Por Carlos Ruano

Pasado el trámite de convalidación, la tramitación con rango de Ley de la Reforma Laboral en España debería modificar el régimen de los convenios colectivos que, en opinión de economistas y analistas, lastra la competitividad de las empresas.

"La reforma de la negociación colectiva es vital para España, incluso más que los cambios en la contratación ya que es un elemento de rigidez para empresarios y trabajadores y además impide adaptar la empresa a las circunstancias de mercado", explicó un analista.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya advirtió horas antes de la convalidación del decreto que el texto inicial excluía aspectos básicos . El gobernador citó expresamente la negociación colectiva, un sistema que, en ocasiones, obliga a las empresas a aplicar determinadas subidas salariales incluso en condiciones adversas.

"El sistema de negociación colectiva ha quedado fuera del ámbito de la reforma, lo que limita el alcance y la eficacia de la misma, pues la interacción de esta pieza institucional con el sistema de contratación laboral es una determinante fundamental de la capacidad de ajuste del mercado de trabajo", dijo el gobernador en una comisión en el Congreso.

Los convenios son de obligado cumplimiento. Las grandes empresas suelen tener convenios colectivos propios que dan a la empresa un cierto margen para adaptarse a las condiciones económicas y/o de mercado, aunque en caso de tensiones, el convenio sectorial tiene prioridad. En algunos casos -como el del sector del automóvil- no incluyen cláusulas salariales, lo que permite a las empresas ajustarse.

"La cuestión clave es que el convenio de empresa debería primar sobre el sectorial", explicó un economista.

Las pequeñas y medianas empresas se acogen en numerosas ocasiones a los convenios sectoriales, en los que el margen de actuación es aún más limitado en momentos en los que sea necesaria ajustar la productividad.

"A nivel de pequeñas empresas no existe hoy una herramienta para ajustarse a las condiciones, alguien desde fuera te dice cuánto tienen que subir los salarios que es, por ejemplo, lo que pasó con las pequeñas constructoras con los acuerdos anteriores al estallido de la burbuja", dijo Pablo Vázquez, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDA).

Bajo determinadas hipótesis ya estaba permitido que una empresa pueda descolgarse del convenio. El Decreto de reforma aprobado la víspera también parece abrir la puerta a nuevas condiciones, aunque algunos expertos consideran que su redacción es difusa con la intención de que el coste de esta reforma recaiga no sólo sobre el Gobierno.

"Existen cláusulas de descuelgue (de los convenios), pero a efectos prácticos es enormemente complicado acogerse a ellas", explica Vázquez. "El Real Decreto parece que establece nuevas cláusulas para salir de los convenios, pero es todo muy difuso".

"El Gobierno no quiere asumir en solitario el coste electoral de modificar los convenios y por eso la norma es difusa y deberá ser debatida en su tramitación parlamentaria", explicó un analista político.

En momentos de debilidad económica o condiciones adversas para la empresa, los acuerdos de los convenios dificultan la productividad e incluso pueden llegar a afectar a la viabilidad de las empresas y el empleo en un país con 4,5 millones de parados.

"Un aspecto clave de la reforma es la posibilidad de que las empresas que lo acuerden con sus trabajadores puedan descolgarse de los convenios colectivos en el terreno de los incrementos salariales, ya que para algunas empresas pequeñas y medianas esa puede ser la clave de su supervivencia (sobre todo si la crisis se prolonga)", explicó Juan Ignacio Crespo, analista de Thomson Reuters Proprietary Research.

En opinión del director económico de Fedea, la libertad de condiciones laborales es fundamental para ganar competitividad.

"La cuestión es que es imprescindible ganar competitividad. En el peor trimestre de la crisis (en 2009) con destrucción de 600.000 empleos, los salarios estaban subiendo", ilustró.

"Con 4,5 millones de parados solo cabe ajustar los salarios, los costes laborales más bajos son la única forma de ganar competitividad", sentenció.

Claro que la flexibilización de los convenios chocaría directamente con los intereses de sindicatos y patronal al limitar considerablemente las funciones de ambos.

"Los sindicatos y la patronal tienen intereses vitales en la negociación colectiva y ese es un escollo a salvar", explicó un analista.

Sin embargo, la reciente decisión del Gobierno de recortar los salarios de los funcionarios para atajar el déficit parece apoyar la idea de que los sistemas de negociación colectiva están a punto de cambiar.

"Es difícil que la oposición a esa medida en los más variados ámbitos pueda contrarrestar el peso de algo que ya ha puesto en práctica el propio Gobierno al rebajar los sueldos y salarios de sus funcionarios y empleados en un 5 por ciento", explicó Crespo. "Lo ha hecho sin pacto previo e, incluso, contraviniendo un acuerdo cerrado hace tan solo unos meses con los sindicatos de la Administración".

La fórmula que se elija, no obstante, debería tratar de proteger los intereses de los empleados de empresas con menos capacidad de negociar.

"Al Gobierno y al Parlamento le toca, naturalmente, encontrar el difícil equilibrio entre lo que es la posibilidad de descolgarse de un convenio y la escasa capacidad negociadora de los trabajadores en las empresas pequeñas", dijo Crespo.