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Amplia reforma de la ley de arbitraje y mediación

Caamaño argumenta que una Justicia ágil favorece la competitividad

G. L. A.

Una Justicia ágil y barata es eficaz y 'un elemento muy relevante' para mejorar la competitividad económica. Sobre la base de esta premisa, enunciada por el ministro Francisco Caamaño, el Consejo de Ministros aprobó ayer, en primera lectura, las reformas legales que reforzarán la mediación y el arbitraje para descargar de litigios a los tribunales.

A partir de la experiencia acreditada en otros países, especialmente los anglosajones, se creará la figura del 'mediador' ya existente en algunas comunidades autónomas en el ámbito de la jurisdicciones civiles y mercantiles.

Al mediador, cuya elección quedará a la elección de quienes libremente decidan someter sus desavenencias a este procedimiento, sólo se le exigirá ser licenciado o graduado universitario, asegurar su responsabilidad civil e inscribirse en un registro público. El acuerdo que se alcance en este proceso de diálogo, que no podrá extenderse más de seis meses, tendrá 'fuerza de cosa juzgada'.

Para propiciar el recurso a este procedimiento alternativo a los tribunales, será preceptiva la búsqueda del acuerdo por esa vía en las reclamaciones económicas de hasta 6.000 euros.

En cuanto al arbitraje, aunque está regulado por una ley de 2003, se ha constatado su escaso uso. Para potenciarlo, sobre todo en los conflictos de intereses empresariales, se eleva el rango del tribunal que tiene que conocer del arbitraje, que serán las salas de lo Civil y de lo Penal de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Además, sólo se precisará que entre los miembros de cada colegio de arbitraje, que suelen ser tres o más, uno sea abogado en ejercicio. A diferencia de la mediación, en este procedimiento las partes que recurren el árbitro acatan de antemano su decisión.

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