Publicado: 01.08.2014 17:15 |Actualizado: 01.08.2014 17:15

'Amnistía' para los jubilados con pensiones en el extranjero

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El Ministerio de Hacienda abrirá un periodo de seis meses, a partir de enero de 2015, para regularizar sin sanción las pensiones procedentes del extranjero, según el proyecto de ley de reforma del IRPF y del Impuesto de la Renta de No Residentes aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que incluye una disposición a tal fin.

Esta medida afecta a residentes en España que cobran una pensión procedente del exterior y puede tratarse tanto de pensionistas extranjeros residentes en España como de pensionistas españoles que han retornado al país después de haber sido emigrantes.

Como consecuencia del fortalecimiento y la eficacia de los mecanismos internacionales de intercambio de información, la administración tributaria española ha descubierto en los últimos años la existencia de contribuyentes residentes en España que percibían pensiones procedentes del exterior que no habían sido correctamente declaradas en el IRPF.

Por las características de estas personas, pensionistas de edad avanzada, que tienen mayor dificultad para conocer la legislación española por haber residido muchos años en el extranjero y que, en general, no tienen grandes fortunas, el Gobierno ha aprobado para estos colectivos un periodo extraordinario de regularización de seis meses desde enero de 2015. En dicho plazo, los contribuyentes afectados podrán presentar autoliquidaciones complementarias de los periodos impositivos no prescritos en que hayan percibido pensiones del extranjero que no hayan sido declaradas.

De esta forma, se les da, de forma extraordinaria, la oportunidad de ponerse al corriente de sus obligaciones tributarias pendientes por dichas rentas, ingresando el 100% de la cuota tributaria correspondiente, siendo así exonerados de satisfacer sanción, recargas o intereses de demora.

Se devolverá el dinero a los contribuyentes sancionados anteriormente

Asimismo, la disposición del proyecto de ley establece la condonación de las sanciones y recargos liquidados por la Administración al regularizar este tipo de pensiones. De igual forma, para que no se vean perjudicados aquellos contribuyentes que regularizaron espontáneamente debiendo abonar recargos, se condonan también dichos recargos, que serán devueltos.

Según Hacienda, esta medida facilita la integración de estos ciudadanos como cualquier otro residente en España. "Nuestro país es un lugar atractivo en el que disfrutar de la jubilación y la medida beneficia a España como destino residencial de pensionistas con cierto nivel adquisitivo que, de esta forma, van a colaborar con la recuperación económica", subraya.

Cerca de 28.000 jubilados inspeccionados

El pasado mes de mayo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó que la Agencia Tributaria había abierto 27.696 inspecciones a jubilados extranjeros residentes en España y a jubilados retornados por no declarar su pensión de un país extranjero, si bien aseguró entonces que no se les estaba tratando como defraudadores y que se estaba estudiando "caso a caso" para evitar perjuicios innecesarios sobre su patrimonio.

Según aportó Montoro, el porcentaje de inspecciones que afectan a este colectivo es muy pequeño en relación con las 800.000 actuaciones totales iniciadas por la Agencia el año pasado, y además dijo que se estaba llevando a cabo un "examen individual de cada expediente" para tener en cuenta las "circunstancias personales y familiares" de cada ciudadano, tales como la edad, los descendientes a su cargo o la existencia de algún tipo de discapacidad.

Montoro indicó, asimismo, que la intención era poder aplicar medidas de aplazamiento o fraccionamiento del pago siempre que sea posible y, así, evitar "perjudicar la situación patrimonial de los afectados". De hecho, aseguró que se estaban concediendo "aplazamientos automáticos sin necesidad de garantías" a quienes tienen una deuda inferior a los 18.000 euros y que más de 3.800 personas afectadas por autodeclaraciones extemporáneas derivadas de un requerimiento se habían beneficiado de aplazamientos por valor de 5,21 millones de euros.