económica de la UE para los próximos años, ya que incluye la compensación reclamada por Merkel a cambio de participar en mayo en el rescate de Grecia: cambiar el Tratado de Lisboa. La máxima ley europea, que entró en vigor hace menos de un año tras una década de dolorosas negociaciones, será modificada antes de 2013 para privar del derecho de voto en la UE a los países que se desentiendan de sus finanzas públicas. El acuerdo franco-alemán incluye también la revisión del mecanismo de salvamento de la zona euro, juzgado por Berlín como demasiado solidario con países como Grecia, culpable de su propia crisis.

Merkel y Sarkozy aprovecharon un encuentro en Francia con el primer ministro ruso, Dimitri Medvedev, para dar carpetazo a las negociaciones sobre el endurecimiento del Pacto de Estabilidad que los 27 ministros de Economía mantenían desde hace siete meses. Ayer, en su reunión final, los ministros se conformaron con pactar el detalle de las nuevas sanciones, que se aplicarán a los países que superen un déficit del 3% del PIB y el 60% de deuda y también a los que, aún manteniéndose por debajo de las líneas rojas, las vaya a superar en el corto plazo en opinión de la Comisión Europea.

Con las nuevas normas, la Unión Europea podrá 'imponer', de manera 'preventiva' y 'progresiva', nuevas 'sanciones en forma de depósitos con interés' a los países cuya gestión de las cuentas públicas permita prever una violación del Pacto de Estabilidad. Los depósitos, que Bruselas cifra en un 0,2% del PIB, podrían convertirse en multas si el país no recorta su gasto. Para los países que ya superen los límites comunitarios, el acuerdo prevé sanciones en un plazo de seis meses sin excepción salvo que se produzca una drástica reducción del déficit.

Al cierre de esta edición, los detalles concretos no habían sido desvelados por Herman Van Rompuy, el presidente del Consejo que dirigió los trabajos de los ministros. Sin embargo, en la reunión entre Francia y Alemania Sarkozy se aseguró una de sus principales reivindicaciones: que las sanciones no se apliquen de manera automática, sino que sea necesaria una mayoría cualificada de los países de la UE, un requisito imprescindible para no restar 'protagonismo político al Consejo [la institución de los Gobiernos] en tiempos de crisis', aclaran fuentes francesas. Los criterios para aplicar sanciones por deuda excesiva, que podrían seguir el mismo patrón, quedaron anoche sin respuesta ante la división de los 27.

La vicepresidenta Elena Salgado, que abandonó a media mañana las negociaciones, dijo que España había conseguido todos sus objetivos, que el texto no incluía referencias al endeudamiento privado, no especificaba las sanciones a la pérdida de competitividad y no se comprometían los fondos estructurales. 'No hay pérdida de derechos de voto ni tampoco renuncia', aseguró además a primera hora de la mañana, horas antes de que Merkel y Sarkozy sellaran un pacto en sentido contrario que cogió por sorpresa a casi todos.

Salgado dice que se han satisfecho todas las demandas de España

El documento aprobado ayer tendrá que ser respaldado la semana que viene por una cumbre de jefes de Gobierno. El endurecimiento de las sanciones contra el déficit, obra intelectual de Alemania, se complementa con una aplicación de firma francesa, pero entre ambos países apuntalan una estrategia común que contrasta con la seguida por Barack Obama, partidario de seguir inyectando dinero en la economía antes de hacer recortes.

En opinión del economista Paul de Grauwe, antiguo candidato a la vicepresidencia del BCE, el acuerdo denota una 'obsesión ridícula' por la austeridad 'que no habría podido evitar la crisis económica contra la que la UE cree estar luchando'. De Grauwe, catedrático en la Universidad de Lovaina, cree que 'criminalizar el déficit es la consecuencia de la exacerbación de la política alemana'.