La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha dejado de remitir enfermos de Gaza y Cisjordania a hospitales israelíes en protesta por la reciente ofensiva en la franja, lo que ha generado temor en algunas ONG por la suerte de los pacientes.

"Es una decisión política. Estamos dispuestos a llevarlos al lugar más remoto antes de que sean tratados en el país que ha lanzado bombas y fósforo blanco durante tres semanas en Gaza", explica Mohamed Odeh, del Ministerio palestino de Sanidad.

La medida no consiste en sacar a los enfermos palestinos de los centros médicos en Israel, ni en dejar de pagar el servicio, sino en buscar alternativas en países cercanos a los avanzados tratamientos del Estado judío contra el cáncer, infecciones pulmonares o la infertilidad, entre otros.

Cada mes, unos 700 palestinos obtienen el visto bueno de un comité médico para recibir en Israel, Jordania, Egipto o en otras ciudades de su propio territorio aquellos cuidados especiales que faltan en su lugar de residencia.

El coste del programa, 129 millones de shekels (24 millones de euros o 31 millones de dólares) anuales, no es baladí para una ANP que ya tiene dificultades para pagar a sus funcionarios, según datos del Ministerio de Sanidad palestino.

El precio medio del tratamiento médico en Israel es mayor que en Jordania y Egipto, por lo que este puñetazo sobre la mesa palestino tiene también un componente económico.

Israel descuenta directamente el coste de la atención hospitalaria de la partida de tasas de aduanas e impuestos que recauda y después transfiere a la ANP, en virtud del protocolo económico del Proceso de Oslo.

La decisión no ha gustado a cuatro respetadas ONG israelíes y palestinas -Médicos por los Derechos Humanos, Betselem, Gisha y el Centro Palestino por los Derechos Humanos (CPDH)-, que acusan a la ANP de usar a los enfermos como "herramienta política".

"La explotación por objetivos políticos y económicos del sistema de salud en general y de los pacientes gravemente enfermos en particular es una grave violación de los principios de la ética médica y los derechos humanos", apuntan sin exonerar a Israel de su responsabilidades legales en tanto que potencia ocupante desde la Guerra de los Seis Días de 1967.

"Desde una perspectiva médica es arriesgado llevar a un enfermo a un centro donde no tienen su historial clínico ni conocen el caso en detalle. Eso sin contar la posibilidad de que el nivel de calidad sanitaria no sea el mismo", estima Ran Goldstein, de Médicos por los Derechos Humanos.

Más contundente se muestra Ron Pundak, director del Centro Peres para la Paz, que transfiere cada año a un millar de palestinos a Israel para recibir consulta médica o someterse a intervención quirúrgica.

"No se puede jugar con la vida de los niños", advierte.

Odeh responde a las críticas: "Las cosas se están haciendo con sentido común y quien sólo pueda tener tratamiento en Israel ahí seguirá. Simplemente no se envía nueva gente porque no tendría sentido" tras la ofensiva militar israelí "Plomo fundido" a Gaza.

Dicha ofensiva, lanzada entre finales de diciembre y principios de enero, dejó 1.434 palestinos muertos, 960 de ellos civiles, según un recuento difundido ayer por el CPDH.

Muchos palestinos perciben el asunto de la atención médica como un ejercicio de cinismo que permite a Israel apuntarse un tanto en términos de imagen sin dejar de cobrar por el servicio.

Israel lo considera, en cambio, una demostración de que da prioridad a las vidas sobre el conflicto que mantiene con sus vecinos, pese a que no estaría obligado a ello.

En el Hospital Hadassa de Jerusalén, por ejemplo, los habitantes de Gaza y Cisjordania pagan lo mismo que los israelíes, en vez de las elevadas tarifas que corresponderían a un turista.

"Llevaría una década aumentar el nivel de los hospitales palestinos para que pudieran tratar ellos mismos a estos pacientes", afirma Michael Weintraub, responsable de la sección de trasplantes de médula ósea, hematología pediátrica y oncología del centro, al diario "The Jerusalem Post".

También recalca que la complicada situación de la sanidad palestina tiene mucho que ver con las operaciones militares, redadas y restricciones de movimiento que impone Israel a su territorio.

Tampoco ayuda ahora la división interpalestina, con dos ministerios de Sanidad -uno en Gaza controlado por Hamás y otro en Cisjordania, de la ANP- y seis titulares de Sanidad en tres años, matiza un artículo en la prestigiosa revista médica británica "The Lancet".