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La AN de Venezuela aprueba la polémica Ley de Educación en medio de incidentes callejeros

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La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó hoy una polémica nueva Ley de Educación en medio de incidentes de calle que incluyeron enfrentamientos entre opositores y la Policía, con una decena de periodistas heridos, en dos incidentes distintos.

A la medianoche y tras unas 10 horas de debate, la presidenta de la AN, la oficialista Cilia Flores, declaró aprobada la nueva Ley Orgánica de Educación, aunque con la abstención de la minoritaria bancada opositora, que abandonó el debate a mitad de sesión.

La nueva norma es defendida por el Gobierno como un instrumento para avanzar en la instauración del socialismo del siglo XXI, pero es rechazada por sectores opositores, académicos, estudiantiles, eclesiásticos y gremiales, entre ellos el de periodistas, por su supuesto carácter "ideologizante" y "excluyente".

La bancada opositora abandonó el debate de este jueves con los argumentos de que "no era escuchada" y para no convalidar con su "presencia la violación de todo el procedimiento" legislativo.

La oposición al presidente venezolano, Hugo Chávez, ha insistido en el que proyecto de ley sometido a segunda discusión "no es el mismo" que se aprobó en primera lectura, hace ochos años, en agosto de 2001.

El proyecto aprobado esta noche sufrió algunas correcciones durante el debate final, entre ellas la división en dos del artículo 10, referido a la prohibición de proselitismo político en las escuelas, por lo que finalmente quedó constituido por 57 artículos, según explicó la propia presidenta de la Asamblea.

El diputado del partido opositor Podemos (izquierda), Ismael García, dijo después de abandonar el debate, que impulsaría la recolección de firmas entre la población para proponer un "referendo abrogatorio" en contra de la ley aprobada, que consideró una carta blanca para que Chávez supuestamente ejerza "toda la rectoría de la educación" en el país.

Doce informadores resultaron heridos esta tarde cuando repartían volantes en una avenida del centro de Caracas en contra del artículo 50 de la nueva Ley de Educación, que, denunciaron, penalizaría el ejercicio libre del periodismo.

Los periodistas, que trabajan en tres diarios de la Cadena Capriles, fueron atacados con palos por presuntos afectos al Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, que llegaron al lugar gritando "esta calle es del pueblo" y los acusaron de "defender a la oligarquía".

El Gobierno rechazó "categóricamente" el ataque contra los periodistas en un comunicado, y precisó que la Policía científica CICPC y la Fiscalía iniciaron las investigaciones "para establecer las responsabilidades y sanciones del caso".

Previamente, antes del inicio de la sesión legislativa, se vivieron momentos de tensión en el centro caraqueño debido a la presencia, en calles paralelas, de grupos de partidarios y contrarios a la ley, que no llegaron a enfrentarse.

La marcha opositora, en su mayoría compuesta por estudiantes, intentó llegar hasta la sede de la AN, pero fue dispersada con bombas lacrimógenas y agua por la Policía, debido a que carecía de autorización.

Los gases forzaron algunas carreras, pero ni las autoridades ni los portavoces de los opositores informaron de lesionados.

Tras ese incidente, una manifestación oficialista convocada el martes pasado, se desarrolló sin incidentes y entregó en la Asamblea un documento de respaldo al proyecto de ley.

El proyecto, que esperó ocho años para su segunda discusión legislativa, es defendido por el Gobierno como un instrumento "necesario" para garantizar la "igualdad" de oportunidades y "promover el pensamiento crítico" frente al estatus dominante.

"Se están enfrentando dos manera de ver el mundo", declaró la presidenta de la Comisión de Educación, la oficialista María de Queipo, quien sostuvo que el proyecto ha sido "ampliamente discutido por todos los sectores" durante el tiempo que permaneció en espera de su aprobación.

En un comunicado este miércoles, el arzobispado de Caracas pidió al Parlamento incluir en el currículo la educación religiosa y diferir el debate hasta el próximo septiembre para ampliar la participación de las familias, dado que ahora se encuentran ocupadas en sus vacaciones anuales.