Los ciudadanos andaluces tendrán voz y voto en las decisiones sobre los conflictos éticos que surjan en el ámbito sanitario. La medida, pionera en España, forma parte de la Estrategia de Bioética de Andalucía para el periodo 2011-2014, presentada ayer por la consejera de Salud, María Jesús Montero. En cada comité de ética habrá un representante ciudadano que será elegido por sorteo entre todos los usuarios de los centros sanitarios. Su participación, no obstante, será voluntaria.

El proceso ya ha comenzado y, hasta el momento, entre las personas seleccionadas, hay por ejemplo cuidadoras, policías locales, docentes y jubilados. Personas que desde la base de la empatía y sin influencia legal o sanitaria aportan, según la Consejería, “sentido común” a problemas del día a día en la sanidad.

Los asuntos más habituales que se debaten en los comités están relacionados con la práctica asistencial por conflictos ante el final de la vida o la muerte digna, la forma de tratar a un paciente menor de edad o personas de otras culturas. Los nuevos representantes ciudadanos permanecerán durante cuatro años en el puesto, como el resto de los miembros del comité, en el que participan facultativos, personal clínico y juristas. Los comités –hay 19 en Andalucía– también incluyen una línea de consulta abierta de los ciudadanos con los profesionales. La Consejería ha establecido varias áreas de referencia con 336 expertos para resolver casos conflictivos.

Tres ejes

Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en adaptar la normativa estatal a la regulación de los órganos de ética asistencial y de investigación biomédica. La estrategia, que gira en torno a tres ejes –ciudadanos, profesionales y organización sanitaria como espacio compartido de valores–, plantea los aspectos éticos como un elemento transversal y desarrolla los valores de la sociedad desde la garantía a la autonomía personal y a las creencias de cada persona.

“Viene a dar respuesta a situaciones en las que colisionan los derechos que el ciudadano entiende que le pertenecen con la labor asistencial de los profesionales, en un contexto en el que el usuario de la sanidad andaluza es corresponsable en la toma de decisiones, tiene cada vez más información y es protagonista de su proceso de salud”, afirmó ayer la consejera en Granada.

Intimidad y confidencialidad

Entre otras cuestiones, la estrategia incluye actividades referidas al proceso final de la vida –como un decreto para mejorar la accesibilidad de los profesionales y los usuarios al testamento vital– o el aborto. En este último asunto, la Consejería tiene previsto establecer un protocolo para garantizar el “adecuado tratamiento, acceso, cesión y cancelación” de los datos de las mujeres que hayan realizado una interrupción voluntaria del embarazo, tanto si se realiza en centros propios como en concertados, que son donde se practican la mayoría.

Esta misma semana, con motivo del primer año de la nueva ley del aborto en vigor, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (Acai) criticó precisamente la falta de confidencialidad en algunas comunidades como Catalunya.

La estrategia incide especialmente en la mejora de la protección de la intimidad de la ciudadanía en relación con la higiene de las personas encamadas, la realización de pruebas diagnósticas, los procedimientos de preparación prequirúrgica o la realización de las exploraciones físicas.